Archive for noviembre 2018

Inclusión Laboral: Mirar las Capacidades

No cabe duda de que la Ley 21.015 de Inclusión Laboral, más conocida como Ley de Cuotas, ha revolucionado el mercado laboral. Esta norma, en su contexto general, exige a empresas privadas y a organismos del Estado con más de 100 trabajadores a tener al menos un 1% de personas con discapacidad. Lo más trascendente de esta ley es que, si bien anteriormente ya se había comenzado a contratar personas con discapacidad, ahora es más general y obliga a hacerlo también a aquellos indecisos o inseguros con poco conocimiento en la materia.

No obstante, aquellos que llevamos años trabajando en esto, con estudios pertinentes publicados en internet y de fácil acceso, lamentamos no haber podido volcar nuestra experiencia para haber hecho una mejor ley. De acuerdo a un protocolo que definimos según nuestra experiencia, son cinco los pasos que hay que dar inevitablemente para incluir y no solo para contratar.

La vida de una persona con discapacidad no es como debiera ser, porque la sociedad en su conjunto le pone barreras: el Estado, porque no ha legislado de acuerdo a los derechos de estas personas; la Sociedad Civil, pues no ha mostrado cuáles son los verdaderos problemas de ellas; y los empresarios, por prejuicios infundados.

Si miramos las necesidades de una persona con discapacidad, la primera y más evidente es superar sus dificultades a través de una rehabilitación. Luego viene su educación, para no quedar fuera de la competencia del conocimiento y habilidades. A continuación se enfrenta al enorme problema que es el acceso a la información, a la movilidad y al transporte; y una vez superadas todas estas barreras, se le presenta la discriminación en el trabajo, donde le destacan su discapacidad pero no le valoran sus capacidades.

¿Por qué se hizo una ley para ayudar a las personas con discapacidad al final de una carrera que es tremendamente difícil y que solo una minoría la logra ganar? Primero debió enfrentarse los problemas de educación y transporte –entre otros–, imprescindibles para salir airoso de ese largo trayecto.

Las empresas que han iniciado desde hace tiempo la inclusión de personas con discapacidad en sus planillas de trabajadores, ahora ven el problema de no encontrar personas capacitadas para ejercer los puestos vacantes que ofrecen a estas personas. La Red de Empresas Inclusivas que SOFOFA junto con la OIT han patrocinado desde el 2015, están detectando lo que se preveía, pues siempre lo han enfrentado como un proceso inclusivo y no solo como una contratación para cumplir con la ley.

Si se llegase a cumplir rápidamente lo que exige la ley, seguramente habremos defraudado a una gran cantidad de compatriotas –16,7% según la ENDISC del 2016–, que van a ser contratados en condiciones en que no se valorarán sus habilidades.

Lo bueno de esta ley es que ha producido un tremendo ánimo por parte de todos los involucrados para hacerlo bien, y eso es un cambio cultural trascendental.

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.

¿Productos o Commodities de Comercio Justo?

Especialmente en el mundo anglosajón, pero en general entre todos los que usan el inglés como idioma de trabajo, existe una fuerte tendencia a usar la palabra commodities también para los productos de comercio justo. Sin embargo, me pregunto: ¿Es un producto de comercio justo un commodity? Yo creo que no y que muchos siguen equivocándose.

En español usaríamos los términos “materias primas”, por ejemplo, para los sacos de granos de café o de cacao, para las cajas de bananos o los tambores de miel no fraccionada. Al fin y al cabo, son materias primas y no productos terminados. Sin embargo, el término commodity se refiere a bienes que no tienen una diferenciación de calidad en el mercado, a bienes que no podemos identificar realmente quiénes los produjeron: sufren la llamada commodification o commoditization; un proceso muy usual dentro de la industria alimenticia globalizada. Es por esta razón que el precio de los commodities solo responde a la oferta y la demanda.

En el caso de los productos de comercio justo, por el contrario, sí hacemos una diferenciación clara. Sabemos quiénes y cómo los están produciendo, y sus precios no responden solo a la oferta y demanda del mercado, sino también a los principios básicos del precio justo: cubrir los costos de producción y proporcionar una remuneración digna. Además, a esto se añade el premio social de comercio justo, para inversiones comunitarias y productivas, de acuerdo a lo que los mismos productores establecen en asamblea para el desarrollo de sus comunidades y actividades productivas.

