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Pueblos originarios: invisibilización y falta de políticas pertinentes frente a la pandemia

La crisis sanitaria ha tenido un impacto diferenciado en ciertos sectores debido a condiciones estructurales de desigualdad, como es el caso de los pueblos originarios, cuyo reconocimiento no se expresa en la Constitución Chilena, y a esto se le suma el que, hasta ahora, no existan cifras oficiales de cómo les está afectando la pandemia, ni políticas públicas pertinentes a su situación socioeconómica, territorial y cultural.

La crisis sanitaria que progresivamente ha generado daños importantes en el mundo por las miles de pérdidas humanas y el deterioro de la calidad de vida, también tiene efectos negativos diferenciados, es decir, que existen sectores que, por un conjunto de condiciones de desigualdad, son mucho más afectados que otros, como es el caso de los pueblos indígenas que, ya antes de la pandemia del covid-19,  tenías tres veces más probabilidades de vivir en extrema pobreza que los no indígenas y además, las crisis y epidemias les afectaban “de manera desproporcionada”, como lo señala el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Ahora, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) los ha incluido en el listado de poblaciones más afectadas por los impactos socioeconómicos de la actual crisis, junto a mujeres, trabajadores informales, trabajadoras domésticas remuneradas, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, entre otros grupos cuyas vulnerabilidades se profundizan. 

La realidad de los pueblos indígenas en Chile, que representan aproximadamente el 13% de la población del país (2.158.792), no escapa de lo anterior, sumando, además, el elemento estructural de su no reconocimiento constitucional, pese a que han transcurrido doce años desde que Chile firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que da un marco regulatorio para el desarrollo y la protección de este sector. “El reconocimiento constitucional de los Pueblos Originarios es un deuda histórica, que debe ser abordado en el Proceso Constituyente. La regulación de escaños reservados para Pueblos Originarios en el órgano constituyente es también una tarea pendiente que ya ha sido debatido en el Congreso Nacional y que esperamos se concrete”, aporta al respecto Amaya Alvez Doctora en Derecho, y profesora e investigadora de la Universidad de Concepción.

Reconocimiento constitucional y pandemia

El reconocimiento constitucional es una de las luchas de los pueblos originarios en cualquier lugar. Estamos hablando de 476 millones de pueblos que constituyen aproximadamente el 6% de la población mundial. 

Pero, por qué es tan importante que se le dé un estatus constitucional. Los investigadores Claudio Fuentes y Juan Esteban Fernández, de la Universidad Diego Portales, en su investigación “Reconocimientos de los pueblos indígenas: qué y cuánto se reconoce en las constituciones del mundo”, explican tres razones fundamentales que tienen que ver con un plano normativo para precisar quiénes conviven en un territorio; un plano sociopolítico de reconocimiento de derechos y un plano que tiene que ver con ir avanzando hacia la profundización de la decisión de los Estados de reconocer este sector, decisión expresada en los convenios y tratados internacionales que firmaron.

En 2019, con el estallido social, estuvieron muy presentes las demandas de esta población de cara a la exigencia ciudadana de una nueva Constitución. Base Pública recogió algunas de ellas en el siguiente Rueda Base.

En este orden de ideas, para Natalia Caniguan, Directora del Instituto de Estudios indígenas e interculturales de la Universidad de la Frontera e investigadora adjunta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), una de las consecuencias importantes de esta falta de reconocimiento en un contexto de crisis como el actual es la ausencia de registros oficiales específicos de cómo este sector está siendo afectado,  y la falta de políticas de cara a sus realidades territoriales, socioeconómicas y culturales. “No hay estadísticas oficiales, y, además, las medidas que hemos visto son de corte bastante urbano. Creemos que hace falta un diálogo, que genere información pertinente a los territorios, la vida rural es bastante distinta, y tenemos que pensar en que en los sectores rurales no hay servicios, tienen que salir necesariamente a sus centros urbanos cercanos para abastecerse de comida, incluso abastecerse de agua, o sea, hay territorios rurales que hoy en día no tiene agua, entonces también hay que prever esas situaciones”.

