Archive for mayo 2020

Vivir al día: La realidad de la migración en pandemia

En el contexto de la crisis actual, la población migrante (1.500.000 personas aprox.) que hace vida en Chile se ha visto afectada dada la situación del empleo, considerando además que solo el 20%  trabaja en empleos calificados, según un estudio de Clapes-UC y cifras INE.

La pandemia, sumada a la ya dificultad para obtener la visa chilena, el desempleo en aumento y la estigmatización, han hecho que migrantes se aglomeren fuera de sus respectivas embajadas con la esperanza  de volver a su país. Evidenciando a la vez la necesidad de legislar a fin de que esta población pueda tener más oportunidades y, en medio de la crisis, acceder a los beneficios sociales estatales disponibles en este período. Así lo asegura Daisy Margarit, académica del Instituto de Estudios Avanzados Usach e Investigadora Núcleo Milenio Movyt. «Las ciudadanías son ciudadanías globales y en ese sentido, los derechos de las personas no dependen de una nacionalidad”. 

En medio de la crisis sanitaria, el Gobierno solicita discusión inmediata al Proyecto de Ley de Extranjería y Migración, que busca hacer cambios en los requisitos de entrada y salida de nuestro país, y ante esta decisión, organizaciones de la sociedad civil como el Servicio Jesuita a Migrantes se han manifestado al respecto, argumentando que el foco de esta política debe estar en la flexibilización de los procesos de regularización migratoria, y hace el llamado a generar este tipo de instancias asegurando un diálogo transversal para poder llegar a acuerdos con base en un diálogo intersectorial. 

Conoce más sobre la situación de la población migrante en esta nueva Cápsula BP. 

Las organizaciones de la sociedad civil en el apoyo a la niñez

Fundación Educacional Oportunidad lleva ya 14 años potenciando el liderazgo pedagógico y directivo en educación a través de prácticas colaborativas que permiten fortalecer el aprendizaje de niños y niñas en nuestro país. Actualmente, la fundación acompaña a equipos docentes de 136 establecimientos educativos en 18 comunas a través del desarrollo de diversos programas. Desde esta experiencia queremos relevar el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en favor del bienestar de niños, niñas y adolescentes y la importancia de asegurar su sustentabilidad en los próximos años.

Actualmente hay cerca de 235.000 OSC en Chile, de acuerdo con la iniciativa Sociedad en Acción. Se trata de un conjunto diverso de instituciones que contribuyen al desarrollo social a través de la atención directa, acompañando en el desarrollo de capacidades, generando evidencia a través de la investigación o visibilizando los problemas de los sectores más postergados de la población. Muchas de ellas trabajan por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes desde distintos frentes, como salud, educación, cultura, entornos urbanos y justicia.

Parte importante del valor de las OSC es que trabajan directamente con las personas, siendo en muchos casos parte de la comunidad, lo que les permite comprender la complejidad y la heterogeneidad de las situaciones que se viven en cada territorio. En el caso de Fundación Educacional Oportunidad, los equipos educativos trabajan con la metodología de mejora continua. Esta consiste en que cada docente identifica una dificultad en su sala, diseña una estrategia y la prueba. Los aprendizajes se comparten en una red que reflexiona sistemáticamente sobre cómo mejorar los aprendizajes de niños y niñas. Así, los equipos de distintas comunas se unen bajo objetivos comunes como reducir el ausentismo crónico o potenciar las habilidades comunicativas en sus escuelas.

Estas experiencias de desarrollo local se multiplican en nuestro país a través de las OSC, que operan con el apoyo de personas comprometidas con el desarrollo integral de la niñez, a través de la gestión de recursos públicos o privados. Estas organizaciones requieren hoy atención especial.

En primer lugar, es clave que las OSC formen parte de la discusión de las políticas públicas que tengan por objetivo resguardar el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el marco de la crisis social. La visión de las OSC sobre las condiciones de vida en cada comunidad es un aporte imprescindible al momento de optimizar programas que logren tener efecto en la vida de las personas.