Si no logramos hacer esta diferenciación de calidad y proveniencia, así como esta valorización a través de un precio más justo, entonces está claro que estamos vendiendo un commodity y no un producto de comercio justo.

Por esta razón, es tan importante incluir información sobre la proveniencia y los productores en los empaques de un producto de comercio justo, a diferencia de lo que hacen muchos supermercados con sus marcas propias blancas certificadas. En los supermercados, lamentablemente, los productos de comercio justo sufren cada vez más el proceso de commodification.

Hoy día, desde los actores del movimiento, se hace muy relevante poder evitar este proceso y rescatar las historias de los productores y la calidad de los productos de comercio justo.

 

*Marco Coscione colabora con el Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa de la Usach (Ciescoop).

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.

¿Qué pasa con la Diversidad y la Inclusión?

Como una paradoja para estos tiempos, en estos últimos días hemos sido testigos de una serie de episodios de discriminación que han despertado la crítica social gracias a su difusión en las redes sociales. Conocimos el caso de un publicista que fue bajado de un avión porque éste no contaba con la infraestructura necesaria para transportar su silla de ruedas, al igual que el de una abogada con discapacidad visual que recibió un mal trato en un restaurante por asistir junto a su perro lazarillo. En la misma línea, una joven mapuche cuya cédula de identidad fue denegada en Santiago por aparecer en la foto con su vestimenta tradicional.

Se hace difícil comprender que estas situaciones sucedan en un contexto en que la diversidad está presente en todas las esferas del ámbito social y cuando desde el Estado se ha fortalecido el marco jurídico para sancionar conductas contrarias al espíritu de convivencia que él mismo intenta fomentar. Tenemos leyes recientes que promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad; que sancionan la discriminación hacia grupos de la diversidad y contra el maltrato a comunidades en situación de vulnerabilidad, por decir sólo algunas. Entonces cabe cuestionarse qué nos está faltando, dónde estamos frenados y si los instrumentos públicos son o no suficientes para generar una cultura de respeto y erradicar conductas que atentan contra la sana convivencia.

En consecuencia, lo primero es saber que el respeto, la empatía y el compromiso social son todos valores que se desarrollan desde la educación y el hogar y que deben ser reforzados desde la política pública. Las leyes por si solas no serán nunca suficientes, porque es necesario trabajar desde lo humano.

Para ello hay algunos aspectos básicos y fundamentales por los que partir, como reconocer que existe la diferencia y verla sin distancia; involucrarse en entornos diversos y darse el tiempo de conocer y entender al otro. Asumir que somos reflejo de nuestras propias creencias y prejuicios y que podemos cambiarlos desde el momento en que los hacemos conscientes, dejar de lado la mirada lastimera y asistencialista, tan propia de nuestra cultura, y que no hemos podido erradicar en la implementación de los instrumentos públicos que ya mencionamos. Todo esto, que puede sonar evidente pero donde en realidad hemos avanzado muy poco, nos permitirá marcar la diferencia, ser una mejor versión de¬†nosotros mismos y abrirnos a la posibilidad de convertirnos en agentes de cambio, comenzando por nuestro propio contexto.

 

*¬†El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.

Chile-Alemania: La Urgencia de una Democracia Ciudadana

Expertos nacionales e internacionales y protagonistas de la sociedad civil chilena se reunieron durante dos días en el diálogo «Experiencias de participación ciudadana Chile-Alemania», organizado por las fundaciones Konrad-Adenauer y Base Pública. En el encuentro se conversó sobre la importancia de formar una ciudadanía empoderada, participativa y que se involucre en el fortalecimiento a la democracia.

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Radiografía a la Sociedad Civil Chilena

¿Qué son las Organizaciones de la Sociedad Civil? ¿Cuántas hay en Chile? ¿Dónde están? ¿Qué hacen y cuánto empleo generan? La siguiente infografía responde estas y otras preguntas sobre las diferentes formas de participación ciudadana y su reglamentación para fortalecer la democracia chilena.

Fuentes: Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad 2018, realizada por Fundación Trascender y Cadem; Informe Final del Estado de la Participación Ciudadana en Chile y Propuestas de reforma a la ley 20.500, Servel; Fundación Sol, Estudio Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas UC y Chile+Hoy¬†