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Guarderías de barrio: mujeres que se apoyan para volver al trabajo

No es posible hablar de impulso al empleo femenino sin poner sobre la mesa el cuidado de los niños. Hoy nos enfrentamos al nivel más bajo de participación femenina en el empleo de los últimos 10 años, acentuado por el COVID y sus consecuencias en el cierre de colegios y jardines infantiles, lo que genera un tremendo desafío para las mujeres que son madres.

Sin embargo, con o sin reapertura de escuelas y jardines, hay niños que no asisten a establecimientos educacionales, pues las madres de los quintiles de menores ingresos (1° y 2° quintil) consideran que cuidan a sus hijos “mejor en casa”. Y es allí donde las guarderías de barrio surgen como una opción con externalidades positivas para apoyar a las madres que quieren volver a emplearse contando con el cuidado de sus hijos.

¿Cómo funcionarían?

Nuestra propuesta es partir con un piloto en la Región Metropolitana, en comunas con altos índices de desempleo femenino, como Cerro Navia y Renca, con un sistema de 10 cuidadoras para cuatro niños cada una.

Se trataría de mujeres que ya han participado en el programa Padre-Hijo en casa de nuestra Fundación Niños Primero, donde han sido capacitadas en el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, emocionales y en la formación de vínculos afectivos familiares, todo lo cual aplicarían como cuidadoras. Esto, al tiempo que son apoyadas por un equipo multidisciplinario: una jefa del piloto, sicólogas, nutricionistas, además de una monitora de la Fundación para sesiones lectivas diarias de manera remota por una hora. Adicionalmente, el piloto, contempla la instalación de cámaras de seguridad en las casas de las cuidadoras, de manera que la mamá trabajadora pueda ver a su hijo en todo momento.

Como herramienta adicional de control, se utilizaría EKID, la aplicación de monitoreo en línea desarrollada por nuestra fundación, que registraría la entrada y salida de los niños de las casas y, a la vez, controlaría las sesiones online de las monitoras.

El costo de este programa es de alrededor de $80 millones al año, incluyendo las remuneraciones para las mamás cuidadoras, el material educativo e internet, entre otros aspectos. Su valor anual es inferior al de países que ya implementaron las guarderías de barrio, como EE.UU., Reino Unido y Australia.

Hoy es más necesario que nunca abrir puertas para que las mujeres puedan conciliar trabajo y familia, y qué mejor que hacerlo a través de guarderías de barrio, que no son otra cosa que una red sólida de mujeres que se apoyan y cuidan entre sí.

Por Anne Traub, directora ejecutiva Fundación Niños Primero

Una invitación a enfrentar el conflicto

En la reciente edición del “Café Con” organizado por la Unión Social de Empresarios Cristianos, titulado “La empresa, protagonista del cambio”, entre diversos temas se abordó el conflicto Mapuche. Luis Felipe Gazitúa, presidente del Directorio de CMPC, dijo que para resolver un problema hay que entender que este existe. Y agregó que Chile ha hecho como que en La Araucanía no hay problema. Esa reflexión desde un representante del mundo empresarial me hace pensar en cómo las empresas pueden enfrentar los contextos de conflicto. En los siguientes párrafos planteo respuestas a esta pregunta, considerando sobre todo el enfoque desde la sostenibilidad y la debida diligencia en materia de Derechos Humanos.

¿Por qué invocar la sostenibilidad para esta columna sobre La Araucanía y el conflicto mapuche? Porque se trata de un problema histórico, político, social e institucional que, de no resolverlo, condiciona las posibilidades de desarrollo del territorio y porque la sostenibilidad ofrece instrumentos teóricos y prácticos especialmente útiles para estas temáticas.

La Región de La Araucanía ocupa el noveno lugar en aportar al PIB (2,6%); tiene la segunda tasa más alta de población rural (29,1%); el 34,3% de las personas declaran pertenecer a un pueblo indígena u originario, mientras que la media nacional llega al 12,8%. En La Araucanía, un 17,2% de la población vive en condiciones de pobreza, el doble que el promedio nacional; lo mismo ocurre con la pobreza extrema (4,6%). Además, un 28,5% de la población padece de pobreza multidimensional, la más alta a nivel nacional.

¿Qué tiene que ver esto con la sostenibilidad? No hay desarrollo sostenible sin la existencia de condiciones para la cohesión social. Por ello, muchas empresas han declarado su activa contribución para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El enfoque transversal y multidimensional de los ODS no solamente ha orientado el propósito social que las empresas deben cumplir, sino que ha retroalimentado la manera en que muchas de ellas desarrollan su propuesta de valor. Sin duda que la región más pobre de Chile representa el mayor desafío para establecer esta contribución.