En segundo lugar, es esencial asegurar la continuidad operacional de las OSC durante la emergencia actual y para un futuro de mayores carencias. Por una parte, es necesario que las medidas de apoyo económico y los ajustes de recursos públicos consideren especialmente el correcto funcionamiento de las organizaciones que trabajan en primera línea con los niños, niñas y adolescentes que quedarán más desprotegidos en un entorno de mayor pobreza. Asimismo, resulta necesario facilitar los procesos de donaciones privadas para acelerar el flujo de recursos que puede canalizarse por esta vía.

El presente y el futuro de la niñez en nuestro país requiere de la voz y la acción de las organizaciones de la sociedad civil, complementando la acción pública y canalizando aportes privados. Hoy, más que nunca, es necesario mantener fuerte la capacidad de este sector para llegar donde otros no llegan.

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la Fundación Base Pública.

Las inmobiliarias sin fines de lucro impulsadas por el Consejo de Desarrollo Urbano

Las inmobiliarias sin fines de lucro son parte de las doce medidas contenidas en Propuestas Para una Agenda Social Urbana elaboradas por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), y que “vienen a complementar y reforzar a los distintos actores que actualmente intervienen en las soluciones habitacionales, para abordar el déficit que tenemos”, introduce Sergio Baeriswyl, el actual presidente del consejo.

Este tipo de alternativa al sector privado y el público producirá mayor equidad e integración social porque permite disminuir los costos de viviendas sociales entre un “20% y 40%, en particular cuando se hacen en terrenos públicos, que es la propuesta que hemos hecho” explica  Baeriswyl en el marco  del déficit habitacional de 400 mil viviendas que tenemos hoy en Chile. Lo anterior va de la mano con las construcciones integradas, es decir, dentro de lo social, con una buena localización, y con las mejores condiciones habitacionales posibles.

 

 

Baeriswyl reconoció el buen desempeño histórico que han tenido las cooperativas y corporaciones sin fines de lucro asegura  pero considera que se puede mejorar su gestión, su competitividad, y así apalancar “en pos de reducir el déficit habitacional, con viviendas integradas que articulen y generen mayor comunidad”. Esta iniciativa de gestores inmobiliarios sin fines de renta es de completa coherencia con las ideas contenidas en la Ley de Integración Social.

Así,  este modelo de edificación propone  un nuevo tipo de viviendas sociales, integradas, dentro de la densificación equilibrada, es decir, en sectores bien localizados, con buen acceso al transporte, con buenos estándares de áreas verdes, con acceso a educación, a salud, y eventualmente al trabajo. ¿Los beneficiarios?, las familias que padecen  hoy por el déficit habitacional. “Se debe trasladar   a estas personas, familias, a lugares con oportunidades, desde el punto de vista de los servicios de la ciudad” recalca Sergio, y agrega que es necesario un proceso de acompañamiento de integración sociocultural de aproximadamente cinco años.

 

 

La propuesta del CNDU no pretende afectar los actuales planes de acceso a la vivienda, impulsados, por ejemplo, por el Minvu u otros organismos que están construyendo viviendas sociales, sino que aspira aumentar la capacidad que tiene el Estado, y que se traduzca en mayor oferta y rapidez en el acceso a la vivienda.

¿Es esta articulación entre lo público, lo privado, y el tercer sector una solución a los problemas habitacionales en Chile?, todo va a ir dependiendo, por un lado, de dónde se reinviertan los recursos que se puedan ahorrar gracias a estas inmobiliarias sin fines de lucro, y por otro se deben ir constatando los beneficios sobre la base de este modelo mucho más solidario, “donde el foco de los objetivos esté en la producción de mejores viviendas, más dignas, a lo mejor más grandes en tamaño”, concluye  Baeriswyl

Ollas comunes: la organización comunitaria para subsistir

Una olla común es una activación comunitaria independiente y autogestionada que se da entre vecinos y pobladores, y que busca resolver la necesidad básica de comer. Es esa necesidad imperiosa la que se ha expresado a raíz del tercer mes de la pandemia del coronavirus en nuestro país, sobre todo en la Región Metropolitana, que según el último reporte del Minsal concentra el 90% de los nuevos casos.

