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¿Cómo incentivar las denuncias de hechos de corrupción y colusión en Chile?

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Desde el mundo de las políticas públicas se insiste en que la delación compensada es una herramienta clave en la lucha anti-carteles. En este sentido, suele citarse la experiencia en Europa a comienzos de la década de los 90, donde la implementación de la delación compensada duplicó el número de carteles detectados y quintuplicó la magnitud de las multas recaudadas. Por otro lado, sin embargo, las organizaciones sociales miran con sospecha el que una empresa pueda salir libre de polvo y paja luego de haber estado coludiéndose, defraudando al mercado o evadiendo impuestos. 

Como en muchas otras ocasiones, el razonamiento económico pareciera dejarnos con un sabor amargo en términos de justicia social. En un país cansado de soluciones en-la- medida-de-lo-posible, la tentación es volver a los esquemas tradicionales de fiscalización pública, aumentando la magnitud individual de las sanciones y descansando preferentemente en los mecanismos de persecución penal. Aunque no es un paso lógicamente necesario, ello típicamente supone relegar a un segundo plano la delación compensada, los programas de recompensa a informantes y otras herramientas similares impulsadas durante los últimos años. El objetivo de esta columna es explicar por qué debemos resistir dicha tentación. 

Un primer aspecto que nos parece importante tener en cuenta, es que la versión chilena de la delación compensada es incompleta. En términos conceptuales, ella forma parte de un conjunto más amplio de herramientas que comparten una estructura común. Estas herramientas se caracterizan por separarse de la lógica tradicional del garrote y utilizar incentivos positivos con el objetivo de conseguir información sobre la comisión de ilícitos. En concreto, dentro del maletín de herramientas del tecnócrata, los programas de recompensa a informantes típicamente complementan a los programas de delación compensada. Ambos permiten obtener información que los organismos públicos de fiscalización difícilmente obtendrían por sus propios medios. Ambos, a su vez, entregan una recompensa o compensación a cambio de esa información. Con todo, mientras la segunda herramienta entrega una rebaja en la sanción a gente que se encuentra involucrada en los hechos, la primera ofrece una fracción de la multa a terceros ajenos al ilícito.

Si miramos nuevamente la experiencia extranjera, esta vez enfocándonos en EE.UU., resulta llamativo que un tercio de los fraudes corporativos detectados corresponda a situaciones de auto-denuncia en el marco de una delación compensada. Por su parte, algo menos de un sexto adicional corresponde a denuncias de trabajadores bajo el amparo de programas de recompensa a informantes. Desde una perspectiva funcional, ambas herramientas actúan además como complementos estratégicos. La literatura muestra que la creación de programas de recompensa a informantes típicamente genera un aumento significativo en las empresas que se auto-denuncian. Es el miedo a la denuncia lo que empuja a que las empresas intenten anticiparse, ya sea frente a la posibilidad de que otra empresa del cartel denuncie primero o bien que haga lo propio uno de sus empleados. A su vez, es el miedo a la fragilidad del cartel lo que empuja a las empresas a comportarse conforme a Derecho, absteniéndose de fijar precios con sus competidores y adoptar otras conductas anti-competitivas. 

Con todo, la complementariedad entre ambas herramientas también se extiende hacia un plano simbólico. La delación compensada suele presentarse acompañada de un relato donde los directivos superiores de una empresa descubren espontáneamente que algunos de sus subalternos incurrían en las prácticas ilícitas, procediendo luego del descubrimiento a denunciar los hechos ante la autoridad. Obviamente, en estos casos siempre queda la duda acerca de si los directivos de la empresa conocían las prácticas con anterioridad, o si al menos existían indicios que debieran haber levantado sospechas. En otras palabras, este relato donde la empresa recibe una disminución de la multa y el subalterno asume las culpas, genera naturalmente una percepción de impunidad. 

Desde esta perspectiva, los programas de recompensa a informantes funcionan exactamente al revés. Debido a que los informantes suelen ser empleados de la propia empresa infractora, esta herramienta de fiscalización rompe con la lógica tradicional de poder. Es el empleado quién recibe la recompensa, radicando la responsabilidad en la empresa y en el jefe. Como se aprecia, los programas de recompensa no solamente cumplen un rol complementario en el plano de los incentivos económicos, sino que también lo hacen en el plano simbólico del ejercicio del poder. Mientras la delación compensada muchas veces transmite esta percepción de impunidad, los programas de recompensa a informantes suelen construirse sobre la base de un relato que desafía la estructura de poder dentro de la empresa. 

En conclusión, las frustraciones recientes con la delación compensada no deben llevarnos a enmendar el rumbo. Aunque resulte contraintuitivo, es necesario continuar modernizando nuestro sistema de fiscalización mediante esquemas de incentivos que fomenten la colaboración, y especialmente mediante programas de recompensa a informantes.

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.

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