Como contrapartida desde el mundo público, el Estado dispone del Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile (2017), cuya ejecución cuenta con la participación del sector privado y del tercer sector a través del “Comité 360” (2019). El compromiso es avanzar en: “(i) el deber del Estado de proteger los derechos humanos frente al actuar de las empresas; (ii) la responsabilidad empresarial de respetarlos a través de la debida diligencia, y (iii) el acceso a una adecuada remediación para las víctimas de los impactos adversos de las actividades empresariales”.

¿Qué pueden hacer las empresas? Para empezar, desarrollar políticas y estrategias para abordar la debida diligencia. Mencionaré algunas consideraciones que el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en ingles) y otras organizaciones mundiales han recomendado: definir fuentes de posibles riesgos; identificarlos y caracterizarlos; identificar el tratamiento o mitigación del riesgo; y comunicar la evaluación.

Algunas de las materias a examinar son: la existencia de situaciones de conflicto (delitos, reclamos territoriales, violencia contra grupos vulnerables y minorías); provisión de seguridad (competencia de la seguridad privada y pública); gobernabilidad (corrupción, inestabilidad política, violación de derechos de grupos minoritarios, investigaciones judiciales eficaces, capacidad de gobierno);  factores socioeconómicos (pobreza extendida, gran disparidad de la distribución de la riqueza o ingresos, violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, oposición de las comunidades a proyectos de desarrollo, carencia de una sociedad civil activa y coordinada); ambiente físico (impacto ambiental negativo, retos ambientales).

Si éstas son las dimensiones de riesgos en materia de derechos humanos, y los temas por abordar en materia de debida diligencia, proponemos que puedan verse como una ruta para comprender y aportar desde las empresas a la resolución del grave problema social que se vive en la región.

Lo anterior, probablemente no alcance para apaciguar un conflicto multidimensional, donde el Estado juega un rol fundamental y donde cada uno se tiene que hacer cargo desde el lugar que ocupa en la sociedad. No solo por la Araucanía, sino que para construir el futuro de este país multicultural en derechos y no solo de hecho.

Dante Pancani, Consultor de Gestión Social

¿Un año perdido o una oportunidad para la Educación Técnico Profesional?

Cerca de 71 mil jóvenes egresarán este año de educación media técnico profesional (EMTP), con un 47% de matrícula femenina. La suspensión de clases presenciales les afecta especialmente ya que más de la mitad de su formación corresponde a actividades prácticas que se realizan en talleres, bajo la modalidad de aprender haciendo. En una consulta realizada por Grupo Educativo a profesores de establecimientos TP, un 37% señaló que el principal riesgo que enfrentan sus establecimientos actualmente es el atraso en asignaturas con componente práctico.

La formación técnica es una opción relevante en términos laborales y para seguir estudios superiores, por lo que resulta urgente implementar innovaciones que permitan darle continuidad a las trayectorias formativas en esta modalidad de estudios. La obtención del título de técnico de nivel medio será un recurso valioso para jóvenes que enfrentarán un mercado laboral especialmente complejo.

El Ministerio de Educación autorizó recientemente ajustes que sin duda son un avance importante para flexibilizar y diversificar las opciones de formación práctica. La reducción de horas requeridas para la práctica laboral y el reconocimiento de las horas de formación en las empresas como parte de la práctica facilitan el proceso formativo este año. Asimismo, la nueva opción de realizar la formación práctica a través de sistemas en línea genera múltiples oportunidades. Será posible realizar prácticas a través de simuladores, romper restricciones geográficas y poder acceder a certificación de competencias.

Sin embargo, estas nuevas opciones no funcionarán por sí solas. Es indispensable que el sector productivo y las instituciones de educación superior puedan establecer relaciones colaborativas ágiles y con escala suficiente para poder brindar oportunidades efectivas a cada estudiante de educación media técnico profesional. El apoyo a las trayectorias formativas debe velar por la equidad de género, en tanto la mayor parte de las mujeres sigue especialidades en áreas de servicios donde es más complejo poder realizar trabajos prácticos a distancia.

La Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción puso a disposición de liceos TP a nivel nacional un nuevo soporte donde se pueden realizar de manera gratuita más de 100 cursos de capacitación en línea relacionados con la prevención de riesgos. Las Redes Futuro Técnico que convocan a liceos de las regiones de Antofagasta, Maule y Metropolitana han accedido rápidamente a estos programas y actualmente más de 300 estudiantes se están formando en seguridad a distancia, donde más 45 son mujeres.

Es urgente que iniciativas como esta se repliquen rápidamente para que las y los jóvenes logren desarrollar las competencias necesarias a través de mecanismos virtuales, completar su formación de técnicos de nivel medio y estar preparados para acceder al mundo del trabajo y/o seguir estudios superiores el próximo año.

