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Adaptar el uso del agua y convertirlo en derecho constitucional

Estamos afectados por el cambio climático, y es evidente para todos que cada vez llueve menos. Sin embargo, hay algo más ocurriendo con el agua y esto viene de una situación estructural relacionada con su no reconocimiento como derecho en la Constitución chilena.

En la siguiente columna de opinión, Matías Asún, Director Nacional de Greenpeace Chile, da cuenta de cómo se ha venido distribuyendo el uso del agua en detrimento del consumo de la población que, además, hoy la necesita aún más para hacer frente a la propagación de la Covid-19.

A continuación, conoce más del planteamiento del activista ambiental y psicólogo Asún.

Impactos Socioambientales: Las Preguntas Ausentes

Existe una frase, asociada a la técnica periodístico-comunicacional de la agenda setting, que esclarece el rol de la prensa en la sociedad:  “La prensa puede no ser exitosa la mayor parte del tiempo para decirle a la gente qué pensar, pero es sorprendentemente exitosa para decirle a sus lectores sobre qué hacerlo”. Esta frase fue esbozada por el teórico de la comunicación Bernard Cohen en 1963 en su libro La prensa y la política internacional (The Press and Foreign Policy).

En un contexto más general, esta premisa no es solo aplicable a los medios. Lo es a todo sistema de información que, de alguna forma, va moldeando la forma en que el resto, los ciudadanos, vemos el mundo. Se aplica a las religiones, la educación, la economía y, por cierto, a la investigación científica.  

En la sociedad civil y el activismo socioambiental, la discusión sobre el rol que cumple la academia y la investigación científica en los conflictos territoriales no es un tema menor.  Desde hace bastante tiempo se ve con cierto recelo la posición pública, técnica y supuestamente neutral que adoptan universidades, centros de investigación, estudio y pensamiento en torno a los temas que afectan a las comunidades y que se vinculan a actividades productivas asociadas a determinados modelos de desarrollo: hidroelectricidad a gran escala, termoelectricidad a carbón, agroindustria, salmonicultura, plantaciones de pino y eucaliptus.

En el paradigma de una imposible asepsia metodológica, científicos y docentes se involucran muchas veces en investigaciones financiadas por empresas con concretos y particulares intereses. Lo más común son los estudios de impacto ambiental, donde en un proceso de autojustificación se plantea que los datos son los datos y que ningún investigador se atrevería a falsear resultados. Y así van abultando conclusiones proclives a un modelo de desarrollo de crecimiento infinito que ha demostrado sus deficiencias. 

Más allá de que sí existen casos de direccionamiento de antecedentes y conclusiones, el problema en realidad no es solo ese. El dilema es que las preguntas que se hace la ciencia, con financiamiento empresarial e incluso del Estado, apunta muchas veces principalmente a los temas que estos actores interesados quieren develar. Entonces, como en la frase de Cohen, hoy por hoy el problema no son las preguntas que se hacen y sus resultados. El problema son las preguntas “que no se hacen”.

Emblemáticos son los estudios que entre 1998 y 2001 las tabacaleras de Estados Unidos financiaron para desacreditar una investigación de 1996 que mostraba correlación entre el acto de fumar y el cáncer, y que fueron publicados por prestigiosas revistas científicas

En el caso chileno, están los efectos de la termoelectricidad a carbón en la matriz eléctrica chilena. Tema contingente a la luz de la crisis en Quintero y Puchuncaví.  En un artículo de febrero de este año publicado en El Mostrador, daba cuenta de una crítica realidad. “Son múltiples los estudios que se han elaborado a nivel internacional dando cuenta de los efectos de las emisiones de carbón en la salud de las personas, particularmente en los sectores más vulnerables”, sin embargo y “paradójicamente, en Chile no abundan los estudios sobre el daño a la salud en sectores poblacionales específicos”.

HidroAysén contrató a las más prestigiosas universidades del país para elaborar su estudio de impacto ambiental, las universidades de Chile y Católica entre ellas. Todo, para terminar con un documento que presentó graves omisiones en materia de hidrología y ecosistemas terrestres, según estableció el Comité de Ministros y luego refrendó el Tribunal Ambiental de Santiago.