Otras condiciones preexistentes que caracterizan a los pueblos indígenas latinoamericanos, hacen compleja su situación frente a la pandemia: la falta acceso al agua para lavarse las manos, considerando la crisis hídrica por la que atraviesan muchos territorios en Chile, la dificultad en el acceso a servicios de salud, las enfermedades de base. “La creciente situación de la enfermedades no transmisibles o crónicas que en muchos casos no están diagnosticadas ni controladas como son la diabetes y la hipertensión, así como problemas de inmunodeficiencia y condiciones como desnutrición y anemia crónicas, además de infecciones endémicas como la tuberculosis, la malaria y el dengue con una alta prevalencia, que sumados a la falta de acceso a servicios de salud, pueden ser letales” , explica el Fondo de Población de las Naciones Unidas en su informe “Implicaciones del COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe”.

Enfoque de género y pueblos indígenas

Organizaciones de la sociedad civil, vienen haciendo énfasis en lo difícil que se ha tornado para las mujeres y niñas enfrentar la crisis sanitaria por los problemas estructurales de desigualdad y la falta de redes de apoyo a propósito de las cuarentenas y el distanciamiento físico. “El abordaje de esta pandemia no tiene una perspectiva de género y las mujeres no vivimos esta pandemia de la misma manera como la viven los hombres, a propósito de la sobrecarga en horas de trabajo que tenemos, y de trabajo no remunerado que tenemos en la casa”, explicaba Yolanda Pizarro Carmona, Directora de Equidad de Género en LaresHub, en la columna grabada para nuestra fundación “Jefatura femenina: ¡en esta crisis no pueden solas!”. Además de ello, otro elemento importante ha sido el aumento de la violencia intrafamiliar

Las mujeres indígenas históricamente han sufrido de violencia interseccional, discriminación, violaciones de sus derechos políticos, sociales y económicos todos agudizados en contextos de conflictos armados, ejecución de proyectos en territorios indígenas, su militarización; violencia doméstica, entre otros señalados por los organismos internacionales.

En este sentido, y considerando los impactos diferenciados, y las vulnerabilidades múltiples: ser mujer e indígena, el no contar con estadísticas oficiales sobre la situación de los pueblos indígenas en el contexto actual, conlleva a que tampoco se tengan cifras sobre la particular situación de las mujeres indígenas. “Como no tenemos datos, tampoco contamos con datos desagregados dentro de pueblo y género. Creemos que, por supuesto, están viviendo todas las complejidades de este proceso y de este sistema, pero lamentablemente no tenemos mayor información al respecto”, asegura la investigadora Caniguan, coincidiendo también con la opinión de la doctora Alvez: “Dado que los índices de pobreza afecta más a mujeres indígenas, será también mayor la afectación frente a la pandemia”, concluye.

¿Cómo diseñar medidas que consideren a los pueblos indígenas frente a la crisis sanitaria?

Las recomendaciones de organismos internacionales para el diseño e implementación de medidas efectivas, consideran: el reconocimiento de los pueblos indígenas, su inclusión en la construcción e implementación de estrategias asegurando la participación de las mujeres; el respeto a la libre determinación; la construcción de mensajes en lengua indígena; asegurarles el acceso a la información y tecnología; garantizar el acceso al agua; respetar e incluir en la estrategia el sistema de sanación propio que tiene cada pueblo; y asegurar el acceso a la educación, entre otras.

En el caso específico de Chile, se suma la importancia de tener estadísticas segmentadas, como lo señala la investigadora Natalia Caniguan. “Lo primero es la necesidad de contar con datos desagregados y diferenciados por pueblos indígenas, que se catastre efectivamente cómo el covid-19 está afectando a los pueblos indígenas”; a esto, la antropóloga agrega también la necesidad de un trabajo conjunto con las instancias locales para que las medidas sean pertinentes. “Hay que prever mucho más el cómo se vive en los territorios rurales para poder tomar medidas que permitan que efectivamente la gente pueda quedarse en sus casas pero de manera digna”, precisa.

Si quieres conocer más sobre la opinión de Natalia Caniguan, Directora del Instituto de Estudios indígenas e interculturales de la Universidad de la Frontera e investigadora adjunta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), mira la siguiente entrevista.

