“Falta Voluntad Política y Presupuesto a la Ley de Participación Ciudadana “

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El experto en participación ciudadana Gonzalo Delamaza, explica a Base Pública que no se necesita modificar la Ley 20.500 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, sino que la voluntad política para robustecer la democracia en Chile.

Con más de 20 años de experiencia en temas de sociedad civil y participación ciudadana, Gonzalo Delamaza, investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER) de la Universidad de Los Lagos y expresidente del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, califica como pausado el rol del actual gobierno en sus gestiones para fortalecer la participación ciudadana chilena.

Luego del lanzamiento del libro, “+ 100 propuestas de la Sociedad Civil para un nuevo Gobierno”, realizado el pasado 21 de agosto y en donde Gonzalo le entregó a la Ministra de la Segegob (Ministerio Secretaría General de Gobierno), Cecilia Pérez, un informe sobre el estado actual de la participación ciudadana en Chile, la autoridad de gobierno se comprometió a revisarlo y estudiar su posible implementación. A pesar de que este informe fue entregado al gobierno anterior por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual Gonzalo presidió, el investigador no obtuvo respuesta y vio este encuentro con la ministra como una oportunidad de avanzar hacia el fortalecimiento de la sociedad civil.

¿Ha tenido alguna respuesta de la ministra Pérez luego de ese encuentro?

En esa oportunidad la ministra me dijo que lo iban a revisar. La volví a ver unas semanas después en un acto público y me comentó que estaban apoyando la modificación de la Ley de los Tribunales Regionales Electorales con el fin de que no fuese necesario que esta institución calificara las elecciones de las organizaciones vecinales. Me comentó también que no iban a presentar ninguna indicación como Gobierno y que apoyarían lo que los parlamentarios transversalmente habían presentado (respecto a los Tribunales Regionales). Sin embargo, los parlamentarios van a plantear una indicación a esta modificación, entonces no sé cuál ha sido la marcha final de esa iniciativa.

A parte de eso, entiendo que se estaba trabajando en el portal único para las organizaciones de la sociedad civil, pero no he tenido ninguna noticia de un avance efectivo respecto a eso. Menos de plantear un proyecto que reforme la Ley 20.500.

Usted participa en la Mesa de Descentralización de la Subdere, ¿por ese medio se ha enterado de algún cambio que esté realizando el Gobierno respecto a la Ley 20.500?

Como representante de esta mesa, solicité a la Subdere conocer el instructivo que el Gobierno estaba preparando en torno a la participación ciudadana, pero me dijeron que están en eso. Por mientras, estamos trabajamos con la bancada regionalista del Congreso para avanzar en instrumentos que hagan posible la descentralización de las instituciones y la participación ciudadana forma parte de aquello.

El problema es que la participación ciudadana es iniciativa presidencial, por lo que no es tan fácil que los parlamentarios inicien el cambio de ley. Es un tema complejo de atribuciones legislativas.

Pero por mientras que se aprueba la modificación de la ley, ¿no hay algún programa o propuesta que ayude a fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil?

Hay varias, y de hecho yo se lo plantee a la ministra Pérez. En vez de hacer una reforma global a la Ley 20.500, podrían aprobar un artículo único que sancione a las instituciones públicas que no cumplan con la ley y que se establezca una glosa presupuestaria para financiar proyectos de fortalecimiento de estas organizaciones. Pero como podemos ver, en el actual proyecto de Ley del Presupuesto 2019, no existe tal glosa.

Y respecto a la sociedad civil, ¿qué cambios cree trascendentales para su real participación?

Sumado a lo anterior (sanción y presupuesto), lo que más le falta a la Ley 20.500 es el fortalecimiento de la asociatividad. Que las contrapartes sociales se fortalezcan para que sepan cuáles son los mecanismos de participación ciudadana. Respecto a esta idea se plantearon las creaciones de las escuelas regionales para ayudar a la sociedad civil, que tengan un fondo de fortalecimiento y tengan un registro de las organizaciones de la sociedad civil. Para esto tampoco se necesita un cambio legal, sino que la voluntad política para hacerlo.

¿Y específicamente en los Cosoc (Consejos de la Sociedad Civil)?

Hay que fortalecerlos para que tengan una real incidencia en las decisiones que les son propias, que en este caso sería el ámbito de participación. No pueden ser solo consultivos, sino que las autoridades deben tomar en cuenta sus decisiones. Con respecto a esto, el Gobierno debe diseñar estándares para que las consultas a los Cosoc sean realmente efectivas y no preguntarles cualquier cosa.

Otro problema de los Cosoc es que son “representantes de”, y esa “representación” no necesariamente está avalada por la comunidad. Por eso hay que fortalecer al mismo tiempo los Cosoc y el proceso participativo para conformar estos consejos, sino lo que hay son un grupo de líderes empoderados sin comunicación con la ciudadanía.

Principales propuestas para modificar la Ley 20.500 según el Informe del Consejo Nacional de Participación Ciudadana

Como Derecho Humano exigible

  • Que la participación ciudadana quede garantizada en la Constitución Chilena.
  • Fortalecer plebiscitos nacionales para que la ciudadanía se pronuncie en materias de relevancia nacional.
  • Debe ser obligación de la autoridad de responder a las peticiones de los Cosoc.

Nuevos mecanismos democráticos

  • Iniciativa Popular de ley: permitiría a los ciudadanos ingresar al Congreso para discusión un proyecto de ley cumpliendo un quórum que se determine.
  • Referéndum revocatorio de proyecto de ley: ciudadanos podrían llamar a votación para vetar la tramitación o dictación de una ley cumpliendo un quórum determinado.
  • Voto programático: obligación de los candidatos a cargos públicos a manifestar las materias que impulsarán en su administración en caso de resultar electos.
  • Referéndum revocatorio de mandato: permitiría a los ciudadanos revocar el mandato a determinadas autoridades electas y llamar a nuevas elecciones, siempre que se logre un quórum mínimo de convocantes.
  • Fortalecer el rol de la Subsecretaría General de Gobierno como instancia coordinadora de la participación ciudadana y garantizar el cumplimiento e implementación de la Ley 20.500.
  • Designar un Encargado de Participación Ciudadana en todos los servicios públicos.
  • Modificar el Reglamento de Federaciones y Confederaciones, eliminando los requisitos exigidos para la conformación de estas organizaciones que hacen imposible su aplicabilidad.
  • Elaborar una Política Nacional de Participación Ciudadana y un Índice de Participación Ciudadana.
  • Reformar la Ley 19.418 de Juntas de Vecinos y Organizaciones comunitarias, para hacerse cargo de los graves problemas de funcionamiento de las organizaciones regidas por dicha ley.
  • Democratizar información pertinente y útil para las Organizaciones de la Sociedad Civil, creando un portal único para OSC.
  • Realizar nuevos y mejores mecanismos para incrementar el rol de la sociedad civil en democracia.
  • El Estado debe encargarse de garantizar y fomentar los mecanismos de participación ciudadana.
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