La salmonicultura es otro ejemplo. Mal ejemplo. Son múltiples los estudios y análisis sobre los aportes sociales y capacidad de carga de los ecosistemas marinos costeros, para seguir alojando una actividad que se ha demostrado insustentable. Sin embargo, desde la academia no abunda particularmente el abordaje de preguntas que se hacen las comunidades desde los territorios y que día a día viven los impactos de la marea naranja: ¿Cuál ha sido el efecto en la cohesión familiar por la alta contratación de mujeres en las plantas de procesos?, es un caso sintomático.

Esto es lo que se llama en inglés “Undone science”, término acuñado por el profesor de la estadounidense Universidad de Vanderbilt, David J. Hess. Este ámbito de la investigación “se refiere a las áreas de estudio que no consiguen financiamiento, no han logrado un abordaje exhaustivo o que generalmente son ignoradas, pero que los movimientos sociales o las organizaciones de la sociedad civil comúnmente identifican como necesarias de contar con mayor investigación”.

No tenemos motivos para desconfiar deliberadamente de los investigadores chilenos, que por erróneas políticas públicas deben hacer preguntas que contarán con financiamiento para ser respondidas. Sea este mecenas un Estado que ya ha tomado postura en la discusión del modelo de desarrollo o empresas que no son actores neutrales.

No, no tenemos motivos para desconfiar. Pero sí es necesaria una reflexión profunda de cuáles son las investigaciones que merece Chile y sus habitantes, y donde no vale que el que pone la plata pone la música.

Experiencias existen en Chile y el mundo donde investigadores están haciendo preguntas incómodas. Esa es la ciencia que esperamos se impulse. Esa es la ciencia que también se debe desarrollar.

Y un alcance, los científicos también pueden ser activistas. Por lo menos uno espera que lo sean del método científico como forma de acceder al conocimiento, porque esa es una opción. Existen muchas otras también. Y de igual manera lo pueden ser, abrazando causas que consideran fundamentales para la sociedad.

Es cosa de recordar a James Gustave Speth, ex decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Estudios Ambientales de la Universidad de Yale, quien fuera detenido en 2012 en el frontis de la Casa Blanca por concurrir a una manifestación en rechazo del oleoducto Keystone XL, que buscaba transportar petróleo de las arenas bituminosas de Alberta, Canadá; o la Universidad de Siracusa que institucionalmente tomó la decisión de no invertir sus fondos en cualquier compañía –por muy legal que fuera– de combustibles fósiles. 

La vida trata de tomar opciones, y de esa realidad, la ciencia y los científicos no pueden ni podrán nunca deslindar su responsabilidad.

 

El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.

¿Por qué es Importante la Democracia Ambiental?

La controversia que ha generado en los últimos días la negativa de firmar el Acuerdo de Escazú por parte del Gobierno de Chile, ha propiciado un debate y análisis técnico-jurídico en la opinión pública. Aunque hay consenso entre los expertos en relación con que las suspicacias que emergieron no tienen un asidero técnico potente y obedecen más bien a contingencias, los medios tradicionales han logrado crear una sensación de “empate” de los argumentos. Para evitar la desinformación, se ha debido aclarar tanto la redacción del acuerdo, como sus implicancias para la soberanía y relaciones exteriores –que no las tiene– y las consecuencias para la imagen del país por la pérdida de credibilidad en temas ambientales que implica el retractarse de un acuerdo que él mismo lideró. Y es que, en efecto, el Estado de Chile no debería perder la oportunidad de demostrar su compromiso por garantizar a sus ciudadanos los derechos que configuran la democracia ambiental y que, definitivamente, queda como un mal anfitrión.

Aunque menos publicitado por los medios tradicionales de comunicación, quizás lo más relevante que ha suscitado el debate sobre el Acuerdo de Escazú es haber dado una oportunidad para reflexionar sobre el estatus y centralidad de la democracia ambiental en la institucionalidad de nuestro país.

