El problema de la “legitimidad de origen” de la Constitución chilena

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En medio de la crisis sociopolítica que atraviesa Chile, el pasado 15 de noviembre Gobierno y partidos políticos propusieron el “Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución”,  que impulsa un proceso constituyente mediante un plebiscito pautado para abril de 2020 que resolverá por un lado si los ciudadanos quieren un cambio de Constitución y, por el otro, mediante qué mecanismo. Una vez definido este último, el octubre se elegirán sus miembros.

Frente a este escenario, y con el fin de profundizar sobre algunos aspectos al respecto, Base Pública conversó con Diego Gil, doctor y máster en ciencias del derecho de la Universidad de Stanford, y abogado de la Universidad de Chile. Se desempeñó como académico (Teaching Fellow y Lecturer in Law) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford (2014-2018), y actualmente es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.

Tras este estallido social. ¿Podemos seguir hablando de cierta estabilidad en Chile?

Una de las manifestaciones de esta crisis es la fuerte deslegitimidad de todas las instituciones políticas e incluso sociales de nuestro país, entonces, yo creo que el proceso constituyente ofrece una oportunidad para relegitimarlas a través de un acuerdo en el cual se va a poder participar y elegir representantes que van a reescribir las reglas más fundamentales de nuestro sistema político. Yo creo que esta oportunidad va a lograr que la ciudadanía se conecte nuevamente con el sistema e instituciones políticas que son fundamentales en toda democracia en el mundo. Van a poder recuperar su legitimidad y atender de mejor forma el mandato que es mejorar el bienestar de los ciudadanos.

¿Qué tan importante es cambiar la Carta Magna?

La Constitución actual tiene un montón de problemas. En primer lugar tiene un problema de legitimidad de origen porque fue redactada y aprobada durante una dictadura, sin la participación de la ciudadanía; además fue pensada para imponer un sistema socioeconómico y tratar de que se perpetuara ese sistema una vez que la democracia regresara al país.

Si bien el texto constitucional ha sido modificado y varios de sus aspectos problemáticos fueron revisados y ahora tiene un contenido mayormente democrático, hay varios otros aspectos de su diseño original que siguen estando presentes: hay varios sesgos respecto a la regla mayoría, varios obstáculos para que el proceso legislativo haga reformas estructurales en nuestro sistema político, además existe una regulación deficitaria de los derechos sociales. También está la existencia de un presidencialismo muy pronunciado, y un problemático balance entre el Congreso y la presidencia de la república. Entonces, hay un montón de aspectos que se pueden mejorar de la Constitución y creo que esta es la oportunidad para hacerlo.

¿Podría cambiar de alguna forma la figura presidencialista?

Sería muy razonable y promisorio avanzar hacia un sistema que, al menos, limite un poco las facultades que tiene actualmente el Presidente. Desde el punto de vista del proceso legislativo. Claramente la Constitución actual le dio poderes extralimitados al Poder Ejecutivo. Así que cuando se discuta la nueva Carta Magna, ese será uno de los temas que se van a deliberar y reflexionar, y es muy probable que logremos que se limiten las facultades del presidente. Chile tiene cierta tradición presidencialista y no creo que sea tan fácil eliminar completamente un régimen presidencial pero si se limitan sus facultades, sería un buen resultado.

¿Cuál es el rol de la sociedad civil en el actual contexto?

Yo creo que la sociedad civil tiene un rol imprescindible en todo el proceso que va a desencadenar el plebiscito del próximo año. Lo primero es participar tanto en los plebiscitos como en la elección de las personas que van a componer la convención constituyente. Eventualmente, algunos representantes de la sociedad civil podrían presentarse a la elección para incorporarse a la convención constituyente, pero sobre todo el rol más importantes es tratar de entender la importancia del marco constitucional, y cómo eso influye en los distintos ámbitos donde trabaja y desarrolla un proceso participativo y deliberativo que permita generar insumos para la convención constituyente. 

La sociedad civil tiene mucha experiencia en términos de participación ciudadana, de diálogos ciudadanos, encuentros locales, etc., y podría generar información muy valiosa para que la convención constituyente pueda establecer cuáles son las reglas más importantes que deben estar incluidas en el nuevo texto constitucional.

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