Iniciativas ciudadanas son esperanza en tiempos de crisis

Para enfrentar esta crisis sanitaria sin precedentes en el último siglo, necesitamos más cercanía humana que física. Y esto lo han entendido los ciudadanos que mediante iniciativas de apoyo han sido el motor de la solidaridad y la empatía.

Ya van más de 2 millones de personas en el mundo que se han contagiado de coronavirus, lo que ha desembocado en el colapso general del sistema de salud. Frente a esto, una de las principales medidas que han adoptado los países, incluyendo Chile, es la  cuarentena, sea obligatoria o voluntaria. En medio de esta crisis, con distanciamiento físico como contexto, se han levantado iniciativas ciudadanas que han permitido fortalecer el tejido social. Así, hemos visto desde apoyo de vecinos organizados, profesionales voluntarios para prestar ayuda en violencia de género; asistencia y acompañamiento vía telefónica para adultos mayores o personas con problemas de salud mental; pasando por la entrega de canastas con insumos básicos para las familias más vulneradas; hasta conciertos virtuales de reconocidos artistas, entre otras expresiones de solidaridad.  Incluso, el solo hecho de hacer cuarentena voluntaria es un acto de responsabilidad social, al entender que prevenir el contagio propio, previene el de los demás y sobre todo el de los grupos de riesgo.

Dentro de estas iniciativas de la sociedad civil están aquellas que tienen como objetivo apoyar al colapsado sistema público. Una de ellas es la organización de un grupo de vecinos de Peñalolén que está confeccionando mascarillas quirúrgicas para el personal médico del Hospital Luis Calvo Mackenna. 

Son 20 vecinos que a pesar del distanciamiento físico que ha implicado la pandemia, han aprovechado la tecnología, y a través de la aplicación Whatsapp se coordinaron para buscar materiales, dividir la cantidad de mascarillas que pueden hacer cada uno, y entregar al hospital. Uno de los logros de este trabajo en equipo fue haber conseguido una máquina para cortar tela, lo que permitió aumentar su producción. Estamos hablando de que en los primeros 3 días funcionando habían confeccionado más de 1.000 mascarillas.

Manuela Garretón es diseñadora de vestuario independiente, y dada la contingencia, su taller en Providencia se encuentra cerrado y su negocio en pausa. Esta iniciativa la volvió a activar. “Por vivir bajo privilegio -vivo en mi casa materna- no tengo que generar dinero para pagar ningún servicio. He estado con muchas ganas de hacer cosas, pero al mismo tiempo superdesanimada, con mucha incertidumbre, y quizás lo que me hizo poner en plan de activarme fue poder ayudar a otros», expresó.

Manuela es quien se encarga de buscar los materiales y distribuirlos, tomando las estrictas medidas para evitar el contagio. Además junto a otras dos vecinas coordina el uso de la máquina que corta los pliegos, y gracias a su experiencia, puede automatizar mejor el proceso. “Aunque estamos hablando de miles de productos, yo creo que nunca había trabajado cortando ni cosiendo más de 100 productos», contó. Luego de cortar las telas, distribuyen los materiales y cada designada por zona geográfica reparte a las demás voluntarias.

Esta actividad ha estrechado lazos entre las vecinas, pero Manuela se lo atribuye a  otro hito histórico. “Desde el 18 de octubre nos salimos de nuestras individualidades y hemos empezado también a conocer nuestros barrios más cercanamente, por lo menos yo por ejemplo me empecé a congregar en una agrupación feminista en Peñalolén».

 

Por ti, por mí  y por todos mis compañeros

No sólo es la confección de mascarillas la única iniciativa ciudadana. Techo-Chile junto a Hogar de Cristo, Fondo Esperanza, Movidos por Chile, Red de Alimentos y Servicio Jesuita a Migrantes, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, lanzaron la campaña “Chile Comparte” orientada a recolectar insumos básicos como comida y productos de higiene para entregar a las familias más vulneradas.

En esta línea también está la iniciativa de  la Secretaría de Mujeres Migrantes que busca financiamiento para armar canastas básicas de alimentos para la población migrante, afectada por el creciente desempleo dado el contexto actual.