Según algunos, el acuerdo no sería necesario puesto que Chile contempla, desde la reforma ambiental del 2010, avances suficientes en torno a los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Ciertamente, esto no fue impedimento para involucrarse en el proceso de negociación del acuerdo, liderado por Chile desde el año 2012. Pero aún más relevante, a más de cinco años de funcionamiento de la reforma, frente a este conformismo, pareciese necesario recordar que aunque hoy Chile cuenta con estándares formales de democracia ambiental, en términos sustantivos y de implementación, nuestro país todavía mantiene deudas con sus ciudadanos al respecto.

Así, la firma del acuerdo podría ayudar a profundizar la implementación en las tres áreas de la democracia ambiental. Respecto a la información ambiental, es necesario que ésta se encuentre disponible de manera oportuna, en formatos analizables y con un lenguaje comprensible para la mayoría de la ciudadanía. En cuanto a la participación ambiental, las actuales condiciones que hoy la moldean y restringen no permiten generar procesos de calidad. Para ello, necesitamos que esta sea temprana, incidente, representativa, garantizada para todos los proyectos de inversión que pretenden instalarse en un territorio –sean estudios o declaración de impacto ambiental– y generando confianzas de largo plazo, impulsando monitoreos participativos, por ejemplo. Por último, en relación a la justicia ambiental, es necesario que las comunidades que ven su derecho a un medioambiente libre de contaminación tengan la asesoría técnica y legal apropiada para poder hacer valer sus derechos en un entorno seguro para los líderes y dirigentes que encabezan estas iniciativas. En definitiva, es necesario que los derechos que configuran la democracia ambiental sean efectivamente garantizados y se encuentren disponibles en la práctica para los habitantes de los diferentes territorios del país.

A la luz de lo anterior, parece evidente que hay un gran espacio para mejorar la democracia ambiental en nuestro país. Y es aquí a donde llegamos al punto clave, que es la valoración que los diferentes actores le atribuyen al proceso de democracia ambiental: ¿Por qué es importante promoverla y para qué sirve? Aunque para los que trabajamos en temas ambientales esta pregunta puede parecer obvia, no necesariamente todos los actores sostienen una valoración positiva frente a ella.

El mundo contemporáneo, es un contexto donde los problemas ambientales tienen alta incertidumbre, hay valores en disputa, los riesgos son altos y las decisiones urgentes. En este escenario, sabemos que la mejor forma de tomar decisiones informadas y que contengan una alta legitimidad social, es propiciando procesos de coordinación y diálogo entre los diferentes actores sociales implicados.

En este sentido, el desarrollo de procesos y mecanismos de participación social se ha transformado en el elemento clave para la gestión del medioambiente en el contexto de lo que ampliamente se conoce como la Sociedad del Riesgo. Así, la democracia ambiental no es necesariamente solo un asunto valórico y de buena voluntad, sino que otorga un marco para garantizar las mejores decisiones posibles en contextos complejos, pues nos permite dialogar en torno al sentido de las cosas, sobre qué queremos lograr y cómo queremos hacerlo.

Para que ese diálogo sea fructífero y se promuevan ciertos acuerdos basados en la confianza y cooperación, los principales tomadores de decisiones –posicionados desde el Estado, mercado y sociedad civil– deben valorar la democracia ambiental como un fundamento clave: es un asunto insoslayable, una demanda que se hace sentir a través de la opinión pública, la protesta social y la conflictividad socioambiental. El desafío hoy es que esté en el centro de la gestión socioambiental para que así el desarrollo económico tenga buenos resultados en términos sociales y ambientales.

 

El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.

