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Expertos en derechos de la infancia exigen anular acuerdo Sename-ANI

El Servicio Nacional de Menores firmó un acuerdo con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), agencia cuya labor principal es hacer inteligencia política para el presidencia a través del Ministerio del Interior, haciéndose cargo de la seguridad en torno a atentados terroristas y asociaciones delictuales.

El acuerdo precisa tres objetivos los cuales son: facilitar a la ANI el acceso a la información que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado; asistir al Sename en la adopción de normas y procedimientos de protección de sistemas de información crítica y por último, desarrollar una alianza estratégica de cooperación institucional con el objetivo de establecer vínculos para la ejecución de acciones afines al cumplimiento de los respectivos objetivos institucionales.

Dicha alianza fue duramente criticada por Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, quien el miércoles 21 de abril presentó un recurso de protección por considerar el acuerdo como «un acto de discriminación» y vulneración de los derechos de los niños, quienes hoy alcanzan un número de 118.881 bajo tutela estatal, según datos de la Defensoría de la Niñez, y que por razones de protección de derechos e infracciones judiciales necesitan la protección del Estado.

Organizaciones de la sociedad civil también se manifestaron en contra de esta resolución y relevaron la grave falta a la Convención de los derechos del Niño en diferentes niveles y la profunda estigmatización que produciría este tipo de arreglos, como lo fueron la Fundación World Vision y Fundación Pléyades.

Conoce más sobre esta medida en esta nueva Cápsula BP.

El Desafío tras la Publicación del Conteo Nacional y Caracterización de NNASC en Situación de Calle

Chile aún marca un alto registro de niños que por diversos motivos se encuentran fuera del hogar. Esta semana el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dio a conocer las cifras a la baja del pasado año y los lineamientos a seguir para los próximos años.

Base Pública observó el lanzamiento del informe, que entre otros indicadores, resalta la importancia y eficiencia del Plan Código Azul, estrategia de emergencia que duplica la capacidad de atención para proteger a las personas en situación de calle cuando las condiciones climáticas extremas pongan en riesgo su vida.

Avanza el otoño y se acerca la época dura y fría, el invierno. Desde el gobierno prometen celeridad y el aumento significativo de los recursos para hacer frente a esta situación que tiene a 547 niños en esta situación en 16 regiones y 80 comunas a lo largo del país.

Para enfrentar este flagelo, el trabajo colaborativo de los estamentos gubernamentales, la sociedad civil, el mundo privado y la ciudadanía parecería un buen comienzo. Revisa acá la nota del equipo de Base Pública.

 

Museo, Derechos Humanos, ¿Infancia?

De un tiempo a esta parte, como país hemos estado inmersos en la tan manoseada palabra derechos humanos.

Hemos visto un escándalo desproporcionado respecto al comentario que espetó el ya ex ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas. Con esto no avalo en lo absoluto sus palabras, pero me deja la duda del real derecho de expresar libremente un sentir o pensamiento.  Vi mucha gente del mundo de la cultura y las artes vanagloriándose de este escándalo mediático, que incluso subieron a sus redes sociales la frase: “el ministro no renunció, nosotros lo sacamos”. Entonces me pregunto: ¿ellos creerán que gobiernan el país haciendo presión?

No hace mucho llegó el lapidario informe de la ONU que refleja la realidad de cientos de niños, niñas, y adolescentes (NNA) violentados en sus derechos humanos. Así es, tal cual, lo repito: violentados en sus derechos humanos.

Pero la noticia fue sólo mediática gracias precisamente a la prensa que ahondó en el informe del organismo internacional. Porque el mismo partido político que abrió vorazmente su boca para crucificar los dichos del ex ministro Rojas de hace dos años, guardó silencio hasta el día de hoy sobre el informe de la ONU.

Tampoco han esgrimido frase alguna referente a lo dicho por el ministro Hernán Larraín en Comisión de Familia (6 de agosto pasado), en donde señaló que “a mi parecer no hubo violaciones sistemáticas”, en alusión al informe que ratifica las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Además, ante esta realidad, no he visto a Carmen Hertz reclamar por estas violaciones, ni a Juan Pablo Letelier, Karol Cariola o Camila Vallejo.

Entonces, ¿para quiénes son los derechos humanos realmente?