Claudia Peirano, Grupo Educativo

Mil Violetas perdidas

¿Cuánto talento hay en Chile?

Recientemente interrogué a Chile. En vez de pedir opiniones, pedí postulaciones. Abrí un premio a la cultura y las artes al que postularon más de 1.300 proyectos.

Originalmente, eran cuatro premios. Gracias a la generosidad de algunos amigos que encontré en el camino, pudimos llegar a 18. Aun así, el esfuerzo fue pequeño. El experimento me confirmó la idea de que en Chile hay mucho talento y pocas oportunidades. Todos los años nacen nuevas Violetas, Lucilas, y Neftalíes, pero muy pocos tienen la oportunidad de alcanzar su potencial.

Hace varios años interrogué al mundo de otra manera. Con mi equipo, recolecté datos de las biografías más famosas del mundo; las biografías con una presencia en al menos 15 idiomas en la Wikipedia. Este ejercicio, disponible en la plataforma Pantheon, permite visualizar las exportaciones culturales de los países. Esas lecciones e ideas que cruzan montañas y océanos, trascendiendo incluso las barreras del idioma y la política.

En este panteón digital hay más de 70.000 biografías. Chile tiene solo 147. Si tomamos estos valores literalmente, nuestra contribución a la cultura mundial es un 0,2%, un valor similar a nuestra fracción de la población global. Parece bien, hasta que miramos las categorías del panteón chileno. Nuestra contribución a la memoria colectiva está compuesta mayoritariamente de futbolistas (69/152 ó 44%) y políticos (31/152 ó 21%). En lo que es reconocido más tradicionalmente como cultura, tenemos unos pocos escritores (13 ó 9%), algunos actores (6 ó 4%), biólogos (5 ó 3%), un pintor (Roberto Matta) y un arquitecto (Alejandro Aravena).

Ciertamente, ustedes pueden contar más pintores, actores, músicos, y científicos chilenos. Pero la frialdad del panteón es que no está basado en Chile. Para entrar a él, hay que cruzar la cordillera, como los goles de Zamorano o los versos de Neruda. Es la creación de cultura de clase mundial lo que garantiza un espacio en el Panteón.

En economía de la innovación, la gente habla de los Einsteins perdidos. Éstas son las personas que no lograron alcanzar su potencial, no por falta de talento, sino por falta de oportunidades. En Chile, perdemos Einsteins y Violetas todos los días. ¿Podremos revertir esa tendencia?

A través del Premio a la Cultura y las Artes pude conocer a algunas de esas Violetas perdidas. Personas llenas de talento y dedicación, pero con pocas oportunidades. Como no tengo el bolsillo para premiar a ese talento como se merece, espero con mi pluma ayudar a visibilizarlo. Acá les dejo una pequeña muestra del talento que descubrí en este humilde experimento. La muestra está sesgada a aquellos proyectos que incluyeron un link a un reproductor online (YouTube, Soundcloud). Espero encuentren en su arte y en su música la esperanza que yo encontré al descubrir estos lindos proyectos.

 

  1. Mineral Mosaico. Banda Musical de Maipú (Ganador)

 

2. Leyendas Negras de Atacama. Proyecto cinematográfico de John Gabriel Biggs (Ganador)

 

3. Parqueadas. Proyecto de Animación de Constanza Luzoro (Ganadora)

 

4. Roma Loba. Cantautora de San Felipe (Mención Honrosa)

 

5. Kurruf. Banda de Rancagua (Mención Honrosa)

 

6. Tiempo Libre. Canción de Martina Montaldo y su banda Top Secreto (Mención Honrosa)

 

7. Patrimonio Natural de Concepción (Finalista)

 

8. Danilo Oliva. Músico. (Finalista)

 

9. Anali Dahm. Música. (Finalista)

 

10. Grandes Sueños. Bruno “Lupo” Bañados. (Finalista).

 

César A. Hidalgo
Instituto de Inteligencia Natural y Artificial (ANITI), Universidad de Toulouse
Departamento de Ingeniería, Universidad de Harvard
Escuela de Negocios, Universidad de Manchester

Piensa Fuera de la Sala: Innovación docente en pandemia

Los últimos meses han llevado a todas las personas a innovar, de alguna u otra manera, en su manera de trabajar. En el área de la educación, ha sido particularmente importante el desafío de desarrollar nuevas formas de enseñanza para sobrellevar la crisis. En este contexto, docentes y directivos han demostrado una tremenda capacidad de adaptación a los cambios que se han requerido, esforzándose por llegar a los estudiantes y sus familias y continuar apoyando su desarrollo desde las casas.