Ya son múltiples ejemplos donde se realizan ollas comunes que, con medidas sanitarias, se han manifestado en comunas como El Bosque, Puente Alto, La Pintana, San Bernardo, Lo Barnechea, entre otras que se suman a diario. Lo anterior evidencia  inequidad social, desigualdad de trato, bajos sueldos y pensiones indignas, entre otros múltiples factores. Reclamos que estuvieron muy presentes en el estallido social.

A nivel nacional podemos hablar de una tercera ola de este tipo de organización: en 1932 se dieron  a raíz del hambre que produjo la Gran Depresión, afectando las exportaciones de salitre y cobre, que se tradujo en cesantía, incluso gente sin casa se fue a vivir a cuevas existentes en la capital; luego  en 1983, en plena dictadura militar, cuando el desempleo en Chile alcanzaba el  30%, afectando una vez más a los sectores populares.  Actualmente, debido a la pandemia, las poblaciones que en Santiago organizaron ollas comunes -que en otros países podría conocerse como comedores comunes-, fueron La Victoria, Lo Hermida y La Bandera, pese a que se extrapola esta gestión a varios puntos del país, incluyendo también talleres y otras actividades.

Sociedad organizada

La Copam, Cooperativa Popular de Apoyo Mutuo, nació al alero del movimiento de pobladores Ukamau en Estación Central en abril pasado, cuando la crisis del Covid-19 no entraba en su etapa más conflictiva, se encarga de abastecer y distribuir canastas alimenticias de emergencia a precio justo a miembros de la cooperativa, vecinos, y ahora a cualquier persona. La instancia ha tenido un crecimiento exponencial, formándose filiales en San Antonio, Peñaflor y Cerrillos, en esta última ya organizaron  una olla común. 

“Es una alternativa en los territorios para paliar la crisis”, expresa Victoria Herrera, vocera nacional de Copam, y añade que se viene una ola de apoyo y organización en los territorios con movimientos populares, porque “estamos recién empezando esta crisis”. 

Sobre el rol activo de la mujer en las ollas comunes y su organización, Herrera expresa que “históricamente han sido las mujeres quienes han tomado ese rol” y “creemos que las mujeres tienen un rol fundamental en la sociedad, y lo vemos reflejado aún más fuerte en estas instancias, donde se levanta esta economía popular y del hogar”.

Contacto para ayuda: +56 9 9867 0167

Juan Francisco Abogabir, director del jardín infantil Idequitos de la Corporación Ideco de La Pintana, que se dedica desde 1991 de forma permanente a la atención de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos fundamentales, ha sido un activador de ollas comunes en el sector de El Castillo tras el paso del coronavirus, en un proyecto de llamado Olla Común Móvil, activación que nace precisamente para no generar aglomeraciones y mantener la distancia física, pero abasteciendo de alimentos a los vecinos que han quedado sin empleo. “Nació como una iniciativa pequeña pero que día a día ha ido creciendo más, que permite a los particulares aportar tanto a la cuenta corriente como con productos”, cuenta Abogabir.

Sobre las medidas de higiene y sanitarias, tan presentes desde que comenzó la crisis, los alimentos propios de esta iniciativa, son bienes que son procesados en la cocina del propio jardín infantil, con voluntarias/os manipuladores de alimentos y que cuenta con resolución sanitaria, hecho importante de resaltar ya que la Seremi de Salud se ha encargado de fiscalizar algunas ollas comunes.  

