La Ideóloga del Acuerdo de Escazú

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Nueva York era su destino. Constance Nalegach iba en un auto camino al aeropuerto para subirse al avión que la llevaría a disfrutar la culminación de un trabajo que lideró por siete años: el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Pero un inesperado llamado le cambió su agenda. Era un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien le comentó que por una “orden superior” no podría integrar la delegación chilena que firmaría el acuerdo ambiental en 48 horas más porque el Ejecutivo había decidido postergar su suscripción. A pesar de esta mala noticia, el pasado 25 de septiembre, Constance igualmente voló para enfrentar lo que se venía.

Constance Nalegach, abogada de profesión, llegó en 2005 a la oficina de Asuntos Internacionales de Conama (Comisión Nacional del Medio Ambiente) organismo antecesor al Ministerio del Medio Ambiente. Allí se transformó en una de las principales negociadores internacionales en materia de cambio climático, instancia que, además, la llevó a ser representante de nuestro país ante la Cumbre de Río+20, momento de evaluación sobre los 20 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, más conocida como la Cumbre de la Tierra.

Dentro de los 27 principios de que se acordaron en la Cumbre, se encuentra el número 10, que tiene relación con el acceso a la información, participación y justicia (o, como los negociadores le llaman, “democracia ambiental”) y es una de las ideas principales para hacer un tratado regional único en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú.

“Desde la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) nos preguntaron sobre nuestras suscripciones a acuerdos multilaterales medioambientales. Desde el ministerio (del Medio Ambiente) vimos la oportunidad de ofrecer un instrumento propio de la región y transformar a Chile en un actor relevante en temas ambientales”, explica Constance, quien agrega que decidieron hacer una propuesta para contar con un inédito instrumento regional y no necesariamente unirse a los de países europeos, ya que “los desafíos que tiene Latinoamérica y el Caribe son muy distintos a los de los países del viejo continente”.

Así Constance, junto a representantes de 9 países de la región (entre los que se encontraba Brasil, Costa Rica y Uruguay) comenzaron en noviembre de 2012 los preparativos para este nuevo acuerdo internacional. Y, contando ya con Cepal a cargo de la secretaría técnica, en esta instancia, que se celebró en Santiago, se decidió que Chile sería el presidente de la etapa preparatoria y que se invitaría a más países a participar.

Durante dos años, los representantes de los países revisaron sus actuales legislaciones, vieron qué prácticas medioambientales se utilizaban en sus naciones, revisaron normativas internacionales e hicieron un catastro de cuáles eran los desafíos pendientes que debían abordar en este tratado. Fueron asesorados por expertos y organizaciones internacionales como ONU Medio Ambiente. Poco a poco distintos países se unieron a este proceso, e incluso en el 2014 Costa Rica llegó a copresidir la mesa de negociaciones junto a Chile. 

En total 15 reuniones (presenciales y virtuales) se realizaron para negociar este tratado, donde se discutió punto por punto los artículos del documento. La última de ellas se realizó en la ciudad de Escazú, en Costa Rica, razón por la cual decidieron ponerle ese nombre al acuerdo.

Aunque Constance dejó su trabajo como jefa de gabinete del ministro de Medio Ambiente el 11 de marzo del 2018, día en que comenzó una nueva administración de Sebastián Piñera, igualmente fue invitada a una celebración organizada por ONGs como Amnistía Internacional, el Instituto de Recursos Mundiales y la Open Society Foundations “porque era un momento histórico ya que Escazú se trata del primer tratado ambiental en Latinoamérica y el Caribe, y es el primero del mundo que protege a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”.

La mañana del 27 de septiembre doce países firmaron el Acuerdo de Escazú, entre esos no estaba uno de sus principales líderes en el proceso: Chile. Sin embargo, durante esa tarde, en la celebración de las organizaciones no gubernamentales, Constance Nalegach igualmente festejó.

¿Quedaste satisfecha con los argumentos que dio el gobierno para restarse de la firma de este tratado?

Recién el 4 de octubre Cancillería en conjunto al Ministerio del Medio Ambiente emitieron un comunicado respecto a la postergación de la firma. Uno de estos argumentos fue que ya había avances sobre los derechos de acceso a la información, participación y a la justicia, sin embargo esos mismos progresos ya estaban presentes en 2012 cuando se propuso iniciar este proceso regional, e igualmente el gobierno decidió no limitarse a los progresos nacionales y enfrentar los desafíos de la democracia ambiental en forma cooperativa y conjunta.

Respecto al punto de resolución de controversias, puedo decir que es una cláusula comúnmente presente en los tratados internacionales ambientales donde se promueve que las diferencias entre países se solucionen en negociaciones entre ellos. Pero además se da la opción a los países que así lo deseen, recurrir al arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia. En todo caso, como este es un tratado de los Estados con su ciudadanía, el órgano propio para mejorar la implementacion del tratado es un Comité de apoyo que queda establecido en el tratado. Este es un órgano que no es judicial y que funcionará en base a recomendaciones de mejoras. La experiencia del tratado de Europa demuestra que los países solo recurren a este comité de ayuda.

¿Pero los gobiernos estaban al tanto de este punto (resolución de conflictos)?

Esta cláusula aparece desde mayo del 2015, en el documento preliminar de la Cepal. Además, desde el Ejecutivo ya se habían pronunciado favorablemente sobre la firma del tratado hace unos meses a través del mensaje del proyecto de ley que reforma el SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.). Incluso, la Cancillería de Chile junto a la de Costa Rica, enviaron una nota a los países de la región invitándolos a firmar el 27 de septiembre.

El gobierno también criticó el tratado por el artículo que habla de los países sin litoral, que involucraría a Bolivia.

Respecto a la ayuda a países sin litoral, es solo un tema para cooperar y ayudar a estas naciones. Uno de los principios explícitos que tiene Escazú es que los Estados son soberanos respecto a sus recursos naturales. Este es un tratado de derechos medioambientales que tiene el Estado con su ciudadanía.

¿Cómo se vio internacionalmente que Chile no firmara el tratado?

Llamó mucho la atención, de hecho se esperaba que Chile fuera el gran anfitrión de la ceremonia y la celebración de la firma, ya que es conocido que este tratado fue una propuesta chilena donde estuvimos liderando durante todo el proceso. Es un acuerdo que comenzó durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, en la ceremonia final, hubo países que felicitaron a Chile porque se daba por hecho que firmaríamos.

Si se firmase este tratado, ¿cómo ayudaría a los grupos ciudadanos como los de Quintero-Puchuncaví o Alto Maipo?

Lo principal de este documento es el reconocimiento de que la ciudadanía tiene el derecho a incidir en las decisiones que los afectan. El tratado ayudaría como una guía con propuestas más concretas de cómo acercar la información a la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de riesgo de salud o de la vida, debe haber una información oportuna y comprensible, o sea en un lenguaje no técnico, que todos puedan entender. En el caso de la justicia, tiene que haber un apoyo a las comunidades que quieran defender sus derechos, entre otros.

También este tratado es importante porque es el primero a nivel mundial que defiende a los defensores de derechos humanos en asuntos medioambientales. Aunque no estamos en la situación de otros países como el caso de Berta Cáceres en Honduras (activista indígena medioambiental que fue asesinada con un disparo en la cabeza), lo importante es prevenir ese tipo de situaciones que afectan la vida de los líderes sociales.

Algunos detractores de este tratado dicen que este documento desincentiva la inversión en el país. ¿Qué tan cierto es esto?

No he leído un argumento sólido sobre el tema de que Escazú desincentive la inversión, independiente de eso, creo que ayuda a canalizar debidamente la toma de decisiones ambientales, ya sean proyectos, planes o normas, que tanto le preocupa al sector privado, al Estado y obviamente a las comunidades. Por ejemplo, hoy en día, con el sistema actual, hay proyectos que pasan años siendo revisados en tribunales, cuando se podría evitar una innecesaria judicialización con mayor información y una debida participación ciudadana. El Acuerdo de Escazú ayudaría a ordenar estos pasos. 

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