La tecnología sin duda ha sido un aliado en este desafío. A través de herramientas tecnológicas se han generado acciones enfocadas en llegar a cada estudiante. Desde apoyar a aquellos con menor conectividad a través de cápsulas educativas, que se comparten por redes sociales, televisión abierta e incluso radio, hasta utilizar nuevas plataformas y metodologías para hacer clases virtuales. 

La pandemia ha sido difícil para la sociedad en muchos sentidos, pero también ha traído consigo un tremendo beneficio para los estudiantes: sus docentes se han preocupado de pensar fuera de los límites de una sala tradicional para innovar y fortalecer la educación chilena. Se han atrevido a probar ideas innovadoras y conectar aún más los aprendizajes con la realidad de cada niño, niña y adolescente. 

La educación en Chile no será la misma después de este período, todo lo ganado por las escuelas en innovación beneficiará enormemente las clases presenciales cuando éstas puedan reiniciarse. Todo esto gracias a los educadores, docentes y equipos directivos de nuestro país.

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la Fundación Base Pública.

Los pioneros del reciclaje en Chile y la Ley REP

Soledad Mella es la presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Base. Hace más de 20 años se dedica al reciclaje en Chile. Tanto su compañero como sus 3 hijos son recicladores y trabajan juntos con un pequeño emprendimiento familiar dedicado a esta labor. Solo hace pocos años, ella empezó a participar activamente de la organización nacional, liderada históricamente por el recién fallecido Exequiel Estay Tapia. 

“A través del movimiento me di cuenta de la necesidad de organizarse para incidir en las políticas estatales y conseguir ese reconocimiento que, si bien empieza a vislumbrarse en el marco de la Ley REP, aún debe concretarse”, cuenta Mella. 

Que se reconozca su actividad como un trabajo que dignifique y que se pague correctamente, sigue siendo el principal desafío de los recicladores de base. “Hasta ahora hemos trabajado gratis prestando a la ciudadanía un servicio esencial; así que la normativa actual, a pesar de que no se pensó para los recicladores de base, instala la importancia de nuestra participación y nos abre opciones de mejora; pero debemos seguir presionando la institucionalidad y las empresas para que se haga de la mejor forma”, agrega. 

A través de la Ley REP y el Decreto final que establece las metas de recolección y valorización de envases y embalajes, se han dado pasos concretos para avanzar en una cultura del reciclaje, pero aún quedan caminos por recorrer. El Decreto obliga a los sistemas de gestión de residuos a celebrar convenios con gestores autorizados y registrados, incluyendo los recicladores de base. Además, por lo menos un 50% de las instalaciones de recepción y almacenamiento deberán incorporarlos, pagándoles el mismo precio que el sistema de gestión pague a otros recolectores para residuos en condiciones similares.

La Asociación Nacional, constituida a raíz de los desafíos normativos de la Ley REP, tiene presencia en 10 regiones del país y representa a unas 2.800 personas. Sin embargo, Soledad comenta que en Chile existirían hasta 60.000 recicladores de base. “Aquí tenemos otra deuda histórica, porque hace años estamos pidiendo que se lleve a cabo un censo de recicladores, para entender la magnitud de esta realidad y las condiciones en las cuales viven nuestros compañeros”, detalla. 

Fortalecer la organización nacional y las redes territoriales es otro gran desafío, especialmente ahora que la Ley REP obliga a cumplir con formalización y certificación de los recicladores. Una tarea en que, dice Soledad, ya llevan camino avanzado. “Al principio lo veíamos muy complejo, pero hoy ya no es tema. Ya tenemos a casi 900 recicladores certificados, y otros 400 están en proceso. Por otro lado, estamos apostando a diferentes tipos de organización formal: tanto pequeños emprendimientos familiares como cooperativas de recicladores, hasta llegar a nuestra Asociación a nivel nacional. La figura más acorde al movimiento son seguramente las cooperativas, pero necesitamos más apoyo para su creación y la sostenibilidad de su modelo de negocio”, explica. 

Los materiales más reciclados son el cartón, los diarios y las revistas, en el rubro de la celulosa; lata y hojalata, en metales; PET en cuanto a plásticos, y botellas de vidrio. “Nos focalizamos principalmente en estos productos, porque el mercado del reciclaje en el país es muy cerrado y estricto. Podríamos reciclar otros materiales también, pero la verdad es que la industria paga muy poco y exige volúmenes considerables. Por esto es tan importante que se reconozca el servicio que brindamos y que éste sea remunerado; pero no dependiendo de la voluntad del privado, sino como política de Estado”, señala Mella.  