Acuerdo de Escazú: El Gobierno Sigue al Debe en lo Ambiental

Chile ha promovido desde el año 2012 junto a Costa Rica las negociaciones para la adopción de un tratado ambicioso y vinculante sobre acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe. Este tratado –conocido como “Acuerdo de Escazú” es el acuerdo ambiental más importante de las últimas dos décadas, y fue justamente Chile quien lideró por primera vez un proceso internacional de esta envergadura, que abre esperanzas de un resguardo efectivo en temas que se han convertido en la principal agenda ambiental nacional y también de otros países de Latinoamérica. Por lo mismo, es preocupante haberse restado a último minuto sin mayor ni clara argumentación por parte de las autoridades, no obstante ser un acuerdo donde incluso nuestro país instó a los restantes países de la región a que se sumaran.

Esta inexplicable decisión propició el que inmediatamente distintas organizaciones de la sociedad civil calificáramos esta acción como contradictoria y poco seria, más aún si al día siguiente en que se firmó por parte de 15 países, el Presidente Sebastián Piñera en su discurso ante la ONU afirmara que su gobierno aspira al fortalecimiento del desarrollo sustentable y respeto del medio ambiente. Un discurso cosmético que no cambia las consecuencias de fondo: persistencia de conflictos ambientales ante impactos al medio ambiente, con zonas de sacrificio donde la población se ve gravemente afectada, así como el avance de una alarmante pérdida de biodiversidad marina y terrestre por contaminación y destrucción de ecosistemas.

Constituye sin duda un retroceso frente al esfuerzo desplegado por las anteriores administraciones de gobierno para sacar adelante este acuerdo y al de las organizaciones de la sociedad civil que veníamos siguiendo las negociaciones y veíamos la firma y ratificación de este tratado como un gran logro sustantivo que por fin se estableciera un acuerdo internacional vinculante en temas ambientales, donde entre otros aspectos se reconoce y da énfasis a la protección de defensores y defensoras ambientales, tan desprotegidos en un continente con un creciente número de ambientalistas asesinados por levantarse en favor de los derechos de sus comunidades: cuatro cada semana durante el año 2017, según cifras de Global Witness.

La decisión del gobierno de Sebastián Piñera se da, además, precisamente en momentos en que enfrenta unos de los instantes más críticos a su gestión por el manejo de los asuntos ambientales y la protección de la salud de la población, como acontece con las múltiples intoxicaciones tras los episodios de contaminación en Puchuncaví y Quinteros, y por el retroceso en el resguardo de la biodiversidad y los ecosistemas protegidos ante la irrupción de nefastos proyectos de inversión, como la aprobación de las tronaduras en Isla Riesco en Magallanes por parte de la Minera Invierno; la destrucción que genera el proyecto Alto Maipo en las nacientes de tres ríos afluentes del Río Maipo, afectando el caudal y la calidad de la principal fuente de agua de la Región Metropolitana; y tantos otros conflictos a lo largo del país relacionados a otras actividades extractivas como la salmonicultura, la forestal y la agroindustria.

También en el marco de este complejo escenario de implementación de proyectos contaminantes, miramos con atención y preocupación lo que pasará con el proyecto Dominga y sus consecuencias de ser aprobado, ya que nuevamente se afectaría un área marina protegida y además no se cumpliría el compromiso adquirido de lograr descarbonizar nuestra matriz energética. Proyectos que, como los otros señalados, siguen poniendo en jaque el equilibrio de valiosos ecosistemas donde están emplazados y afectando seriamente la confianza en las políticas ambientales impulsadas por la deficiente reversión y fiscalización de las resoluciones tomadas por servicios y organismos técnicos del Estado para beneficiar los intereses de las empresas implicadas.

La firma del Acuerdo de Escazú era el momento justo para validar la democracia y justicia ambiental en nuestra región y para fortalecer a la vez mecanismos de participación ciudadana que ayudarán a prevenir más conflictos socioambientales como los que se registran en Chile, dando apoyo además a los defensores ambientales tras estos conflictos. Hoy es más que necesario que nunca que el gobierno modifique este actuar incongruente y poco garante de los derechos de las personas que el Estado está obligado internacionalmente a resguardar por sobre consideraciones económicas, ya que en última instancia, de nuestra propia institucionalidad ambiental esto depende y aún seguimos al debe.

 

El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.