Hace ya más de cinco años, distintos movimientos sociales han estado hipotecando su vida familiar para centrarse en cambiar el actual sistema de protección a la niñez, sistema que sencillamente está obsoleto, no cumple ni cumplirá con estándares internacionales que permitan dar real protección integral a los niños, niñas y adolescentes (NNA).
Muchos de estos activistas civiles se han motivado por experiencias propias, y otros por encontrar inaceptable la posición inerte de los distintos gobiernos a través de los años ante tantas denuncias que iban apareciendo. Sin embargo, pese a existir vulneraciones a los NNA, no había cobertura mediática que les permitiera informar las condiciones en que vivían cientos de niños institucionalizados, castigados por la pobreza y discriminados por un actor que está pasando casi desapercibido: el Poder Judicial.
No fue sino hasta la muerte de Lissette Villa en que estos niños aparecieron (¡existían!) ante la mirada atónita de toda una sociedad adormecida. Este hecho abrió un submundo comandado por algunas inescrupulosas fundaciones que han forjado su patrimonio a costa del sufrimiento de los NNA, y aparecieron aberrantes palabras para referirse a ellos: oferta, demanda, número. Pero también destacaron otras que sin duda intentan hacer bien su trabajo.
Niños y niñas que eran y son castigados con informes psicosociales llenos de juicios de valor, que posteriormente son vistos por jueces de familia como verdaderas pericias absolutistas de toda verdad que los vuelve incuestionables.
Informes que marcan un antes y un después en la vida de un niño, el que muchas veces sin siquiera conocer la palabra maldad, es enviado a un centro de internación para supuestamente protegerlo de supuestas vulneraciones a sus derechos, vulneraciones que en más de una ocasión, solo se encuentran en la interpretación del profesional encargado de formular el informe del cual dependerá la vida futura de una hija, hermano, sobrina, prima, nieto de alguien. Por esto es que pido a los jueces tener un poco más de cuidado al resolver, pues esas decisiones están basadas en informes que no son 100% efectivos.
Los resultados del informe Jeldres fueron lapidarios y describían graves vulneraciones en todo el sistema Sename. Lo más triste es que intentaron esconderlo.
Pese a ello, me nace preguntar: ¿qué ha pasado con las bases de datos del Informe Jeldres?, ¿por qué no se hace seguimiento de cada niño que en ella aparece y se verifica el nivel de riesgo que enfrentan?
Es hora que la Corte transparente la información y se cruce con los datos actuales. Dicho informe que, a pesar de su crudeza, tuvo cientos de cuestionamientos que nacieron incluso desde el interior del Poder Judicial, del Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia, poniendo en duda su veracidad y el protocolo de medición aplicado. Esto provocó que se levantara una acusación constitucional que no prosperó en contra del Ministro Héctor Carreño, acusación que fue rechazada por los mismos legislativos que hoy rasgan vestiduras con el tema infancia.
Posteriormente llegó el informe del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), bajo la dirección de Branislav Marelic, único director que se arriesgó a investigar la realidad del Sename, y que vino a ratificar lo del Informe Jeldres. Sin embargo, a pesar de un buen trabajo, Marelic fue destituido de forma irregular.
Después vinieron comisiones parlamentarias, la más conocida ha sido la Comisión Investigadora Sename II, y aunque pasó sin pena ni gloria, sí sería un punto de quiebre que levantaría a todo un país para decir basta.
Ahora nos encontramos con un informe creado bajo estricta reserva por observadores de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Y este viene a avalar lo ya relatado y sabido, corroborando que los derechos de NNA han sido gravemente vulnerados en democracia, y que al parecer al Estado esto sencillamente no le importaba.
Pero lo paradójico es que este informe no dista en nada con los dos antes mencionados, pero acá no existe cuestionamiento alguno sobre él. Incluso muchos legisladores han decidido guardar silencio, y otros decidieron otorgar un aumento del 25% en la subvención a los principales responsables de estos abusos cometidos. Se puede ver en sus redes sociales cómo intentan mostrar la imagen de próceres de la batalla por los derechos de los niños.
El ministro Hernán Larraín, en la comisión de familia realizada hace pocos días, intentó grotescamente bajarle el perfil a lo constatado por la ONU:
“Sí es efectivo que hubo vulneraciones, pero sistemáticas no, si una que otra, casos puntuales que hemos conocido, pero jamás vulneraciones sistemáticas”.
Entonces, ¿miente la ONU y el INDH? ¿Mintió el Informe Jeldres? Y, nosotros, las víctimas, ¿también mentimos?
Por un deber moral con su cargo, el ministro debería renunciar. No es posible que, habiendo estadísticas, informes, testimonios, pruebas, investigaciones penales en procesos y sentencias, el señor ministro Hernán Larraín hable con tanta liviandad normalizando la tortura, malos tratos, violaciones, muertes y abusos de niños, e intente a su vez ponerle paños fríos a la situación que se prolonga ya por décadas.
El Estado tiene la obligación como ente garante de derechos de tomar medidas inmediatas y, a la fecha, no lo ha hecho, salvo ordenar el cierre del Cread Playa Ancha, que ya estaba decretado.
Se creó una mesa de trabajo por la infancia por parte del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, lo que para nosotros abrió una inmensa oportunidad para aportar. Sin duda que fue un gran paso dado, pero al ver a sus integrantes se derrumbaron todas nuestras esperanzas de que de verdad exista una loable intención de mejorar la realidad de la infancia en Chile.
La mesa de trabajo estaba conformada, en su gran mayoría, por los mismos Organismos Colaboradores del Estado (OCAS), y la sociedad civil de verdad, la auto gestionada, ni siquiera fue invitada, por tanto, es allí donde me cabe preguntar: ¿hasta qué punto los niños son primero?
Y este fin de semana, el Presidente Piñera anunció que presentará el proyecto de ley para eliminar el Sename y transformarlo en dos instituciones. Ante esto, nos preocupa como sociedad civil que al estar segregados, los niños del Servicio de Reinserción Juvenil sean criminalizados y no accedan a los mismos derechos, oportunidades y reparación que los del Servicio de Protección. Y no está demás reafirmar que los primeros, los infractores de ley, son niños igualmente vulnerados, y se requiere un marco que garantice efectivamente sus derechos, incluso con mayor intensidad. Es muy relevante poder trabajar con sus familias, garantizando los espacios para la reunificación.
Tengo la certeza que nuestra lucha por reivindicar los derechos de niños, niñas y adolescentes de Chile, está realmente, recién comenzando.
* El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.