Soledad cuenta que recientemente algunos recicladores empezaron también a recolectar residuos orgánicos y a trabajarlos en pequeños terrenos arrendados. Este último es un ámbito en el cual la Asociación Nacional también quiere incidir, para aprovechar la recolección domiciliaria y ofrecer un servicio más completo. Sin embargo, alerta, faltan terrenos y capacidades. 

En general, faltan recursos, infraestructuras y maquinarias para mejorar la labor de los recicladores en todos los ámbitos. “Tenemos la mano de obra lista, con experiencia y presencia en todo el país. A las empresas de reciclaje se les dificultaría llegar a todas las calles y rincones del país, donde nosotros sí llegamos hace décadas. Además, les saldría más caro. Es por estas razones que se hace necesaria la colaboración estrecha entre Estado, municipios, empresas y recicladores de base”, añade. 

La dirigenta menciona que la Asociación tiene muy buenas relaciones con empresas como CCU, CocaCola y Falabella, y con la Sofofa, a través de la cual se desarrollan proyectos y capacitaciones para los recicladores. “Sin embargo, los puntos limpios que manejan las empresas aún son muy pequeños, más educativos que otra cosa. Lo que necesitamos son buenos centros de acopio y maquinarias que faciliten la labor de los recicladores y garanticen un mejor resultado. Las empresas están entendiendo que es cada vez más necesario y que deben aportar económicamente a su implementación”, dice. 

Por el lado de los consumidores finales, menciona que la cultura de separación de los residuos aún no está instalada en el país y solo pocas comunas han logrado diferenciarse en este sentido.  “Sin embargo, hoy con la plataforma ReciclaEnCasa nos hemos dado cuenta que sí tienen mucha ganas de hacerlo y ya están convencidos, pero no saben cómo implementarlo de manera correcta. Ahí también los recicladores podemos ser de gran ayuda”, señala. 

A juicio de Soledad aún no está claro cómo funcionarán los sistemas de gestión previstos por la Ley REP. Lo que sí tiene claro es que los recicladores son los que mueven la industria del reciclaje en Chile. “Recolectamos, vendemos a los intermediarios y éstos a la industria. Sin el primer eslabón, la industria no funciona. Hay muchas empresas que se quieren o se están metiendo en este mercado, pero desconociendo la labor que las y los recicladores desarrollamos hace décadas”, explica. 

En este sentido, agrega: “No podemos perder el espacio que ganamos durante muchos años dedicados a poner en valor algo que antes nadie valoraba. Desde hace décadas estamos evitando que toneladas y toneladas de residuos terminen en el mar o contaminando los suelos del país”, manifiesta. 

Soledad está convencida que la participación de los recicladores de base será clave para cualquier Sistema de Gestión de Residuos que se implemente en el marco de la Ley REP: “No basta con formalizar los procesos y educar; también se necesita presencia en los territorios y recurso humano disponible para el trabajo de recolección. Es lo que hacemos hace años. Hemos escrito la historia del reciclaje en Chile durante 60 o 70 años y estoy segura de que seguiremos escribiendo los próximos capítulos. Será nuestro legado”.  

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la Fundación Base Pública.

Tecnología al servicio del acceso a la justicia

Como todas las esferas afectadas por la pandemia, el sistema de justicia en Chile ha ido explorando e innovando en sus políticas y procedimientos a modo de continuar con sus operaciones sin poner en riesgo la salud de las personas y evitando lo más posible los efectos de esta crisis sobre sus necesidades y demandas legales, muchas veces trascendentales para su calidad de vida y bienestar mental.  

Así es que en marzo el Congreso aprobó un régimen jurídico de excepción a implementar durante el Estado de Catástrofe, que permite suspender las audiencias, las actuaciones judiciales y los plazos, solo con excepción de aquellas cuestiones que son de intervención urgente como casos de violencia intrafamiliar o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, al mismo tiempo estableció facilidades para la utilización de medios remotos para la realización de audiencias y posteriormente a la par han surgido nuevas iniciativas en este ámbito, como un Juzgado Civil que realizó el primer remate virtual en la historia de tribunales.

De esa forma ha habido una apertura inédita y prometedora dentro de una cultura tradicionalmente rígida y ritualista, que de a poco ha ido flexibilizándose sobre todo desde la reforma procesal penal cuando los expedientes escritos quedaron atrás en esta materia. Con la pandemia, el sistema se ha abierto aún más a  mecanismos que faciliten la labor de tribunales y las condiciones para todos los involucrados en un proceso; abogados, partes y testigos, sin embargo ello no exento de un necesario debate. ¿Cómo se resguardan a distancia los principios rectores del derecho? ¿Se pueden respetar las garantías básicas del debido proceso? ¿Qué ocurre con el principio de inmediación, relacionado a la vinculación que se da entre un juez, las partes y los elementos en un juicio presencial? entre otras grandes interrogantes.

