opinión

Ley de integración social y urbana

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La discusión del proyecto de Ley de Integración Social y Urbana nos brinda una gran oportunidad. La crisis social ha evidenciado uno de los problemas más profundos de nuestra sociedad: la alta desigualdad y segregación urbana. Un verdadero enemigo poderoso e implacable que la actual propuesta de ley no enfrenta en toda su magnitud. El proceso de reflexión de esta ley es el momento oportuno para crear los mecanismos necesarios para confrontar la segregación. Para esto, al menos tres principios para fortalecerla:

En primer lugar, la ley debiera robustecer la función social del suelo, promoviendo políticas de gestión pública de éste que garanticen el acceso a barrios bien localizados para las personas, sin importar su poder adquisitivo y que resguarden que los beneficios del desarrollo urbano se distribuyan entre todos los habitantes por igual.

Segundo, la integración urbana exige mínimos igualitarios en el acceso al bienestar. Por ello, se deben contemplar mecanismos de inversión estatal estratégica y focalizada en zonas segregadas que muestran brechas objetivas en indicadores de calidad de vida.

Y, en tercer lugar, todo esto no es posible sin una institucionalidad que promueva activamente procesos de integración urbana. La segregación se ha enquistado en nuestra convivencia y sin una acción decidida para enfrentarla seguirá perpetuándose. Por ello, se requiere de una agencia estatal que opere a nivel de ciudad con atribuciones para impulsar medidas que impidan la reproducción de injusticias urbanas y reparen las existentes.

Es urgente que Gobierno y Parlamento reconozcan la urgencia y aprovechen el momento de construir entre todos y todas una ley que promueva activamente la integración y equidad urbana. No desperdiciemos una vez más la oportunidad de contrarrestar la desigualdad con determinación.

 

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la Fundación Base Pública.

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