La Covid-19 también ha obligado a otras cooperativas a cambiar su sistema colaborativo, como le pasó a  “La Canasta”, una organización sin fines de lucro que hacía ocho años venía trabajando con productos amigables con el medio ambiente, alimentos sin agrotóxicos, y orgánicos, en alianza con pequeños productores agrícolas, beneficiando a sus socios. Pero, cuando partió la cuarentena voluntaria, decidieron abrir sus puertas para que cualquier persona (socia o no) pudiera hacer pedidos. El trabajo se ha triplicado, por lo que son muchas las manos que se han necesitado en este último tiempo.

Son 100 voluntarios que trabajan rotándose semanalmente en equipos de 20. “Definimos tres cosas centrales para poder operar en esta contingencia, la primera es que vamos  a abrir a todo el mundo; la segunda que vamos a repartir, cosa que nosotros nunca habíamos hecho; y la tercera nos dimos cuenta de  que nuestra oferta tiene la limitación relacionada al cambio de estación y es que teníamos muy poca fruta y que la gente igual iba a salir a comprar a otro lado. Entonces resolvimos un acuerdo con la feria de Peñalolén para traer frutas, y así  venderlas acá a precio costo” detalla Jossie Escárate, socia de La Canasta.

#TodosJuntos

No todos los actos de solidaridad tienen detrás un aparataje, ni una gran logística, hay otros más cotidianos que de igual manera son invaluables: vecinos que se ofrecen para hacer el aseo de sus edificios o el cuidado de los jardines comunes, de manera que los conserjes puedan cumplir su cuarentena, sobre todo aquellos que son adultos mayores; aquellos que dejan libros en la entrada de sus casas para que alguien más  pueda leerlos; los músicos que tocan su instrumento desde el balcón; otros que se ofrecen a hacer las compras de personas pertenecientes a grupos de riesgo; ciudadanos que reparten comida en las largas colas que se hacen para cobrar el seguro de cesantía, o al personal de la salud que se expone día a día para enfrentar la pandemia. Todo esto nos dice que el contacto físico es importante, pero lo que mantiene el tejido social son la solidaridad y la empatía.

«Quizás esta crisis nos enseñe de una vez que no somos tan diferentes y que nuestra humanidad podría tener entre manos un destino común de empatía y cuidado por los otros. Y hoy como nunca en nuestra historia hemos experimentado esa certeza» reflexiona Nicolás Cruz, director ejecutivo de la Fundación base Pública.

Conoce más sobre estas iniciativas en nuestra Cápsula BP.

 

Radiografía a la Sociedad Civil Chilena

¿Qué son las Organizaciones de la Sociedad Civil? ¿Cuántas hay en Chile? ¿Dónde están? ¿Qué hacen y cuánto empleo generan? La siguiente infografía responde estas y otras preguntas sobre las diferentes formas de participación ciudadana y su reglamentación para fortalecer la democracia chilena.

Fuentes: Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad 2018, realizada por Fundación Trascender y Cadem; Informe Final del Estado de la Participación Ciudadana en Chile y Propuestas de reforma a la ley 20.500, Servel; Fundación Sol, Estudio Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas UC y Chile+Hoy¬†

Diáspora Venezolana en Chile: Una Comunidad Organizada

Tres millones de ciudadanos venezolanos están repartidos por el mundo, según informe de ACNUR, de los cuales 2.400.000 se encuentran en países de América Latina. En Chile son la tercera colonia más grande y destacan por ser una de las comunidades más organizadas. Este lunes 19 de noviembre se presenta el libro «Florecer lejos de casa» en Base Pública.

Las cifras son parte de la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela y que ha provocado la migración del 10% de su población (3 millones), según un informe de la situación de la diáspora venezolana, realizado por la agencia de la ONU para refugiados, ACNUR. El destino de estas personas pareciera ser seleccionado por la cercanía, así, mientras un millón de personas se han quedado en Colombia, otro medio millón en Perú, 220 mil en Ecuador, en Argentina 130 mil y en Chile 108 mil migrantes y refugiados. En tota, son 2.4 millones los que se han dispersado por Latinoamérica.

