opinión

Por la construcción de un Chile más justo e inclusivo

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Chile, en estas últimas cuatro semanas ha podido experimentar el malestar y sufrimiento de toda nuestra sociedad; dolores que se han ido acumulando en la ciudadanía en las últimas décadas, por la desigualdad e inequidad presente en nuestro país.

Como Fundación Ronda, organización que lleva 5 años trabajando por promover y visibilizar la importancia del respeto de los derechos humanos de comunidades con barreras de acceso, principalmente de personas con discapacidad, sentimos mucho dolor al ver cómo esta crisis ha desencadenado múltiples hechos de violencia, que se han expresado de diferentes formas y desde todos los sectores. Con esto,  no nos referimos únicamente al saqueo de locales comerciales, o a los incendios de espacios patrimoniales, sino que también a los casos de uso desmedido de la fuerza policial, a no ponernos en el lugar de los empresarios y emprendedores sociales, que independiente del tamaño de sus organizaciones, se han visto afectados de alguna u otra forma, llegando muchos de ellos a no tener cómo pagarle a sus trabajadores a fin de mes, como también tener que despedir a muchos de ellos y  por ende, que estos, no puedan llevar el sustento a sus hogares. 

Otra forma de violencia de la que hemos sido testigos es la falta de tolerancia y respeto al escuchar la opinión del otro, lo que hoy está dividiendo a familias, amistades, grupos sociales o de trabajo, e incluso también la falta de empatía con el prójimo, que puede estar sintiendo en estos momentos miedo, angustia y/o inseguridad, viéndose afectados en forma individual, como familiar. 

En Ronda estamos convencidos de que, si bien es impostergable y urgente modificar nuestras leyes, normativas y dar paso hacía una nueva Constitución, temas para los cuales ya estamos trabajando, también creemos profundamente que para que ocurra una real transformación en nuestra sociedad, requerimos crear un cambio cultural, sin individualismo. El camino es que forjemos valores como la empatía, la confianza, la colaboración, una auténtica generosidad y lo más importante, que veamos al otro sin categorizarlo, sin asignarle un mayor o menor valor por su apariencia física, su situación socioeconómica, el lugar donde vive, su nivel de estudios, entre otras, es decir que nos miremos los unos a los otros y veamos lo que nos hace ser iguales, ser personas. Para esto, requerimos transformarnos como sociedad, que nos apoyemos unos a otros, hasta que nuestra educación, desde temprana edad, incluya estos valores y que todos los sectores puedan ser beneficiados con esta, entendiendo que la educación debe ser integral y de calidad, pues es la base de la formación de las personas. 

Desde este lugar es que sabemos que una de las comunidades que ha sido históricamente invisibilizada ante la sociedad, han sido las personas con discapacidad. Según el Estudio Nacional de Discapacidad – ENDISC – 2, el 16,7% de la población de 2 y más años se encuentra en situación de discapacidad, es decir 2 millones 836 mil 818 personas, cifra que podemos sugerir que ahora es mayor, entendiendo los casos de personas que han adquirido una discapacidad, a raíz de la violencia en las manifestaciones de los últimos días. Por eso y por las peticiones históricas de la comunidad, exigimos que se visibilicen las demandas y necesidades de personas con discapacidad, su entorno cercano y/o cuidadores, respetando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la que Chile ratificó el año 2008, y que expresa que la persona con discapacidad deja de ser vista desde un enfoque de caridad y lástima, y pasa a ser sujeto de derecho. Existen leyes y normativas, como la 20.422, que busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, lo que en la práctica no se está cumpliendo, ya que no existen derechos como la rehabilitación integral gratuita para todas las personas con discapacidad, independiente de su edad y/o condición socioeconómica, ya que esto no puede estar supeditado a la caridad y solidaridad de los chilenos, pues debe ser de responsabilidad absoluta del Estado. 

Además, es profundamente necesario implementar mecanismo para fomentar y generar procesos de inclusión sociolaboral, por medio de la intermediación laboral o modelo de empleo con apoyo, no solamente asegurando un contrato, sino la correcta vinculación, en igualdad de oportunidades, de las personas que se suman a las empresas. Que exista concientización y ajustes al entorno, acompañamiento y seguimiento de este proceso, para lograr una inclusión efectiva, algo que hoy no se exige y no asegura la Ley 21.015.

Asimismo, también se deben entregar ayudas técnicas de forma gratuita a todas las personas que lo requieran, sin que esto se convierta en un concurso o postulación eterna, por la poca disponibilidad que se tiene. Como estas, son muchas más las demandas que hay que visibilizar, por lo que hacemos el llamado a que colaboremos trisectorialmente, desde el mundo privado, público y la sociedad civil, además del conjunto de todos los que conformamos nuestra sociedad, haciéndonos cada uno responsables de que somos parte del problema, pero también podemos ser parte de la solución al tomar decisiones que contribuyan a nuestro entorno, cambiando la manera de hacer las cosas, hacia una forma más amable y empática, aportando cada uno desde su mirada, para llevar adelante un #NuevoPactoSocial y un #PactoPorLaDiscapacidad.  Estamos en un punto de inflexión como país, y tenemos una gran oportunidad: la de co construir el Chile que soñamos, uno más amable y justo para todos.

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.

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