 

Se cruzaron datos propios de la corporación, de la  municipalidad, y la opinión de dirigentes vecinales para saber a quiénes abastecer. “Nos dimos cuenta que teníamos que llegar mínimo a 400 personas, con vehículos de las mismas personas de acá”, añade el director.

Abogabir también resaltó el rol del municipio, liderado por la alcaldesa Claudio Pizarro, que dentro de sus posibilidades ha logrado abastecer de insumos de higiene y gas licuado a las más de 12 ollas comunes que tiene al día de hoy La Pintana.

Contacto para ayuda: +56 9 7979 2552

“La ayuda de las autoridades ha sido nula, y se ha instalado el lema solo el pueblo ayuda al pueblo”, aseguró Alina Sandoval, presidenta de la Asociación Nacional de Derechos Humanos, y vocera de la Asamblea de Organizaciones Sociales y Políticas de la Provincia Cordillera, que genera activación en Villa Arcoíris I, Nuevo Amanecer, Óscar Bonilla, el Volcán, Villa Raimapu y el Volcán 3 de Puente Alto

Sandoval recalca lo olvidada que está toda la periferia de Puente Alto,que el desempleo no es solo de ahora, “hay gente que tenemos desempleada por 5, 6 años”, y que el fuerte de su organización son los vendedores ambulantes “que aseguran el plato que necesitan todos los días en su casa”.

 

La situación de alimentación comunitaria en Puente Alto tiene  4 semanas, y la asamblea liderada por Sandoval completa 6 ollas comunes con base en donaciones populares. Lo anterior se traduce en unos 5000 almuerzos.

Contacto para ayuda: +56 9 8719 5035

“La pobreza va a subir, aquella pobreza que habíamos superado: la pobreza del hambre”

Ya para 2017, la encuesta Casen arrojó que la pobreza multidimensional ascendía al 20,7% de la población, lo que equivale a 3.530.889 personas, solo 0,2 puntos porcentuales menos que el 20,9% de la medición 2015, revelando que los intentos por superarla estaban estancados.

La Covid-19 ha agudizado la crisis societal, recordando la crisis de los 90. “Teníamos un 40% de pobreza en los noventa, eso va a ser un retroceso gigantesco, esperamos que sea lo más transitorio posible” explica Catalina Littin, la directora ejecutiva de Fundación Superación de la Pobreza -Servicio País que, pese a la crisis ya cuenta con 260 profesionales en 100 comunas.

 

 

“Hay muchas ayudas a las cuales hay que postular, hemos estado en los cordones sanitarios, haciendo mascarillas, repartiendo comida”, precisa Littin, y coincidiendo también con nuestra entrevista a Gonzalo Vial, volvemos a escuchar que la labor de los municipios en conjunto con el trabajo intersectorial, para reactivar la cartera de proyectos pendientes va a ser vital para la economía  después de la pandemia. 

 

Revisa a continuación  la entrevista completa a Catalina Littin:

Adaptar el uso del agua y convertirlo en derecho constitucional

Estamos afectados por el cambio climático, y es evidente para todos que cada vez llueve menos. Sin embargo, hay algo más ocurriendo con el agua y esto viene de una situación estructural relacionada con su no reconocimiento como derecho en la Constitución chilena.

En la siguiente columna de opinión, Matías Asún, Director Nacional de Greenpeace Chile, da cuenta de cómo se ha venido distribuyendo el uso del agua en detrimento del consumo de la población que, además, hoy la necesita aún más para hacer frente a la propagación de la Covid-19.

A continuación, conoce más del planteamiento del activista ambiental y psicólogo Asún.

Legislar para la infancia: una urgencia que la pandemia hizo evidente

Este año se cumplen 30 años desde Chile suscribió a la Convención de los Derechos del Niño, sin embargo aún no existe una legislación que garantice su implementación. 

Hoy, en contexto de pandemia la situación se hace urgente. La cuarentena recordó los problemas estructurales que se barrían bajo la alfombra: la necesidad de un estatuto legal que exija el respeto a la dignidad de Niños, Niñas y Adolescentes. Que les reconozca como sujetos de derecho.