“Millones de venezolanos en el exterior. Gente que huye de la crisis. La tendencia refleja que este número seguirá un dramático ascenso, del cual por ahora no conocemos tope”, introduce Ángel Arellano en su libro Florecer lejos de casa, que narra testimonios de la diáspora y que será presentado el próximo lunes 19 de noviembre en la Base Pública y contará con la participación de Arellano, quien coordinó la realización del libro con distintos profesionales venezolanos alrededor del mundo.

Esta obra se compone de breves relatos que dan cuenta de cómo ha sido la llegada de venezolanos a distintos países de América y Europa. Esta nacionalidad se ha convertido en la tercera colonia con más población en Chile, tras la peruana y la colombiana. Es que la llegada de migrantes y refugiados desde Venezuela, aumentó más de 200% desde el 2015, que coincide la llegada de Maduro al poder.

“Yo siempre repito esto: ‘es la mejor decisión que he tomado en mi vida’. Mi vida cambió drásticamente. De tener muy poco y con poca proyección, aún siendo profesional y de una familia educada, no había futuro allá, entonces llegar aquí y darte cuenta que las cosas las puedes lograr siempre y cuando trabajes, es maravilloso”, señala Jorge León, ingeniero informático radicado en Chile desde enero de 2014.

 

ORGANIZÁNDOSE EN COMUNIDAD

León fue el primero de su círculo cercano en llegar a Chile, por lo que desde Venezuela comenzaron a preguntarle por las posibilidades de trabajo, por las visas, por encontrar departamento. Entonces tomó la decisión de crear el blog Venezolano En Chile (VEC), un sitio donde publicar, desde su experiencia, información que puderan necesitar sus compatriotas. “El fin específico y pronto es ayudar a alguien en su caso particular, pero el fin último es lograr que la comunidad venezolana sea organizada, que haga las cosas responsablemente, correctamente; que no dañemos la imagen que los chilenos tienen de nosotros, al menos la mayoría de ellos, y lograr que esa imagen del venezolano se mantenga positiva”.

Es que Chile ha otorgado 130.406 residencias definitivas para refugiados y migrantes venezolanos, datos hasta el 31 de octubre de 2018. La crecida de estas cifras preocupan a León, quien cree que la imagen de su colonia pueda verse afectada, ya que “mientras más gente haya, más chance hay de que pasen cosas negativas, estas últimas hacen mucho más ruido que las las positivas”. Es por esto es que a través de su página intenta fomentar la migración responsable para que el que salga de su país no sea un problema para el país que lo recibe.

A nivel latinoamericano, sólo Colombia ha entregado más residencias definitivas que Chile a los venezolanos, con un total de 415.298, mientras que Perú (110.000), Ecuador (97.000) y Argentina (93.000) completan los cinco primeros de la lista. En total, un millón de permanencias definitivas han recibido ciudadanos venezolanos, mientras se tramitan unas 350 mil más en la región.

“Todos buscamos la forma de salir porque uno siempre aspira a tener calidad de vida, estar tranquilo, tener estabilidad y paz. Yo perdí eso hace tiempo en Venezuela”, narra Luna Ramírez, educadora de párvulos y migrante venezolana que llegó en abril de 2017. En pleno otoño y acercándose el invierno, se dio cuenta del problema que presenta el clima frío de la época, por lo que realizó junto a amigos un ropero para recibir donaciones y entregarlos a migrantes necesitados. Así formó la Red de Apoyo Solidario (RAS).

Posterior al ropero solidario, en RAS comprendieron que había más formas en las que podían ayudar: realizaron charlas, visitas al zoológico y  un evento navideño el año pasado. “Tratamos de vincularnos también con otras organizaciones que hacen actividades y brindan apoyo. Esa es otra de las funciones, tejer redes, porque de repente RAS no puede brindar un apoyo, pero sí conozco a quién lo podría hacer”, señala la fundadora.

Para León, la población venezolana, desde al menos los últimos cinco años, ha tenido los mayores índices de interacción a través de redes sociales, de esta forma “estamos bien conectados y se nos facilita conseguir objetivos porque la primera parte comunicativa ya la tenemos cubierta”.

Tanto el ingeniero como la educadora reconocen que existe una correlación entre el nivel académico de sus compatriotas migrantes y la capacidad organizativa de su comunidad. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó en julio de 2018 la primera Matriz de Seguimiento de Desplazamiento, para caracterizar a la población venezolana en nuestro país.

