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Inclusión: La deuda pendiente con la discapacidad

Hoy en día según datos del Servicio Nacional de la Discapacidad, un 20% de la población total de Chile sufre algún tipo de discapacidad y un 59% de esta cifra se encuentra en una situación laboral inactiva. Más de la mitad de estas personas se encuentran frente a un escenario adverso y repleto de injusticias: la inclusión laboral en Chile está muy por debajo de los indicadores internacionales.

Al analizar los porcentajes internacionales, somos uno de los países de la OCDE con más bajo cumplimiento de la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que establece una cuota laboral mínima de 4%, mientras nuestro país apenas puede alcanzar el 1%, según cálculos del Ministerio del Trabajo.

Dentro de este contexto es que la Red de Empresas Inclusivas (ReIN) de SOFOFA realiza su Cuenta Anual 2019, para dar cuenta de los esfuerzos que se han hecho para avanzar aún más rápidamente hacia un Chile más inclusivo y Justo, para luego dar paso a un panel titulado «Inclusión Laboral en una Sociedad Cambiante», moderado por Nicolás Cruz, Director Ejecutivo de Base Pública.

El espacio de discusión contó con la presencia de diferentes expertos y expertas en el tema como Ximena Rivas, Directora de SENADIS, Paulina Bravo, Abogada y Directora de Odisex, Denisse Goldfarb, Jefa de Recursos Humanos de Wallmart y la académica y Phd en filosofía, Cecilia Aguayo.

Conoce más sobre la situación laboral de miles personas en situación de discapacidad en esta nueva Nota BP.

Descentralización en la Aplicación de la Ley 21.015

La ley 21.015 –que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral–, más conocida como Ley de Cuotas, exige a las empresas públicas o privadas con más de 100 trabajadores, emplear al menos un 1% de sus puestos de trabajo con personas con discapacidad. Esta ley ha tenido el mérito de visualizar un tema ignorado desde siempre, que en Chile existe un 16,7% de personas con discapacidad y de éstas, alrededor de un millón está en edad de trabajar, pero no logra un empleo.

La buena intención de esta ley es similar a la de otros países, pero para quienes tenemos experiencia en el tema, observamos algunos inconvenientes en su aplicación, como por ejemplo su aplicación territorial.

Al parecer, esta ley ha copiado realidades de países donde la actividad laboral es homogénea territorialmente, descartando un buen ejemplo como es el caso canadiense, más versátil y eficaz.

Así, hoy nos encontramos con lugares donde la relación de número de personas con discapacidad versus puestos de trabajo es muy distinta a la de otros, produciéndose un desequilibro entre la realidad empírica y la realidad teórica.

Luego debemos considerar que como dice la ley, este 1% es exigible a empresas grandes, cuyas casas matrices están en su gran mayoría en la región metropolitana. Ello prevé que su aplicación, seguramente se cumplirá en esta región, donde se puede controlar más su cumplimiento, que en lugares apartados o remotos.

Sin duda, uno de los mayores desafíos que enfrentamos como sociedad en materia de descentralización es el de la falta de diagnósticos territoriales, en este caso, de datos consistentes, respecto a la oferta laboral versus la demanda por parte de personas con discapacidad. Urge desplegar un programa que permita dotar a cada región del país de un diagnóstico pertinente que aproxime ambas variables: potenciales puestos de trabajo y perfiles laborales. Esto implica diseñar políticas públicas desde las particularidades productivas de cada región y el involucramiento de la sociedad civil en un proceso pertinente de formación y/o capacitación de personas con discapacidad.

Estos aspectos de territorialidad, junto con otros, como es el déficit educacional de las personas con discapacidad y los problemas de accesibilidad, debemos abordarlos en conjunto, el Estado, los privados y la sociedad civil, para dar un significado inclusivo real a esta ley, y eso depende de un principio clave: la cooperación. No se trata pues, sólo de “contratar”, sino de contribuir a abrir y profundizar oportunidades para todas y todos.  Y eso implica entender nuestro territorio y sus particularidades, y proyectarlo hacia metas cada vez mayores de inclusión y cohesión social.

 

El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.