Si bien son respuestas que hoy no tenemos en su totalidad y que son altamente complejas, esta apertura del sistema está asomando oportunidades concretas para fomentar un mayor acceso a la justicia y la modernización del sistema. Esta nueva dimensión virtual en justicia permite acortar distancias físicas, ayudando a las partes a prescindir de tiempos muchas veces desaprovechados y también a ahorrar recursos económicos, lo cual beneficia sobre todo a las personas más vulnerables. Tomar una audiencia virtual exime a una persona de escasos recursos de tener que pedir el día en su trabajo para asistir a tribunales y a quien vive en otra región de trasladarse a Santiago y costear además el traslado de su defensa. Asimismo,  elimina la distancia que tiene un abogado/a de otra región para alegar un caso en la Excelentísima Corte Suprema, el cual puede, por lo demás, ser suspendido ese mismo día. 

En otro punto, la audiencia virtual también podría aportar a dar mayor protección física y psicológica a víctimas, testigos y/o a quienes son parte en un juicio, sobre todo en causas de alta sensibilidad. Cuando  los episodios de violencia intrafamiliar o abuso sexual llegan a tribunales usualmente la víctima deberá, con todo su temor a cuestas, encontrarse y encarar a quien cometió un acto doloroso y perturbador una y otra vez en su contra. En algunos casos, las ofensas y peleas que ocurren dentro de la audiencia se trasladan también a las afueras de los tribunales lo cual también podría evitarse virtualmente. Sabemos que no es llegar y grabar un testimonio, pero creemos que son alternativas de asistencia virtual  que podrían ser revisadas con más detención y perfeccionadas con miras no sólo a una debida entrega de justicia sino en atención a problemas tan importantes como la revictimización en el sistema  de justicia.

La pandemia nos muestra que hay muchos elementos que podemos rescatar y discutir sin desechar a priori, sin perjuicio de que aquellos que sean acogidos a la vuelta de la pandemia requerirán de los cambios legislativos que le permitan perfeccionarse y consolidarse dentro del sistema de  justicia. Este nuevo paradigma deberá ir también de la mano de nuevas políticas de acceso a las tecnologías, permitiendo por ejemplo que si una parte del caso no tiene acceso estable a internet pueda conectarse a una audiencia al interior de entidades públicas designadas por los mismos tribunales. 

La oportunidad que tenemos enfrente es poner la tecnología a nuestro favor cuando sea una alternativa segura, facilitando la “vida judicial” y garantizando que las condiciones generales de juzgamiento sean justas y se haya permitido a las partes presentar de forma razonable e íntegra su defensa. De esa forma, el acceso a la justicia tendrá menores trabas en su camino, sobre todo beneficiando a las personas más vulnerables en este ámbito de su vida. 

Tal como ya sabemos, el país no volverá a ser el mismo después de esta pandemia.

Alternativas para la salud de niños y niñas en cuarentena

El distanciamiento social también tiene consecuencias en la salud mental y física de niños, niñas y adolescentes. El proyecto Juego y Aprendo en Casa busca abrir espacios de relacionamiento, juego y aprendizaje para la infancia en cuarentena.

La pandemia de la Covid 19 tiene a muchas ciudades en cuarentena y con los colegios, parques y clubes cerrados.  Esto trae consecuencias más amplias que la afectación a la economía y el empleo, y que no han sido debidamente analizadas. El discurso oficial se ha centrado en factores económicos y de recursos médicos, pero no en el resguardo de los derechos, salud mental, física y social de las personas. 

A ojos de la autoridad, los derechos de la infancia quedan en manos de esfuerzos individuales, de cada una de las familias o tutores y de los profesores de centros educativos, desconociendo la responsabilidad del Estado en el desarrollo pleno de las necesidades y el interés superior de los niños y niñas.

Los esfuerzos debiesen apuntar a un Estado presente en las temáticas relacionadas con los otros derechos de la niñez que no se reduzcan solo a la educación, sino que se amplíen los esfuerzos a levantar una política de cuidado como tarea colectiva o comunitaria. El cierre de los jardines infantiles, salas cunas, internados y colegios no ha apuntado al reconocimiento de lo colectivo, sino que ha profundizado el modelo individualista que ha imperado las últimas décadas en el país. 

Proyecto Juego y Aprendo en Casa

Con el objetivo de velar por la salud de niñas y niños, la Fundación Barrabases viene desde el mes de marzo trabajado con otras organizaciones e instituciones educativas que han cesado sus labores, para crear espacios seguros y cercanos que entreguen herramientas, potencien habilidades y devuelvan una rutina educativa y de contención a niños y niñas de escasos recursos. 