¿Será que esta élite política se cree dueña del concepto de que todo aquel ser humano que padezca vulneración y tortura, si no está alineado con su postura, no tiene derecho a un céntimo siquiera de dignidad humana?

Más aún, si estas aberraciones a estos derechos fundamentales que ellos dicen proteger han ocurrido en plena democracia, en la cual ellos mismos ocupan un escaño en el poder legislativo, y cuentan con las herramientas necesarias para alzar la voz por estos conceptos, ¿por qué no han hecho nada?

Me nace preguntarles, ¿cuál es el límite de edad necesaria en este país para ser considerado merecedor de protección acuciante?

De verdad no tuvieron un mísero de empatía por Mauricio Rojas, cuya familia también fue víctima de la época más negra del país. Sin embargo, al haber sido designado como ministro, fue acribillado con presiones innecesarias, que terminaron con el desenlace que ya todos conocemos. Pero no vi a los mismos que hicieron presión para sacar a Rojas en marchas por la infancia para defender los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que fueron abusados sexualmente, violados, asesinados, golpeados, y torturados.

¿Qué se necesita para que toda la sociedad civil tome conciencia de que los niños, niñas y adolescentes necesitan la misma vehemencia e intensidad en la defensa de sus derechos?

Hablan de libertad de expresión, hablan del respeto a los derechos humanos, hablan de infancia, pero sólo trabajan por los derechos de quienes sean simpatizantes con sus aficiones e intereses.

La realidad actual es que hay una ronda de niños fallecidos, pero aun así parecieran ser invisibles.Y sin embargo, cada año, cuando comienza la campaña de la Teletón se disfrazan de ternura, haciendo llamados a apoyar tan noble causa, pero se olvidan el resto del año de que existen informes que dicen que en Chile hay niños que continúan siendo vulnerados en sus derechos y que muchas veces fueron arrebatados de sus familias por ser pobres.

Hay niños que quedaron bajo el cuidado del Estado de Chile, y desde este ente garante fueron devueltos en estado inerte, algunos con marcas visibles que solo sus madres pudieron ver pero no reclamar.

¿Acaso eso no es tortura de derechos humanos?

Hago un llamado a esos defensores de derechos humanos a hacer historia de verdad, una que marque para bien la vida de un niño, niña y adolescente, y que esa marca sea de felicidad y derechos. Una historia que realmente muestre un país comprometido, que dicho compromiso sea de verdadera transversalidad para cada niño que pisa nuestro país, una unión indisoluble para la protección de la infancia. Espero que esto no sólo esté en mis ilusiones, las de ver un país donde un niño pueda crecer con valor y unos padres que puedan criar sin temor.

Un país que no respeta la infancia es un país que no progresa.

 

El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.

Niños Consejeros: Un Nuevo Plan Municipal

Fue en 2017 cuando Gabriela O Shee (14) estuvo por primera vez frente a la Casa Comunal de Infancia y Adolescencia de la Municipalidad de Antofagasta. Con solo 13 años, se sintió atraída por la posibilidad dar su opinión sobre los problemas que veía en la comuna. Entonces decidió postularse al cargo de “consejera comunal”, puesto que ganó con el apoyo de sus amigos y compañeros de colegio.

Poco a poco, Gabriela fue descubriendo un nuevo mundo y dejó de ser la tímida niña que todos conocían: pasó de prácticamente no hablar con sus compañeros y no despejar ninguna de sus dudas con los profesores, a interesarse y conocer la realidad de otros niños.

“Antes me enojaba cuando alguien tenía una idea distinta a la mía, y ahora sé que esta sociedad tiene diversas visiones que deben ser respetadas”, comenta la chica.

La historia de Gabriela es una de las experiencias que el actual Gobierno de Sebastián Piñera quiere replicar a través del Acuerdo Nacional por la Infancia, y que entre sus propuestas está la creación de los Consejos Comunales Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) para que participen y asesoren a las autoridades en temas que los involucren directamente.

Sin embargo, la iniciativa en la que participa Gabriela forma parte de los programas de las OPD (Oficinas de Protección de Derechos), que dependen del Sename y que se encuentran ubicadas en más de 50 comunas del país, entre las cuales está Antofagasta, y que tiene como misión principal descentralizar y fomentar los procesos de protección de los menores de edad.

Desde el 2012 y en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de los NNA (que entre sus cuatro pilares exige una participación activa de los niños en instancias públicas), gran parte de estos OPD implementaron sistemas participativos y consultivos de los niños de sus respectivas comunas.

Marco Álvarez, encargado de la Casa Comunal de Infancia y Adolescencia de la Municipalidad de Antofagasta, explica que fueron uno de los primeros municipios en implementar estos consejos y que todos los años realizan una asamblea donde llegan entre 600 a 700 niños de distintos colegios de la comuna para participar en la elección del nuevo consejo. Democráticamente, cada uno de estos niños vota secretamente por el compañero o compañera para que sea su representante durante dos años. Este consejo del OPD de Antofagasta se compone de 30 representantes, de entre 13 a 18 años, y tiene como misión velar por los intereses de sus compañeros ante las autoridades comunales.

“El trabajo de los chicos se divide por comisiones, donde cada una tiene sus representantes y voceros que hacen la conexión directa con los medios de comunicación de Antofagasta”, dice Marco, quien agrega que actualmente los niños se encuentran trabajando en temas de migración e igualdad de género.

De hecho, Gabriela está a cargo de la comisión que creará un protocolo para regular el acoso callejero en Antofagasta. “Queremos combatir esta práctica con multas y hacer campañas para concientizar sobre el problema”, comenta y anticipa que el 26 de este mes presentarán el proyecto ante los concejales.

El primer consejo comunal

El próximo 3 de octubre, Renca será la primera comuna en instalar definitivamente el Consejo Consultivo Comunal de NNA diseñado por el actual Gobierno en el Acuerdo Nacional por la Infancia. Este programa, a diferencia de los que operan bajo la tutela de los OPD, se desplegará por todo el territorio nacional, a través de las 346 comunas de Chile.

Felipe Barría, encargado del Departamento de Infancia del municipio, explica que se encuentran muy orgullosos de ser los primeros en implementar este sistema y que ya están trabajando en la convocatoria para las elecciones de los consejeros.

“Tuvimos una acercamiento inicial el 7 de agosto pasado, donde se reunieron 39 niños que conversaron, en líneas generales, sobre cómo ven a su comuna y los principales problemas que les gustaría trabajar: como la prevención de drogas y la mejora de sus colegios”, cuenta Barría, quien además agrega que uno de los primeros temas que trabajarán los niños y niñas será el diseño del nuevo parque metropolitano que se construirá en el cerro Renca.

Por norma, se exige que exista un equilibrio de género de un 60% y 40%, es decir, que ninguno de los dos grupos supere el 60%. El consejo deberá tener al menos dos reuniones al año con el alcalde y el concejo municipal para organizar el trabajo en conjunto. Además, cada consejo deberá tener un Secretario Ejecutivo y un Encargado de Comisiones que serán los encargados de coordinar toda la labor de las funciones que tendrá este grupo (ver recuadro)

Mientras los municipios se organizan para constituir estos nuevos espacios de participación para NNA, en Antofagasta Gabriela sigue trabajando en la modalidad de los OPD junto a sus 29 compañeros para incidir en su comunidad y cambiar la percepción que los adultos tienen respecto a los niños. “Yo por ser mujer y niña no me siento incluida en esta sociedad, pero este grupo nos ha enseñado que nuestras opiniones son importantes y ha ayudado a que los adultos cambien la percepción de nosotros”, finaliza Gabriela.

Crianza con Ternura: La Nueva Forma de Educar del Sename

Uno a uno fueron llegando los diferentes funcionarios del Sename de la Región Metropolitana para escuchar a Anna Christine Grellert, médico de nacionalidad brasilera y asesora del Área Internacional de la ONG World Visión, invitada a exponer y enseñar una de sus más actuales investigaciones: “La ternura como un enfoque de desarrollo humano y social a partir de la crianza”.

Grellert, con especialidad en pediatría, explica que científicamente la ternura (caricias y diálogo acogedor) reduce la carga emocional que traen los niños que ingresan al Sename y ayuda a que los infantes puedan enfrentar y hacerse responsables de sus propios actos. “Cada una de esas experiencias de ternura ayuda a reducir de un 30 a 40% riesgos de salud física y emocional. La ternura es protectora y a la vez estimulante del desarrollo del niño”, asegura Grellert.

Por su parte, el Jefe del Departamento de Protección de Derechos del Sename, Juan Ignacio Carmona, sostuvo que es muy importante instruir a los trabajadores para que ayuden a los niños a bajar la cantidad de violencia con la que vienen y mantienen durante su estancia en los centros de protección. Opinión muy similar es que la tiene Mirella Cáceres, cuidadora en el Centro Residencial de Pudahuel, quien con su propia experiencia explica la importancia de tratar con cariño a los niños para que puedan salir adelante en sus vidas.

El psicólogo familiar del Programa de Acogida de Familias Especializadas, Óscar Contreras, apunta a la necesidad de mejorar el trato hacia los niños, pero también entre los mismos trabajadores para sacar adelante el Sename.

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Sename, la Lucha Recién Comienza

Hace ya más de cinco años, distintos movimientos sociales han estado hipotecando su vida familiar para centrarse en cambiar el actual sistema de protección a la niñez, sistema que sencillamente está obsoleto, no cumple ni cumplirá con estándares internacionales que permitan dar real protección integral a los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Muchos de estos activistas civiles se han motivado por experiencias propias, y otros por encontrar inaceptable la posición inerte de los distintos gobiernos a través de los años ante tantas denuncias que iban apareciendo. Sin embargo, pese a existir vulneraciones a los NNA, no había cobertura mediática que les permitiera informar las condiciones en que vivían cientos de niños institucionalizados, castigados por la pobreza y discriminados por un actor que está pasando casi desapercibido: el Poder Judicial.

No fue sino hasta la muerte de Lissette Villa en que estos niños aparecieron (¡existían!) ante la mirada atónita de toda una sociedad adormecida. Este hecho abrió un submundo comandado por algunas inescrupulosas fundaciones que han forjado su patrimonio a costa del sufrimiento de los NNA, y aparecieron aberrantes palabras para referirse a ellos: oferta, demanda, número. Pero también destacaron otras que sin duda intentan hacer bien su trabajo.

Niños y niñas que eran y son castigados con informes psicosociales llenos de juicios de valor, que posteriormente son vistos por jueces de familia como verdaderas pericias absolutistas de toda verdad que los vuelve incuestionables.

Informes que marcan un antes y un después en la vida de un niño, el que muchas veces sin siquiera conocer la palabra maldad, es enviado a un centro de internación para supuestamente protegerlo de supuestas vulneraciones a sus derechos, vulneraciones que en más de una ocasión, solo se encuentran en la interpretación del profesional encargado de formular el informe del cual dependerá la vida futura de una hija, hermano, sobrina, prima, nieto de alguien. Por esto es que pido a los jueces tener un poco más de cuidado al resolver, pues esas decisiones están basadas en informes que no son 100% efectivos.

Los resultados del informe Jeldres fueron lapidarios y describían graves vulneraciones en todo el sistema Sename. Lo más triste es que intentaron esconderlo.

Pese a ello, me nace preguntar: ¿qué ha pasado con las bases de datos del Informe Jeldres?, ¿por qué no se hace seguimiento de cada niño que en ella aparece y se verifica el nivel de riesgo que enfrentan?

Es hora que la Corte transparente la información y se cruce con los datos actuales. Dicho informe que, a pesar de su crudeza, tuvo cientos de cuestionamientos que nacieron incluso desde el interior del Poder Judicial, del Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia, poniendo en duda su veracidad y el protocolo de medición aplicado. Esto provocó que se levantara una acusación constitucional que no prosperó en contra del Ministro Héctor Carreño, acusación que fue rechazada por los mismos legislativos que hoy rasgan vestiduras con el tema infancia.

Posteriormente llegó el informe del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), bajo la dirección de Branislav Marelic, único director que se arriesgó a investigar la realidad del Sename, y que vino a ratificar lo del Informe Jeldres. Sin embargo, a pesar de un buen trabajo, Marelic fue destituido de forma irregular.

Después vinieron comisiones parlamentarias, la más conocida ha sido la Comisión Investigadora Sename II, y aunque pasó sin pena ni gloria, sí sería un punto de quiebre que levantaría a todo un país para decir basta.

Ahora nos encontramos con un informe creado bajo estricta reserva por observadores de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Y este viene a avalar lo ya relatado y sabido, corroborando que los derechos de NNA han sido gravemente vulnerados en democracia, y que al parecer al Estado esto sencillamente no le importaba.

Pero lo paradójico es que este informe no dista en nada con los dos antes mencionados, pero acá no existe cuestionamiento alguno sobre él. Incluso muchos legisladores han decidido guardar silencio, y otros decidieron otorgar un aumento del 25% en la subvención a los principales responsables de estos abusos cometidos. Se puede ver en sus redes sociales cómo intentan mostrar la imagen de próceres de la batalla por los derechos de los niños.

El ministro Hernán Larraín, en la comisión de familia realizada hace pocos días, intentó grotescamente bajarle el perfil a lo constatado por la ONU:

“Sí es efectivo que hubo vulneraciones, pero sistemáticas no, si una que otra, casos puntuales que hemos conocido, pero jamás vulneraciones sistemáticas”.

Entonces, ¿miente la ONU y el INDH? ¿Mintió el Informe Jeldres? Y, nosotros, las víctimas, ¿también mentimos?

Por un deber moral con su cargo, el ministro debería renunciar. No es posible que, habiendo estadísticas, informes, testimonios, pruebas, investigaciones penales en procesos y sentencias, el señor ministro Hernán Larraín hable con tanta liviandad normalizando la tortura, malos tratos, violaciones, muertes y abusos de niños, e intente a su vez ponerle paños fríos a la situación que se prolonga ya por décadas.

El Estado tiene la obligación como ente garante de derechos de tomar medidas inmediatas y, a la fecha, no lo ha hecho, salvo ordenar el cierre del Cread Playa Ancha, que ya estaba decretado.

Se creó una mesa de trabajo por la infancia por parte del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, lo que para nosotros abrió una inmensa oportunidad para aportar. Sin duda que fue un gran paso dado, pero al ver a sus integrantes se derrumbaron todas nuestras esperanzas de que de verdad exista una loable intención de mejorar la realidad de la infancia en Chile.

La mesa de trabajo estaba conformada, en su gran mayoría, por los mismos Organismos Colaboradores del Estado (OCAS), y la sociedad civil de verdad, la auto gestionada, ni siquiera fue invitada, por tanto, es allí donde me cabe preguntar: ¿hasta qué punto los niños son primero?

Y este fin de semana, el Presidente Piñera anunció que presentará el proyecto de ley para eliminar el Sename y transformarlo en dos instituciones. Ante esto, nos preocupa como sociedad civil que al estar segregados, los niños del Servicio de Reinserción Juvenil sean criminalizados y no accedan a los mismos derechos, oportunidades y reparación que los del Servicio de Protección. Y no está demás reafirmar que los primeros, los infractores de ley, son niños igualmente vulnerados, y se requiere un marco que garantice efectivamente sus derechos, incluso con mayor intensidad.  Es muy relevante poder trabajar con sus familias, garantizando los espacios para la reunificación.

Tengo la certeza que nuestra lucha por reivindicar los derechos de niños, niñas y adolescentes de Chile, está realmente, recién comenzando.

 

El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.

Seguir Siendo Niños toda la Vida

Suena como una frase que todos quisiéramos para nosotros mismos. ¿Quién no quisiera seguir siempre siendo niño, o al menos tener alma de niño para seguir jugando toda su vida? El problema es que algunos son mantenidos como niños porque son dejados todas sus vidas en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Esta es una triste realidad que muestra el más duro de los abandonos que tenemos en nuestra sociedad, y se da transversalmente en todos los barrios y estratos sociales.

Hoy existe otro dolor profundo con los niños con discapacidad severa que son abandonados a la suerte y protección del Sename. A las ya conocidas deficiencias que tiene este servicio que está por extinguirse, es importante mirar con esmero especialmente a un grupo súper vulnerable que requiere más atención que cualquier otro. Estos son los niños que nacieron o llegaron a tener, debido a algún accidente en sus primeros días de vida, una importante discapacidad no solo mental sino, en la mayoría de las veces, física, y que requieren de cuidados permanentes 24/7, y de medicamentos y suplementos alimenticios muy costosos durante el resto de sus días. Estos niños especiales terminan institucionalizados en hogares y nunca más regresan con sus familias y, peor aún, cuando cumplen dieciocho años, además de seguir siendo invisibilizados en el sistema, son infantilizados al seguir estando bajo el amparo del Servicio Nacional de Menores. Actualmente los adultos en el Sename representan cerca del 15% del total de sus residentes, e incluso algunos hoy tienen más de 70 años.