Esta cuenta con una alta calificación académica, con un 63% de profesionales entre los entrevistados. “Cuando los reúnes ellos querrán aplicar sus conocimientos, experiencias y habilidades, no quedarse en lo básico sino que ir más allá. Eso es un punto importante. Nos falta mucho por crecer, pero vamos apuntando a ser una comunidad cada vez más organizada”, comenta Ramírez.

“Si vamos a ser parte de este país, hay que hacerlo civilizadamente, no hay otra manera. De lo contrario seremos un caos y sufriremos las consecuencias por no hacerlo bien. Mientras podamos mezclarnos, progresar y ayudar al país, nos irá bien”, cree Jorge León.

«Ningún país queda ileso de las migraciones, estos cambian y las personas también. Pero siempre es un cambio positivo, siempre es beneficioso», concluye Luna Ramírez.

¿Cómo Solucionamos el Déficit Habitacional?

 

Daniel Jadue, Alcalde de Recoleta.

“La integración no se logra haciendo que las personas estén cerca, sino cuando viven y estudian juntas, que vayan a las mismas plazas y centros de salud, que transiten con la misma facilidad. Debemos construir una ciudad inteligente y no bajo el parámetro que hoy día se discute. Una ciudad donde la mayoría resuelva sus problemas acuciantes a la distancia de una caminata”.

 

Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes.

«Todas las ciudades deben hacerse cargo de la falta de habitación de sus vecinos. No podemos “armar” comunas lejos, como guetos, que no sean parte de la realidad. Todos formamos una vida en común, por eso queremos la integración social y que se acabe la segregación que hay en Santiago, donde los pobres están en la periferia. La idea es que las constructoras asignen en sus edificios una cuota a viviendas sociales, que eso tenga un incentivo, y que esa integración se haga en distintos barrios».

 

Luis Eduardo Bresciani, docente en la Pontificia Universidad Católica y ex presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

“Una ciudad sin barrios con diversidad social y acceso equitativo a bienes públicos, no es una ciudad sostenible. Junto con la educación, el acceso a la vivienda inclusiva es la herramienta central para lograrlo, y su éxito depende en forma crítica de la gestión y regulación del suelo urbano, para impedir que el valor del suelo sea el factor que define el acceso a la ciudad”.

 

Sergio Baeriswyl, futuro presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Premio Nacional de Urbanismo 2014 y profesor de la Universidad del Bío-Bío.

“Se deben impulsar políticas de crecimiento urbano más equilibradas en su relación, densificación y expansión. Además, contar con un sistema de transporte público con buena cobertura y alta calidad. También es necesario promover diferentes programas de acceso a la vivienda, considerando el sistema de arriendo y asegurando la diversidad social, cultural y funcional en los barrios”.

Juan Pablo Urrutia, arquitecto de la Universidad de Chile con magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios.

“Radicando a los allegados en sus barrios en vez de enviarlos a casas en la periferia. Para ello es necesario densificar las áreas centrales y pericentrales de las ciudades donde la mayoría de ellos viven. El suelo con buena localización –el bien más preciado para garantizar acceso a la vivienda– ya lo tienen, hace falta reformular las políticas de vivienda para potenciar este tipo de intervenciones que consolidan las redes sociales existentes”.

Julieta Palma, doctorado en Sociología de la Universidad de Cambridge, magíster en Gestión y Políticas Públicas, y Socióloga Universidad de Chile.

“El tema no es sólo resultado de un déficit habitacional. Incluso con una buena política de vivienda, cabe preguntarse si las familias podrán sostener una autonomía residencial. Ante una insuficiente oferta estatal en cuidado infantil y de personas mayores, y una oferta privada cuyo alto costo la restringe sólo a los sectores de mayores ingresos, vivir de allegado puede ser una forma eficiente de resolver las necesidades de cuidado de las familias chilenas actuales”.

Daniela Sáez, dirigenta del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) de Peñalolén.