Durante los meses de marzo, abril y mayo se pilotearon clases de programación creativa de manera remota con 7 niños y niñas de las comunas de Cerro Navia, Quinta Normal y Pudahuel, pero en el transcurso del pilotaje se apreciaron otras necesidades debido a la falta de espacios de contención emocional y recreación. De este modo, durante el mes de junio se comienza a implementar el programa Juego y Aprendo en Casa (JAC) que les entrega a 21 niños y niñas durante tres veces a la semana un espacio de conversación, escucha y educación a través del deporte y la programación creativa. 

Los niños y las niñas son de diversas comunas tales como Maipú, Cerro Navia, Quinta Normal, Pudahuel y San Fernando y de distintas edades que van desde los 6 a los 11 años, creando no sólo un espacio de entrega de contenidos académicos, sino que cariño, y escucha, generando entre ellos y ellas una red de compañeros/as con quienes puedan jugar y entretenerse de manera remota. Lo anterior se acompaña de una relación directa desde el equipo de psicólogos/as en cada sesión con los niños y niñas y, además con sus tutores o madres/padres. 

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la Fundación Base Pública.

La evaluación de políticas sociales en el contexto pospandemia: ¿podemos seguir evaluando como antes?

Durante estos días se desarrolló la Semana de la Evaluación 2020, una iniciativa regional que busca relevar la evaluación en la agenda pública de los países de América Latina y El Caribe. El evento fue un punto de encuentro entre el sector público, la sociedad civil y la comunidad académica interesada en promover la transformación social a través de evaluaciones más pertinentes y útiles. Esto, en un contexto que exige mejorar la política social para una región en la que de acuerdo con la Cepal el número de personas en situación de pobreza puede crecer en 35 millones.  

Desde Chile, sin embargo, participaron principalmente organizaciones de la sociedad civil, la academia y evaluadores externos. Y es que la innovación en evaluación es una tarea pendiente para las políticas públicas y para los programas gubernamentales en Chile, probablemente porque el enfoque predominante -el enfoque costo/beneficio- deja poco margen para la incorporación de nuevas metodologías.  

Podría platearse que invertir en nuevas formas de evaluar hoy no es prioritario para la política pública, en consideración a que todo cambio tiene un costo y que ante la contingencia se debe privilegiar la implementación por sobre cualquier otro proceso. Sin embargo, también sabemos que frente a una crisis sanitaria y social como la que enfrentamos hoy es fundamental re-mirar la acción estatal identificando qué cosas se han hecho bien y qué cosas no. 

Nuevamente podría plantearse que para ello no es necesario innovar o pensar en nuevas metodologías de evaluación. Sin embargo, ese planteamiento deja fuera la otra crisis con la que hoy convivimos: la crisis de representatividad y de desconfianza en las instituciones. No solo se desconfía de “los políticos”, sino que también de la acción estatal misma, incluidas las políticas sociales y su capacidad de generar cambios en la vida de las personas. Con justa razón, quienes son sujetos/as de dichas políticas se sienten totalmente ajenos/as a las decisiones que se toman durante su implementación. Si bien, en Chile se ha avanzado en los últimos años en incorporar metodologías participativas en el diseño de algunos programas, la participación suele ser meramente consultiva y termina en el momento en que comienza la ejecución del programa. 

Considerando que la evaluación suele cerrar el ciclo de un programa o proyecto, incorporar la participación de los y las sujetos/as de la política en ese momento es un desafío, pero también una tremenda oportunidad de abrir espacios de control democrático frente a la acción estatal. En Chile existen experiencias de evaluación participativa que se han desarrollado con éxito en organizaciones de la sociedad civil y que fueron abordadas en esta Semana de la Evaluación con alto interés. 

El Programa Servicio País, de la Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP), viene incorporando esta metodología en la evaluación de sus intervenciones desde el año 2015. De esta forma ha consolidado una propuesta metodológica que actualmente forma parte de su modelo permanente de evaluación. La ONG Techo Internacional también ha incorporado esta metodología para evaluar sus intervenciones en campamentos tanto en Chile como en el resto de los países en los que trabaja. 

No es casual que sean las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en contextos de pobreza las que han tomado la delantera en este ámbito, como la misma Fundación Superación para la Pobreza indica en una de sus publicaciones: “desde una coordenada participativa, superar la pobreza y obtener mayor bienestar supone definir y acordar previamente, el tipo y nivel de bienestar deseado y las acciones legítimas para lograrlo. Es más, la noción misma de desarrollo es algo que el propio sujeto, individual y colectivamente, debe definir y no algo establecido externamente por algún experto o agente modernizador (…) Para esto se hace necesario una acción afirmativa que permita ampliar la participación a quiénes por razones de discriminación, lejanía, falta de recursos y otras, han visto restringidas sus posibilidades, creando al mismo tiempo, condiciones para una deliberación efectiva y equilibrada. 

