opinión

Rediseñar el Estado y su relación con la sociedad civil

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La consulta ciudadana realizada por los municipios en diciembre, muestra claras prioridades respecto de los problemas que enfrentan todos los chilenos, por cierto, ninguna de ellas nos sorprende porque han estado en la agenda pública, sin solución, en los últimos años.

Nuevamente las pensiones, salud pública, educación, y la reducción de la desigualdad en los ingresos, son las demandas sociales más votadas. Además, la encuesta mostró un alto respaldo a la necesidad de contar con una Nueva Constitución, lo que no constituye una solución en sí misma, sino una herramienta que permitirá renovar la forma de hacer las cosas y cómo nos relacionamos.

En este sentido, diversas posiciones se generarán con respecto a las prioridades en el diseño del Estado que consagre la Nueva Carta Fundamental. Sin embargo, existe una muy relevante que desde la sociedad civil debemos empujar con fuerza si queremos generar una sociedad de bienestar, donde todos podamos participar del debate público y de la implementación de soluciones a problemas sociales complejos, saliendo de la dicotómica relación Estado-Mercado. Con esto me refiero a la conformación de un Estado Social Relacional descentralizado, donde los ciudadanos pasen de tener un rol pasivo a uno activo en los temas que a todas las chilenas/os nos atañen.

Pero… ¿Qué se entiende por “Estado Social Relacional”? Pierpaolo Donati, sociólogo italiano, exponente de la teoría relacional, lo define como el que “hace realidad una ‘ciudadanía compleja’, que funciona, a través de la revalorización del principio de relacionalidad aplicado al ámbito de las políticas sociales, en donde estas no se entienden como políticas sectoriales para pobres, sino como una forma general de acción reflexiva de la sociedad respecto a sí misma”. Entonces, cuando nos referimos a ello, hablamos de algo que concierne a la sociedad en su conjunto.

En esta lógica, la política tradicional -no relacional- oscila permanente en dos valores fundantes: libertad e igualdad en la que se basan los debates políticos a diario. Sin embargo, existe una guía ética que no solo debe ser resultante de ambas miradas, sino puesta en relieve y promovida por un modelo societario moderno y simétrico a los anteriores: la solidaridad.

Hoy en Chile el sujeto predominante en las políticas sociales es el Estado, eso supone que empresas y sociedad civil deben tomar palco sobre las pérdidas de las garantías de desarrollo de una población vulnerable, algo insostenible en el tiempo, dada la creciente demanda por derechos en nuestra sociedad, más aún en el último tiempo.

Ante esto, lo que se plantea no es relevar el rol del Estado, ni menos continuar con la escalada privatizadora y con fines de lucro de la provisión de bienes públicos. Buscamos impulsar su función para que invite a los ciudadanos a hacerse parte del suministro de dichos bienes. De lo contrario, caemos en el riesgo de tener una sociedad civil privada de responsabilidades éticas, lo que la “convierte en in-civil”, como plantea Donati.

No se trata de defender una posición sectorial, sino proponer formas más eficientes, pertinentes, descentralizadas – y de largo plazo -, para solucionar temas complejos para los cuales el Estado no puede dar una respuesta íntegra y que, por otra parte, no son atractivas para que el mercado, con valores que permitan dar sostenibilidad a un renovado Estado que esperemos surja del proceso constituyente.

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la Fundación Base Pública.

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