Para los protagonistas de la pospuesta creación de una legislación migratoria, la falta de voluntad política, el exceso de burocracia, problemas de presupuesto, la ineptitud e incluso el miedo explican que Chile lleve más de 40 años sin un marco normativo que asegure la protección de los derechos fundamentales de la población migrante. Esta es la cronología de traspiés de una ley que se hace cada vez más urgente, en la que predomina la necesidad de superar obstáculos y alcanzar acuerdos.
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