¿Qué es lo más Urgente que Cambiaría a la Ley 20500?

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¿Qué cambios inmediatos necesita la Ley de Participación Ciudadana? Aquí responden la directora de Dideco de la Municipalidad de Renca, el vicepresidente de los Consejos Comunales de Org. de la Sociedad Civil, el vicepresidente de Asociación de Consejeros Comunales Metropolitana y el director de la División de Organizaciones Sociales DOS.

Romy Alamo, Dir. de Desarrollo Comunitario (Dideco) Municipalidad de Renca

“La Ley 20.500 confiere a distintas reparticiones del Estado, especialmente a las Municipalidades y Tribunales Electorales, nuevas responsabilidades sin considerar nuevos recursos, lo que genera que la ley no se cumpla a cabalidad. Es necesario avanzar en entender la participación ciudadana como un derecho, que debe ser garantizado por el Estado y fomentado por medio de una asignación clara de recursos, y con claridad respecto a cómo esta participación incide en las políticas públicas”.

Alejandro Jiménez, Vicepresidente de los Consejos Comunales de Org. de la Sociedad Civil (CHILECOSOC)

“Si debemos priorizar, lo más importante de corregir en la Ley 20.500 es la falta de atribuciones sancionatorias para aplicar a los funcionarios y autoridades que no cumplen con sus preceptos, y la falta de financiamiento para los mecanismos de participación ciudadana que se evidencia en la ausencia de la glosa presupuestaria en los servicios públicos”.

Jaime Figueroa, Vicepresidente de ACOSOC Metropolitana

“Más que cambiar la ley, hay que implementarla de mejor manera. Los puntos más importantes a mejorar son: fortalecer los mecanismos de consulta ciudadana, rendición de cuentas por parte de autoridades y un financiamiento adecuado a los Cosoc”.

Álvaro Pillado, Director División de Organizaciones Sociales DOS.

“La Ley 20.500 obligó a las organizaciones a calificar sus elecciones ante el Tribunal Electoral Regional (TER). Y creemos que esta medida trajo consigo más problemas que beneficios. Por ello hemos impulsado un cambio legal que evitará el trámite ante el TER cuando no existan reclamaciones sobre el proceso electoral”.

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