El Bloque por la Infancia, conformado por más de 30 organizaciones de la sociedad civil hace un llamado a priorizar a los niños, niñas y adolescentes, quienes en medio de la crisis sanitaria, se ven expuestos a más vulneraciones de derechos: la violencia intrafamiliar que se acrecienta, hacinamiento, imposibilidad de acceder a educación, trabajos forzados por falta de financiamiento en el hogar, entre muchos otros factores que hacen que finalmente, sean los más afectados de la crisis. 

En esta nueva Cápsula BP, te contamos por qué es tan importante contar con esta ley lo antes posible. 

93,7% de los trabajadores teme contagiarse de Covid-19 en el transporte público

El presidente de la Comisión de Transporte de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carlos Soto dio a conocer una consulta hecha a los ciudadanos que se deben trasladar a sus trabajos en medio de la pandemia del Covid-19 y la cuarentena total que afecta a 38 comunas del Gran Santiago.

Sobre los resultados, el también Concejal de Lo Espejo sostuvo que “no debió ponerse en práctica la restricción vehicular y menos haber bajado la frecuencia de los recorridos, tanto de microbuses, como del metro”, entiendo que el transporte particular es un privilegio de pocos y la baja frecuencia ha provocado aglomeraciones no asegura el distanciamiento físico, como lo afirmó Sergio Baeriswyl, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano a Base Pública.

 Con los números en mano, Soto solicita aplicar medidas de control sanitario en cada ida y vuelta de los recorridos de los buses de la Red Metropolitana de Movilidad “y sancionar drásticamente a quienes -sabiendo de su condición de portadores-  ponen en peligro a los demás ciudadanos”.

Frente a este panorama, se preguntó a los trabajadores/as: ¿se siente seguro de utilizar el transporte público y de no contagiarse de Covid-19? 93,7% responde que no; y a su vez a la pregunta sobre medidas de prevención, un 82% piensa que se debería aplicar mayor fiscalización y tener rigor en el control.

Te dejamos con los datos recabados entre el 8 y 15 de mayo del presente año que tenía como objetivo analizar la valoración de los usuarios de transporte público frente a la crisis sanitaria actual. El cuestionario se hizo a un universo muestral de 521 personas bajo preguntas cerradas vía plataformas Google y tiene un margen de error del 5 % y de confianza un 95%.

 

Nunca más sin nosotras

En 1994, el género femenino apareció mencionado –y protegido- en la Constitución que define nuestro país, “es hoy algo casi impensable para las nuevas generaciones”, así parte la columna de Yolanda Pizarro en nuestro especial Poderosas, dejando en claro que el reconocimiento de la mujer como sujeto de derecho, es una tarea más bien nueva y a la que le queda mucho camino por delante.

La presencia equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones es condición indispensable para una representación y participación real en democracia. Por la historia y la necesidad de avanzar en equidad real, se requiere contribuir con firmeza y claridad que una nueva Carta Fundamental es con las mujeres

Las mujeres tienen  un papel clave para generar y fortalecer los espacios de diálogo y acción. Te dejamos con la columna de Yolanda Pizarro, Directora de Equidad de Género de LaresHub:

Urbanismo feminista: una necesidad urgente

Desde Junto al Barrio, utilizan la arquitectura y el urbanismo, abordando cada proyecto desde una perspectiva holística. Desarrollan metodologías propias que se adaptan al contexto de cada barrio y las comunidades

En su quehacer la participación es esencial, pues les permite dotar de voz y poder decisivo a las personas de los barrios donde se desarrollan proyectos, pues entienden que ellas son las máximas expertas de los territorios que habitan. 

De esta forma analiza el diseño urbano de nuestras ciudades Natalia Brauchy Quiroz,  la nueva Directora Ejecutiva de la Fundación Junto al Barrio, te dejamos con su columna de opinión: