All posts in Entrevista

Objetivos de Desarrollo Sostenible y pandemia: tan lejos, tan cerca

En 2015 Naciones Unidas estableció un conjunto de desafíos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Estableció 17 objetivos, cada uno con metas específicas que deben alcanzarse, lo que se denominó la Agenda 2030.

La pandemia está poniendo en jaque esta cruzada.

Rodrigo Herrera, jefe Área de Reducción de Pobreza y Desarrollo Inclusivo PNUD explica que en general en el mundo ha costado que las empresas o la gente entienda la lógica de trabajo que implica implementar la agenda 2030. Y a eso se suman los efectos que la crisis del COVID tendrá a nivel social, económico y medioambiental.

“Por primera vez desde el año 90, desde que se tienen mediciones, el Indice de Desarrollo Humano en el mundo va a retroceder y Chile no va a escapar de esa realidad”.

-¿Cuáles son los ODS más amenazados por la pandemia?

El que se va a ver más golpeado es el que tiene que ver con el fin de la pobreza en todas sus formas. Y eso está vinculado al ODS del trabajo, al ODS 8. También, en algunos países de manera más dramática o en algunos subgrupos de países está impactando el ODS 2 que tiene que ver con el hambre cero. Y otro de los grupos que ya se está viendo muy perjudicado son las mujeres. No está claro si las mujeres se van a poder reinsertar de manera fácil al mercado laboral cuando la economía despegue.

-¿Cuán avanzado está Chile en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030?

Lo que nosotros vimos el 18 de octubre y vemos ahora, es que quedan al descubierto una serie de desigualdades que estaban medio ocultas. En Chile un tercio de las personas trabaja de manera informal, el 26% solamente tiene la posibilidad de hacer teletrabajo. Nuestro modelo de desarrollo no permitió que se consolidara una sociedad de clase media que habría permitido resistir de mejor manera los embates de la pandemia.

-¿Cómo podemos dar vuelta esta tendencia y avanzar de manera más decidida hacia la agenda 2030?

Se tiene que generar una reflexión sobre los desafíos que el país tiene de aquí al 2030 para avanzar a un desarrollo sostenible. Hay un llamado bien grande a acelerar, a hacer nuevas alianzas y es un llamado súper fuerte al sector privado para que vaya tomando mayor presencia en la implementación de la agenda y que podamos llegar al 2030 a un estado lo más cercano a un estado deseado de desarrollo.

 

“Hay que hacer un pacto real para poder generar esa oportunidad del perdón”

Desde Gorbea, en la provincia de Cautín, en plena región de La Araucanía, la ceramista mapuche y directora de Base Pública, Yessica Huenteman, entrega su visión del conflicto que hace dos semanas mantiene en vilo al país.

Dice que en un principio, cuando comenzaron los enfrentamientos por el desalojo de los municipios y los ataques de civiles, sintió mucha rabia y pena. Pero que más que nada, esa reacción la dejó perpleja.

“¿Qué fue lo pasó entre esas marchas por las calles por un Chile distinto, por que las dignidades sociales se cumplan, con la bandera del pueblo mapuche por todos lados? Para mí fue todo muy rápido, ver de un rato para otro a muchas personas saltando con consignas racistas. Al principio fue súper chocante”.

-¿Crees que existía un racismo medio encubierto desde la sociedad chilena del que no nos habíamos hecho cargo?

Hay que entender porqué esto sucede acá. Yo creo que este es un problema eminentemente político, que acarrea mucho de historia, historia que la gente no conoce todavía, y eso ha traído serias repercusiones en el ámbito social.

El Estado no se ha hecho cargo desde ya hace un rato. Chile, por ejemplo, elaboró un informe, levantó una comisión de Verdad y Nuevo Trato entre el año 2001 y 2003 y sacó un informe alentador y súper esperanzador el año 2006 con la presidenta Bachelet y no pasó nada. El año 2008 Chile ratifica el Convenio 169, entra en vigencia el año 2009, estamos a 11 años de vigencia de ese convenio en Chile y sucede que el Estado todavía a mí me parece que está siempre improvisando sobre cómo aplicar ese convenio en las distintas instituciones. Es el motivo por el cual los presos políticos mapuche y el machi Celestino Córdova han hecho incansables llamados al ministro de Justicia. Y lo que se pide no son privilegios, son formas distintas de tratar las causas y no se ha hecho.

Para Yessica lo que ha ocurrido y las manifestaciones de racismo en contra del pueblo mapuche son consecuencia de la forma en que el Estado ha tratado el conflicto mapuche. “Hay un abismo de diferencia entre el concepto de políticas de reparación y beneficios. El Estado chileno otorga lo que se ha denominado beneficios y no medidas de reparación para los pueblos originarios. Y siento que el Estado ha hecho una campaña comunicacional que ha jugado con la percepción de los ciudadanos y ciudadanas de este país, respecto del trasfondo real que hay detrás de esos mal llamados beneficios. Siento que eso ha poco a poco alimentado un malestar y porqué no decirlo, una odiosidad y un racismo solapado, que creo que ni siquiera los propios mapuche lo habíamos vislumbrado hasta ahora».

-¿Consideras que hay mucho desconocimiento de la historia del pueblo mapuche?

El Estado no ha sabido educar. Y por otro lado en esta misma región tenemos un sector que son los descendientes de colonos, las multigremiales que llegaron a este territorio avalados por el Estado chileno para que colonizaran tierras, todas mapuche. Es súper legítima la migración, yo estoy a favor del derecho a la migración, pero estas personas siento yo que ven Chile desde el momento en que llegaron los colonos y colonas, y lo que haya sucedido hacia atrás, no es su problema. No sé si hay una cuota de desinformación en esa actitud, de soberbia o de comodidad.

¿Una Nueva Constitución puede ser una oportunidad para solucionar este conflicto?

Siento que es una oportunidad tremenda que tiene el país, que tenemos los pueblos originarios para finalmente poder ser reconocidos desde la carta magna de este país. Pero en paralelo, creo que hay que trabajar muchísimo por hacer un cambio cultural. Aunque siento, y mira qué paradójico lo que te voy a decir, que la sociedad chilena está más preparada para dialogar con los pueblos originarios que el propio Estado chileno.

-¿Cual es el valor de la cultura para tender puentes entre el pueblo mapuche y el Estado y la sociedad chilena?

Es primordial. El pueblo mapuche en particular, nosotros, tenemos la cultura de parlamentar en el ADN, antes de que Chile se constituyera como república. Así es que sí, la cultura es indudablemente un puente muy importante para poder dialogar.

-¿Crees que hay un choque cultural en la mirada del desarrollo desde el mundo mapuche y el mundo occidental?

Dependiendo de las realidades territoriales hay una percepción distinta de la otra cultura. En algunas puede ser efectivamente un poco más chocante, pero en otra se pueden encontrar matices y formas de diálogo y encuentros. Pero también, en este tema del desarrollo, tenemos que ser súper sinceros y honestos y capaces de entender que este proyecto que venía impuesto desde una visión occidental aquí en la región no ha dado resultados. No hemos sacado a esta región de los índices de pobreza.

De verdad creo que aquí hay que hacer una especie de tregua, un pacto real para poder generar esa oportunidad del perdón, generar acciones concretas para la reparación de los daños y que nos lleve todo esto a una reconciliación genuina en una nueva realidad que esperemos sea un Chile plurinacional.

 

“Hay que universalizar las medidas que van con foco a la niñez y la adolescencia”

En Chile, el 24,2% de la población son niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Y si bien no es este el rango de edad más vulnerable ante el virus del covid-19, existen otras formas socioeconómicas y psicosociales en que la pandemia les afecta. La violencia intrafamiliar, la brecha en el acceso a la educación y la profundización de la pobreza multidimensional en la que vive el 22,9% del total de ellos, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), son factores que preocupan .

Sobre esta realidad alerta la directora ejecutiva de América Solidaria- Chile, Magdalena Valdés. “Ya sabemos que la línea abierta de la Fundación para la Confianza sólo en marzo había aumentado un 25% las llamadas, y en esa misma época, sólo cuando había tres comunas en confinamiento, la ONG Activa ya decía que había aumentado un 42 % el maltrato hacia los menores, entonces aquí hay un tema que viene directamente por la pandemia y que es una de las urgencias que vemos hoy día muy fuerte”, explica.

Magdalena Valdés asumió la dirección de América Solidaria- Chile el 1 de julio recién pasado. La Ingeniera Comercial, Máster en Finanzas y Máster en Políticas Públicas y Economía en London School of Economics, tiene una amplia trayectoria en el mundo social. Empezó su carrera en el programa de microcrédito de la fundación Techo- Chile, fue Consultora externa para la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) en París, y durante siete años fue parte del centro de investigación para Latinoamérica y el Caribe Poverty Action Lab (J-PAL), del cuál fue directora ejecutiva durante tres años. Después de esta experiencia tuvo la oportunidad de liderar la Fundación Ilumina  para la Infancia.

Mira la entrevista aquí y conoce más acerca de sus reflexiones sobre la infancia y la pandemia. 

«CoronApp expone a las personas a riesgos innecesarios relativos a los datos»

El jueves 16 de abril, el Presidente Sebastián Piñera anunció el lanzamiento de CoronApp, la aplicación que servirá para tener un mayor control y prevención del COVID-19, además de entregar ayuda remota a quien pueda estar contagiado.

Para usarla, las personas deben registrarse ingresando su número de cédula de identidad, teléfono, correo electrónico, comuna de residencia y edad, pero también se puede ingresar con Clave Única, misma utilizada para la Comisaría Virtual. La aplicación permite al usuario monitorear hasta 8 personas al mismo tiempo, informando sus síntomas al sistema: temperatura corporal, presencia de tos o flema, o problemas respiratorios agudos.

Para analizar la nueva aplicación “CoronApp”, Base Pública entrevistó a Vladimir Garay, Director de incidencia de Derechos Digitales, organización que tiene como objetivo fundamental el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el entorno digital.

Expertos en tecnología han señalado que el “CoronApp”, tiene fallas de usabilidad y de privacidad. ¿Qué factores se deben considerar para que las aplicaciones sean eficientes y den confianza a los usuarios?

En primer lugar, es importante mencionar que, si bien la tecnología puede ser una herramienta muy útil en el manejo de la crisis, una aplicación —cualquiera que sea— no va a solucionar el problema por sí misma. En ese sentido, una aplicación o cualquier otro desarrollo tecnológico va a ser útil en la medida en que sea coherente con una estrategia mayor y omnicomprensiva de las distintas aristas problemáticas que el COVID-19 hace coincidir. Y por ello, es fundamental que las autoridades cuenten con el respaldo y la confianza de la ciudadanía; de otra forma, cualquier medida propuesta va a ser recibida con suspicacia. Y esto evidentemente sobrepasa la capacidad de una app, es previo.

Así, una herramienta técnica correctamente desarrollada para hacerle frente al COVID-19 debería estar al servicio de la respuesta médica, que considere las capacidades y necesidades del sistema de salud, a la luz del desarrollo científico. Y en ese sentido, las posibilidades son muchas: quizás una comunidad requiere un buen sistema que ayude a mantener a la población informada sobre las distintas medidas que está tomando el Ministerio de Salud. Con esto quiero decir que la trazabilidad no es la única respuesta, más todavía si la autoridad no tiene la capacidad de recolectar información de forma precisa y, consecuentemente, procesar esa información para tomar decisiones. En esos casos, la aplicación no va a resultar útil y, por el contrario, puede aportar a la confusión, la desinformación y un falso sentido de seguridad, que puede terminar siendo fatal.

¿A dónde pueden ir a parar los datos introducidos en la aplicación?; ¿qué comparaciones hace con aplicaciones similares que se han desarrollado en otros países?

En aquellos casos en los que se opte por intentar generar información de trazabilidad del contagio, es importante además que las reglas que rigen la utilización de esta tecnología sea clara respecto a la excepcionalidad de su uso, estrictamente circunscrito al contexto de emergencia; claridad respecto al tipo de datos que se van a recabar, que deben ser aquellos estrictamente necesarios para monitorear al virus y no a las personas que lo portan, y los usos que se les darán a estos datos; especificar quiénes están a cargo del sistema, quiénes pueden acceder a los datos y las medidas que se tomarán para restringirlo a los motivos y las personas señalados; además establecer medidas que permitan terminar el acceso a los datos y su eventual eliminación, superada la crisis o cuando no sean necesarios.

 

 

Junto con ello, es súper importante contar con mecanismos de control externo y rendición de cuentas que permita fiscalizar y sancionar fuertemente la desviación de finalidad en el acceso y uso de los datos. Esto último en particular para proteger a los titulares de los datos de futuras discriminaciones arbitrarias en materia laboral, de salud, previsión o beneficios sociales, ya sea por el Estado o por agentes privados, por haber sido portadoras de COVID-19.

En ese sentido, los desarrollos que hemos visto en Chile y América Latina de “coronapps” es que son en general problemáticas, precisamente por no considerar estas medidas fundamentales.

Pensando en las ciudades y territorios, ¿CoronApp puede ayudar a la descentralización de la información y atención?

Por un lado, el problema con la atención es que los centros de salud facultados para poder realizar los testeos son los mismos con aplicación o sin aplicación; y, al igual que los tests disponibles, son limitados. En ese sentido, la posibilidad de hacer un autodiagnóstico a través de la aplicación plantea el potencial peligro de ayudar a saturar los servicios de salud, en la medida en que más gente va a ser dirigida a ellos, quizás con una sintomatología leve. Evidentemente, si es que hubiese tests suficientes para analizar a la mayor cantidad de población posible, sería de gran ayuda. Parece ser que las mejores respuestas van en esa línea. Pero eso es algo en lo que, lamentablemente, una app no puede ayudar.

Por otro lado, la posibilidad de entregar información actualizada y confiable es interesante como alternativa, y sumada a los otros canales de información podría ser una buena opción. Lo que habría que ver ahí es en qué medida las personas que tengan el interés por descargar esta aplicación son realmente las que necesitan ser informadas y no aquellos que están más atentos a los eventos noticiosos relativos al COVID-19. En ese sentido, la pregunta es precisamente cómo informar a ese sector de la población que probablemente ni siquiera sabe que hay una aplicación disponible.

¿Cómo esta iniciativa garantiza la entrega de información en los territorios más rezagados?; ¿qué pasa con la brecha digital?

Ese es un problema muy importante tanto en Chile como en el resto de la región a la hora de dar respuestas tecnológicas al COVID-19. Los más recientes estudios científicos en la materia establecen que para que una app tenga utilidad en la contención de la pandemia, su nivel de adopción debe ser cercano al 60%. Y eso es muy difícil de lograr en el continente, donde tanto los dispositivos como el acceso a internet son muchas veces privativos. Entonces, nuevamente la pregunta es: ¿cuál es el objetivo de la aplicación?; ¿cómo se condice con la realidad y los recursos del país?; ¿cómo se complementa con el resto de la estrategia desplegada por el gobierno?.

Finalmente, ¿ayuda o no en la lucha contra el Coronavirus?

Nuestro análisis es que la utilidad de la aplicación es bastante reducida. Sus funcionalidades son problemáticas, no solamente porque exponen a las personas a riesgos innecesarios relativos a los datos que recaban, sino también por cuestiones como la posibilidad de reportar conductas o eventos de riesgo, que se presta para ser utilizada de forma indebida o derechamente abusar de esta vulnerabilidad, para molestar a alguien. 

El control de la cuarentena descansa en tecnología que no es suficientemente confiable, pero además en la voluntad de los usuarios y usuarias en usar la app como es debido. Claramente, alguien que busque romper la cuarentena no va a usar la aplicación.  Y junto con ello, los problemas de infraestructura y conectividad que reducen de manera importante el universo de posibles usuarios, por mencionar algunos de los grandes problemas que tiene la aplicación.

El problema de la «legitimidad de origen» de la Constitución chilena

En medio de la crisis sociopolítica que atraviesa Chile, el pasado 15 de noviembre Gobierno y partidos políticos propusieron el “Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución”,  que impulsa un proceso constituyente mediante un plebiscito pautado para abril de 2020 que resolverá por un lado si los ciudadanos quieren un cambio de Constitución y, por el otro, mediante qué mecanismo. Una vez definido este último, el octubre se elegirán sus miembros.

Frente a este escenario, y con el fin de profundizar sobre algunos aspectos al respecto, Base Pública conversó con Diego Gil, doctor y máster en ciencias del derecho de la Universidad de Stanford, y abogado de la Universidad de Chile. Se desempeñó como académico (Teaching Fellow y Lecturer in Law) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford (2014-2018), y actualmente es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.

Tras este estallido social. ¿Podemos seguir hablando de cierta estabilidad en Chile?

Una de las manifestaciones de esta crisis es la fuerte deslegitimidad de todas las instituciones políticas e incluso sociales de nuestro país, entonces, yo creo que el proceso constituyente ofrece una oportunidad para relegitimarlas a través de un acuerdo en el cual se va a poder participar y elegir representantes que van a reescribir las reglas más fundamentales de nuestro sistema político. Yo creo que esta oportunidad va a lograr que la ciudadanía se conecte nuevamente con el sistema e instituciones políticas que son fundamentales en toda democracia en el mundo. Van a poder recuperar su legitimidad y atender de mejor forma el mandato que es mejorar el bienestar de los ciudadanos.

¿Qué tan importante es cambiar la Carta Magna?

La Constitución actual tiene un montón de problemas. En primer lugar tiene un problema de legitimidad de origen porque fue redactada y aprobada durante una dictadura, sin la participación de la ciudadanía; además fue pensada para imponer un sistema socioeconómico y tratar de que se perpetuara ese sistema una vez que la democracia regresara al país.

Si bien el texto constitucional ha sido modificado y varios de sus aspectos problemáticos fueron revisados y ahora tiene un contenido mayormente democrático, hay varios otros aspectos de su diseño original que siguen estando presentes: hay varios sesgos respecto a la regla mayoría, varios obstáculos para que el proceso legislativo haga reformas estructurales en nuestro sistema político, además existe una regulación deficitaria de los derechos sociales. También está la existencia de un presidencialismo muy pronunciado, y un problemático balance entre el Congreso y la presidencia de la república. Entonces, hay un montón de aspectos que se pueden mejorar de la Constitución y creo que esta es la oportunidad para hacerlo.

¿Podría cambiar de alguna forma la figura presidencialista?

Sería muy razonable y promisorio avanzar hacia un sistema que, al menos, limite un poco las facultades que tiene actualmente el Presidente. Desde el punto de vista del proceso legislativo. Claramente la Constitución actual le dio poderes extralimitados al Poder Ejecutivo. Así que cuando se discuta la nueva Carta Magna, ese será uno de los temas que se van a deliberar y reflexionar, y es muy probable que logremos que se limiten las facultades del presidente. Chile tiene cierta tradición presidencialista y no creo que sea tan fácil eliminar completamente un régimen presidencial pero si se limitan sus facultades, sería un buen resultado.

¿Cuál es el rol de la sociedad civil en el actual contexto?

Yo creo que la sociedad civil tiene un rol imprescindible en todo el proceso que va a desencadenar el plebiscito del próximo año. Lo primero es participar tanto en los plebiscitos como en la elección de las personas que van a componer la convención constituyente. Eventualmente, algunos representantes de la sociedad civil podrían presentarse a la elección para incorporarse a la convención constituyente, pero sobre todo el rol más importantes es tratar de entender la importancia del marco constitucional, y cómo eso influye en los distintos ámbitos donde trabaja y desarrolla un proceso participativo y deliberativo que permita generar insumos para la convención constituyente. 

La sociedad civil tiene mucha experiencia en términos de participación ciudadana, de diálogos ciudadanos, encuentros locales, etc., y podría generar información muy valiosa para que la convención constituyente pueda establecer cuáles son las reglas más importantes que deben estar incluidas en el nuevo texto constitucional.

Jaime Figueroa: el señor de los Cosoc

 Después de una ajetreada jornada entre los Cosoc de Las Condes, Ministerios de Justica y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el administrador público, Jaime Figueroa reflexiona sobre los mecanismos de participación ciudadana chilena. Es que el hombre que integra seis Cosoc, además de participar como Vicepresidente de la Asociación de Consejeros Comunales Metropolitana y ser el Director del Consejo de Sociedad Civil de los Organismos de la Administración Central del Estado, sabe muy bien las fortalezas y sobre todo las debilidades que presentan los Cosoc a lo largo de todo Chile, como la falta de financiamiento y la poca respuesta de las autoridades a sus demandas.

¿Qué cambios urgentes se deben hacer a la Ley de Participación Ciudadana (20.500) para mejorar los Cosoc?