“Debe existir voluntad política de resolver el déficit habitacional que vive Chile, que se arrastra desde la década de los 80 y que se ha profundizado a lo largo de los años. Además se debe regular el arriendo y terminar con el lucro que esto conlleva, que produce que familias que ganan el sueldo mínimo deban destinar más de la mitad de su dinero en pagar un arriendo”.

 

Slaven Razmilic, economista y máster en Economía con mención en Políticas Públicas, PUC; máster en desarrollo urbano, MIT; investigador en el Centro de Estudios Públicos.

«Necesitamos de una planificación urbana con grados de flexibilidad y mirada de largo plazo, que converse con los programas habitacionales y la inversión en infraestructura. Sin esto será imposible de acomodar integradamente las viviendas que faltan y las que se requerirán en el futuro producto de nuevas demandas”.

 

Doris González, dirigenta y vocera de movimiento Ukamau.

“Debemos seguir ampliando el diálogo, teniendo en cuenta que el problema habitacional no se soluciona sólo con mesas de expertos, sino que también con la sociedad civil. La ciudadanía aporta un conocimiento que no se puede encontrar en la academia, como la organización de poblaciones enteras que funcionan sólo con la autogestión y son un ejemplo de cómo se deben construir los barrios”.

 

Joselyn Baeza, presidenta del Comité de Vivienda Newen de Ñuñoa. 

 “El gobierno debería priorizar los gastos que hace para distintos ministerios para enfocarse en el tema de la vivienda. Si es que ya hay edificios construidos, el Estado debiera destinar parte de esos departamentos a allegados que postulen a subsidios o créditos hipotecarios”.

 

Kenzo Asahi, doctor en Políticas Sociales de la London School of Economics, magíster en Administración Pública en Desarrollo Internacional, Harvard.

“Sería ideal que las viviendas sociales sean en barrios del 75% de familias con mayores oportunidades. De esta forma, familias del 25% más vulnerable podrían gozar de los beneficios de estar en zonas cuyos servicios públicos gocen de un financiamiento mayor que los de zonas excluidas. Un desafío inmediato sería localizar dichos barrios y costear una propuesta de este tipo”.

 

Pilar Goycolea, directora ejecutiva de la Fundación Urbanismo Social.

“Para enfrentar el déficit habitacional debemos diversificar las soluciones habitacionales, dejando de estar centradas únicamente en la propiedad. Igualmente es fundamental contar con un banco de suelo que entregue a los proyectos de vivienda acceso a los sevicios y oportunidades equitativamente en la ciudad, y aumentar la inversión y gestión social que permita, a través del involucramiento de las personas, una sostenibilidad física y social de sus barrios”.

Los Objetos de la Memoria y la Sociedad Civil

Son recién las 10.30 de la mañana y cinco grupos de escolares de distintos colegios de la Región Metropolitana hacen fila afuera del Museo de la Memoria. María Luisa Sepúlveda (70), presidenta del Museo, los mira desde su oficina mientras conversa con varios funcionarios sobre el evento del día. Es que en una nueva conmemoración del día del Detenido Desaparecido (30 de agosto) todo debe salir perfecto. Habrá un acto masivo del conjunto folclórico Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, famosos por la cueca sola, los grupos musicales Sol y Lluvia, Villa Cariño y el vocalista de Illapu, Roberto Márquez.

María Luisa se prepara para hacer nuevamente el recorrido que ha hecho cientos de veces y que realizó por primera vez el 11 de enero del 2010, día en que se inauguró el Museo de la Memoria. Mientras se dirige al primer piso, cuenta que desde sus 25 años, cuando llegó al comité Pro Paz en 1973 como abogada, se dedica a la defensa de los derechos humanos (DDHH). En esta institución, que luego pasaría a ser la Vicaría de la Solidaridad, conoció el sufrimiento de cientos de chilenos: fue la encargada de atender a las víctimas y familiares de presos políticos y detenidos desaparecidos de la dictadura militar del General Augusto Pinochet.

