opinión

La evaluación de políticas sociales en el contexto pospandemia: ¿podemos seguir evaluando como antes?

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Durante estos días se desarrolló la Semana de la Evaluación 2020, una iniciativa regional que busca relevar la evaluación en la agenda pública de los países de América Latina y El Caribe. El evento fue un punto de encuentro entre el sector público, la sociedad civil y la comunidad académica interesada en promover la transformación social a través de evaluaciones más pertinentes y útiles. Esto, en un contexto que exige mejorar la política social para una región en la que de acuerdo con la Cepal el número de personas en situación de pobreza puede crecer en 35 millones.  

Desde Chile, sin embargo, participaron principalmente organizaciones de la sociedad civil, la academia y evaluadores externos. Y es que la innovación en evaluación es una tarea pendiente para las políticas públicas y para los programas gubernamentales en Chile, probablemente porque el enfoque predominante -el enfoque costo/beneficio- deja poco margen para la incorporación de nuevas metodologías.  

Podría platearse que invertir en nuevas formas de evaluar hoy no es prioritario para la política pública, en consideración a que todo cambio tiene un costo y que ante la contingencia se debe privilegiar la implementación por sobre cualquier otro proceso. Sin embargo, también sabemos que frente a una crisis sanitaria y social como la que enfrentamos hoy es fundamental re-mirar la acción estatal identificando qué cosas se han hecho bien y qué cosas no. 

Nuevamente podría plantearse que para ello no es necesario innovar o pensar en nuevas metodologías de evaluación. Sin embargo, ese planteamiento deja fuera la otra crisis con la que hoy convivimos: la crisis de representatividad y de desconfianza en las instituciones. No solo se desconfía de “los políticos”, sino que también de la acción estatal misma, incluidas las políticas sociales y su capacidad de generar cambios en la vida de las personas. Con justa razón, quienes son sujetos/as de dichas políticas se sienten totalmente ajenos/as a las decisiones que se toman durante su implementación. Si bien, en Chile se ha avanzado en los últimos años en incorporar metodologías participativas en el diseño de algunos programas, la participación suele ser meramente consultiva y termina en el momento en que comienza la ejecución del programa. 

Considerando que la evaluación suele cerrar el ciclo de un programa o proyecto, incorporar la participación de los y las sujetos/as de la política en ese momento es un desafío, pero también una tremenda oportunidad de abrir espacios de control democrático frente a la acción estatal. En Chile existen experiencias de evaluación participativa que se han desarrollado con éxito en organizaciones de la sociedad civil y que fueron abordadas en esta Semana de la Evaluación con alto interés. 

El Programa Servicio País, de la Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP), viene incorporando esta metodología en la evaluación de sus intervenciones desde el año 2015. De esta forma ha consolidado una propuesta metodológica que actualmente forma parte de su modelo permanente de evaluación. La ONG Techo Internacional también ha incorporado esta metodología para evaluar sus intervenciones en campamentos tanto en Chile como en el resto de los países en los que trabaja. 

No es casual que sean las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en contextos de pobreza las que han tomado la delantera en este ámbito, como la misma Fundación Superación para la Pobreza indica en una de sus publicaciones: “desde una coordenada participativa, superar la pobreza y obtener mayor bienestar supone definir y acordar previamente, el tipo y nivel de bienestar deseado y las acciones legítimas para lograrlo. Es más, la noción misma de desarrollo es algo que el propio sujeto, individual y colectivamente, debe definir y no algo establecido externamente por algún experto o agente modernizador (…) Para esto se hace necesario una acción afirmativa que permita ampliar la participación a quiénes por razones de discriminación, lejanía, falta de recursos y otras, han visto restringidas sus posibilidades, creando al mismo tiempo, condiciones para una deliberación efectiva y equilibrada. 

El ejercicio evaluativo no debe ser ajeno a esta definición ¿quién mejor que los mismos usuarios/beneficiarios/participantes de los programas pueden evaluar cuales son las acciones que han incidido en su bienestar y cuáles no?; ¿quién mejor que aquellos y aquellas que implementan la política en el nivel local pueden indicar cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan? En el caso del Programa Servicio País la evaluación participativa ha permitido levantar información de manera colectiva entre diversos actores, con herramientas adaptadas a los interlocutores, con pertinencia territorial e incluso en algunos casos generar capacidades de evaluación en las organizaciones de base con las que se trabaja.  

La política social hoy debe superar las evaluaciones costo/beneficio -que entre otros problemas considera a individuos “aislados” de su comunidad y su territorio- aprovechar el momento histórico por el que atraviesa el país para abrir nuevos espacios de participación y considerar las experiencias de la sociedad civil para generar evaluaciones que tengan un uso efectivo, que abarquen todas esas brechas que las evaluaciones convencionales esconden (brechas de género, territoriales, etarias, etc.) y que permitan generar información de calidad para que los hacedores de políticas tomen decisiones pertinentes, pero también para que las voces de quienes son sujetos/as de estas políticas encuentren un espacio para promover aquellos cambios en la acción estatal que pueden mejorar su calidad de vida.   

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la Fundación Base Pública.

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