El ejercicio evaluativo no debe ser ajeno a esta definición ¿quién mejor que los mismos usuarios/beneficiarios/participantes de los programas pueden evaluar cuales son las acciones que han incidido en su bienestar y cuáles no?; ¿quién mejor que aquellos y aquellas que implementan la política en el nivel local pueden indicar cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan? En el caso del Programa Servicio País la evaluación participativa ha permitido levantar información de manera colectiva entre diversos actores, con herramientas adaptadas a los interlocutores, con pertinencia territorial e incluso en algunos casos generar capacidades de evaluación en las organizaciones de base con las que se trabaja.  

La política social hoy debe superar las evaluaciones costo/beneficio -que entre otros problemas considera a individuos “aislados” de su comunidad y su territorio- aprovechar el momento histórico por el que atraviesa el país para abrir nuevos espacios de participación y considerar las experiencias de la sociedad civil para generar evaluaciones que tengan un uso efectivo, que abarquen todas esas brechas que las evaluaciones convencionales esconden (brechas de género, territoriales, etarias, etc.) y que permitan generar información de calidad para que los hacedores de políticas tomen decisiones pertinentes, pero también para que las voces de quienes son sujetos/as de estas políticas encuentren un espacio para promover aquellos cambios en la acción estatal que pueden mejorar su calidad de vida.   

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la Fundación Base Pública.

Las organizaciones de la sociedad civil en el apoyo a la niñez

Fundación Educacional Oportunidad lleva ya 14 años potenciando el liderazgo pedagógico y directivo en educación a través de prácticas colaborativas que permiten fortalecer el aprendizaje de niños y niñas en nuestro país. Actualmente, la fundación acompaña a equipos docentes de 136 establecimientos educativos en 18 comunas a través del desarrollo de diversos programas. Desde esta experiencia queremos relevar el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en favor del bienestar de niños, niñas y adolescentes y la importancia de asegurar su sustentabilidad en los próximos años.

Actualmente hay cerca de 235.000 OSC en Chile, de acuerdo con la iniciativa Sociedad en Acción. Se trata de un conjunto diverso de instituciones que contribuyen al desarrollo social a través de la atención directa, acompañando en el desarrollo de capacidades, generando evidencia a través de la investigación o visibilizando los problemas de los sectores más postergados de la población. Muchas de ellas trabajan por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes desde distintos frentes, como salud, educación, cultura, entornos urbanos y justicia.

Parte importante del valor de las OSC es que trabajan directamente con las personas, siendo en muchos casos parte de la comunidad, lo que les permite comprender la complejidad y la heterogeneidad de las situaciones que se viven en cada territorio. En el caso de Fundación Educacional Oportunidad, los equipos educativos trabajan con la metodología de mejora continua. Esta consiste en que cada docente identifica una dificultad en su sala, diseña una estrategia y la prueba. Los aprendizajes se comparten en una red que reflexiona sistemáticamente sobre cómo mejorar los aprendizajes de niños y niñas. Así, los equipos de distintas comunas se unen bajo objetivos comunes como reducir el ausentismo crónico o potenciar las habilidades comunicativas en sus escuelas.

Estas experiencias de desarrollo local se multiplican en nuestro país a través de las OSC, que operan con el apoyo de personas comprometidas con el desarrollo integral de la niñez, a través de la gestión de recursos públicos o privados. Estas organizaciones requieren hoy atención especial.

En primer lugar, es clave que las OSC formen parte de la discusión de las políticas públicas que tengan por objetivo resguardar el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el marco de la crisis social. La visión de las OSC sobre las condiciones de vida en cada comunidad es un aporte imprescindible al momento de optimizar programas que logren tener efecto en la vida de las personas.

En segundo lugar, es esencial asegurar la continuidad operacional de las OSC durante la emergencia actual y para un futuro de mayores carencias. Por una parte, es necesario que las medidas de apoyo económico y los ajustes de recursos públicos consideren especialmente el correcto funcionamiento de las organizaciones que trabajan en primera línea con los niños, niñas y adolescentes que quedarán más desprotegidos en un entorno de mayor pobreza. Asimismo, resulta necesario facilitar los procesos de donaciones privadas para acelerar el flujo de recursos que puede canalizarse por esta vía.

El presente y el futuro de la niñez en nuestro país requiere de la voz y la acción de las organizaciones de la sociedad civil, complementando la acción pública y canalizando aportes privados. Hoy, más que nunca, es necesario mantener fuerte la capacidad de este sector para llegar donde otros no llegan.

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la Fundación Base Pública.