“Vivimos muchas cosas. Como la muerte de José Manuel Parada”, dice María Luisa mientras muestra la foto de su compañero de trabajo en la Vicaría, quien junto a Manuel Guerrero y Santiago Nattino, fue degollado en 1985 por la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). Siendo la última directora ejecutiva de la Vicaría de la Solidaridad, María Luisa siguió su defensa de los DDHH en democracia, participando en las diferentes comisiones para exigir reparación y reconocimiento a las víctimas de la dictadura. Pero no fue hasta el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando le hicieron un ofrecimiento que no pudo rechazar: ser la ideóloga del Museo de la Memoria, lugar para recordar y entender lo que pasó en Chile durante 17 años.

“La sociedad civil ha sido muy importante para realizar y mantener este lugar”, apunta Sepúlveda mientras se acerca al primer objeto que nos quiere mostrar, una máquina de escribir destruida en el bombardeo a La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

“Esto representa el quiebre de la institucionalidad democrática chilena. La máquina de escribir fue entregada por la Fundación Salvador Allende, que muestra el compromiso de la sociedad civil para entender lo que nos pasó en esa época”, expresa María Luisa.

Al costado del primer piso del edificio, María Luisa camina entre la decena de niños que miran los objetos y fotografías del pasillo, se detiene en un retrato en blanco y negro que muestra a unos hombres detrás las rejas que separan la pista atlética de las graderías del Estadio Nacional.

“Esta foto la sacó un fotógrafo extranjero desde uno de los edificios frente al Estadio. Gracias a esto la comunidad internacional supo por lo que estaban pasando los chilenos y decidió reconocer y condenar las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo”, comenta.

A unos cuantos pasos de la fotografía, se encuentra una carta firmada por miembros del partido Democracia Cristiana (DC) dos días después del Golpe de Estado, condenando la acción realizada por las Fuerzas Armadas y de Orden del país. Entre los que firmaron la carta se encuentra Andrés Aylwin, incansable defensor de los DDHH y que falleció el 20 de agosto pasado.

“El significado de esta carta es gigante. Este partido fue uno de los principales detractores al gobierno de Salvador Allende, pero cuando vieron el quiebre democrático, alzaron sus voces para condenar lo que estaban realizando los militares en el país”, explica María Luisa.

A unos pocos metros de estos objetos, se pueden ver dos papeles con un listado de nombres de hombres y mujeres. María Luisa cuenta que un día llegó a la Comisión de Verdad y Justicia una persona que no se quiso identificar y dejó un pequeño paquete en la entrada del recinto. El objeto contenía cientos de páginas con nombres de las personas detenidas en distintos centros del país. Estas listas fueron hechas por los mismos militares para identificar a los supuestos detractores del régimen.

“Gracias a esa persona anónima pudimos darle seguimiento a todos los que habían sido detenidos, además de tener un documento para comprobar que en Chile existían presos políticos”, señala María Luisa.

En uno de los ventanales del Museo se puede vislumbrar una larga escalera oxidada con un centro de observación en la punta. El objeto era utilizado en uno de los cuarteles de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para vigilar tanto a las víctimas, como a los victimarios.

A unos pasos de este ventanal se ve una serie de manualidades: aros, lápices, cuadros hechos en cobre y cuadernos que sirvieron como diarios de vida. Se trata de algunos de los objetos que realizaron los presos políticos bajo cautiverio.  

“Esta era una forma de mantenerse ocupados, vivos, conscientes. Que los mismos presos políticos hayan donado sus creaciones significa que siguen vivos a través de estos objetos y que no se rindieron a pesar de todo lo que tuvieron que vivir”, relata María Luisa.

Para terminar, al centro del museo se encuentra una especie de altar donde hay fotografías de distintos tamaños que en su conjunto forman un gran recuadro.

“Son las fotos de los que no sobrevivieron a la dictadura”, dice María Luisa, y agrega que este lugar es su favorito ya que fue construido con la ayuda de familiares de detenidos desaparecidos, que donaron el retrato de sus seres queridos al que nunca volvieron a ver.

“A veces los familiares vienen y se quedan mucho rato mirando las fotografías. Este lugar es un espacio de encuentro con la persona que ya no está”, expresa la mujer quien se acerca a observar a un grupo de niños que está revisando la historia de estas personas en una pantalla didáctica.

“La idea del museo es esta. Que los más pequeños puedan aprender del pasado para que no se vuelvan a cometer los mismos errores”, finaliza María Luisa.