La ley ya es buena en el sentido de que garantiza muchas cosas que antes no se permitían. Si se utiliza bien y se aprovechan todas las instancias, se puede asegurar la participación ciudadana en toda la gestión pública. El primer paso es que se implemente en su totalidad. Pero mi opinión no es determinante para que sí cambien cosas a la ley, como sancionar a alcaldes y otras autoridades que no respondan los requerimientos de los Cosoc.

Otro tema que se debería cambiar, son las restricciones al financiamiento de estas organizaciones. En el Cosoc del Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde participo, hay inscritas personas de Arica a Magallanes que no pueden viajar a Santiago para asistir a las reuniones porque no hay recursos. En este caso conversamos con ellos vía teleconferencia, aunque no es lo mismo que discutir los temas en persona.

¿Deben ser los Cosoc realmente vinculantes?

Los Cosoc no pueden ser plenamente vinculantes (que sus propuestas sean realizadas), porque no son autoridades y no pueden estar pauteando al ministro de cómo hacer las cosas. A parte, los Cosoc no son un organismo técnico, son personas que representan a los ciudadanos. Lo que sí tienen que ser es incidir, lo que se traduce en que si el Cosoc hace una propuesta o consulta, debe recibir una respuesta de la autoridad con las razones de su decisión.

¿Y en qué áreas los Cosoc pueden ser vinculantes?

En áreas que los afecten directamente, como en las consultas ciudadanas, presupuesto municipal, plan de inversiones o modificación al plan regulador.

Las municipales son más cercanas a la gente, ¿pero en el caso de instituciones más grandes como un ministerio? 

Va a depender de cada institución pública y es mucho más difícil identificarlas, porque hay elementos técnicos. En el caso del MOP, debiese ser  obligatorio que se consulte a las comunidades que les afectará la construcción de una carretera o puente. El otro día estábamos analizando la modificación a la autopista La Pólvora y nos dimos cuenta que el nuevo trazado es casi igual que al que ya estaba. Entonces ahí nosotros pedimos explicación sobre por qué se están gastando recursos en una carretera que ya existe. Ahí podemos ejercer un poder incidente para que nos den respuesta, pero si la nueva construcción es por problemas técnicos de la actual autopista, no podemos oponernos.

Hay opiniones que apuntan a que los alcaldes no deberían presidir los Cosoc.

Es que depende del alcalde. En el caso de Las Condes, Joaquín Lavín va a escucharnos unas 4 veces al año, y cualquier decisión que tomemos se la informamos por medio de un oficio. Hay otros alcaldes que se creen amos y señores del municipio y no dejan que los Cosoc cumplan su función. En mi opinión, los ediles tienen mucho poder y pueden hacer lo que quieren, debería repartirse ese poder entre el Concejo Municipal y los Cosoc, siendo organismos complementarios, ya que hay concejales que nos ven como competencia.

¿En qué sentido los ven como competencia?

Es que hay concejales que no incorporan a la comunidad en sus decisiones y generalmente son elegidos por los partidos políticos, no por la gente. Los Cosoc son representantes de la ciudadanía y velan por sus intereses. Generalmente los concejales fiscalizan al alcalde, pero ellos no son fiscalizados y en eso los Cosoc tienen un rol fundamental en la rendición de cuentas de toda autoridad política.

Un ejemplo claro de esto, es la piscina que se quería construir en el Parque Padre Hurtado. El alcalde de Las Condes, si hubiese querido la habría construido con el apoyo del Concejo Comunal, pero decidió preguntarle a las personas y vimos que ellos tenían una posición totalmente distinta a las de las autoridades.

¿Falta voluntad política para fortalecer la participación ciudadana?

Ceder poder es lo más difícil que hay y nadie lo hace de forma gratuita. El poder es la vestimenta del ego de las personas y por eso es casi imposible que las autoridades cambien algo por iniciativa propia. La voluntad política se logra cuando hay crisis y hoy Chile vive una crisis de confianza en sus instituciones públicas. Por eso es tan importante que universidades, gremios, colegios profesionales y fundaciones sean incidentes en la sociedad y así fortalecer la democracia. El poder está débil, así que es el momento de que la sociedad civil se tome los espacios para que sean escuchados.