Hay muchas familias que no pueden hacerse cargo de estos niños, algunas por no contar con las habilidades parentales necesarias, otras por maltrato debido a las drogas, alcohol o delitos, otras por vulnerabilidad social al tener que afrontar altos costos en su mantención, y que son entregados a hogares del Sename, donde sabemos que el Estado ha sido denunciado ante las Naciones Unidas por negligencia y abandono con la niñez.

Existen varias dimensiones donde el Estado y el Poder Judicial deben cambiar su enfoque, como la aprobación urgente de una ley de protección integral de la infancia, la promoción de sus derechos estableciendo programas que detecten prontamente cualquier vulneración, la prestación de asistencia apropiada a las familias en el cumplimiento de sus obligaciones parentales con el fin de reducir la necesidad de cuidados alternativos, la desjudicialización del sistema de protección, el fortalecimiento del papel del Defensor de la Niñez, entre otras.

A las anteriores recomendaciones que hace el organismo internacional, se suma el necesario y urgente aumento de la subvención a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) que albergan cerca del 95% de todos los residentes del sistema del país, para permitir mejorar la calidad del servicio que entregan perfeccionando la infraestructura de los hogares y la calificación de sus trabajadores, y poder disminuir el enorme déficit que tienen respecto a los gastos actuales. En promedio una residencia gasta mensualmente unos $750.000 por residente, y la subvención promedio actual recién acaba de subir en el  2018 de $260.000 a $320.000, lo cual implica cubrir sólo un 42% en el financiamiento de estos hogares.

Por otro lado, los hogares que reciben a estos niños especiales con discapacidades severas gastan hasta $1.300.000 mensuales, con lo que con el aumento de enero pasado, el financiamiento recién cubre un 25% de sus gastos. Esto está aún muy lejos de cubrir el mínimo que permitiría proyectar en el tiempo la operación de estos hogares.

La caridad nos hace bien a las personas y el involucramiento de los privados es bienvenida, pero esta debe estar dirigida hacia intervenciones específicas para mejorar la calidad de vida de estos niños y no a cubrir los gastos mínimos de techo, comida, y salud, los cuales deben ser una garantía y un derecho humano.

Ojalá que aprendamos a entender el valor de estas personas maravillosas que nos humanizan y nos enseñan, y no las sigamos abandonando. El Estado debe hacer su parte y los privados debemos hacer la nuestra.

El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.

Defensora de la Niñez recibe Agenda Ciudadana de Prioridades sobre Infancia

Frente a más de treinta representantes de la sociedad civil, Base Pública facilitó un diálogo horizontal con la primera defensora Patricia Muñoz, para hacerle entrega formal de los resultados de la co-construcción de una agenda sobre temas prioritarios realizada a mediados de abril.

Descarga el documento AQUÍ 

En respuesta a esta agenda, Muñoz primero hizo una reflexión sobre la situación general de derechos humanos de la infancia chilena, resaltando la deuda del Estado en esta materia. “Llama la atención que no haya habido instancias como esta (la Defensoría). La falta de rigurosidad en esta materia era algo que siempre me llamaba la atención. El INDH, recién hace dos años empezó a visitar el Sename”.

El eje central de la política de la primera Defensora de la Niñez, según lo indicó a lo largo del evento, girará en torno a un cambio paradigmático en el que se reconozcan a los niños, niñas y adolescentes (NNA) como sujetos de derecho, y en ese sentido se construyan políticas enfocadas en ellos. “Es imprescindible que cuando hablemos de los NNA como sujetos de derechos, tengamos  presente que es el interés del niño, no del adulto. Tenemos que trascender el adultocentrismo”.

En este contexto, considerando que uno de los temas abordados en el documento de la sociedad civil tiene que ver con una Ley de Garantías y un Sistema de Protección Integral, para Muñoz, su primera tarea será darle impulso a estas temáticas. “Hemos fallado nuevamente al no ser capaces de crearla . Esta ley (de Garantías) tiene que avanzar ya, haciendo las adecuaciones y eco de todas las necesidades que están puestas en la infancia. Mi exigencia al Ejecutivo será que le ponga urgencia”, afirmó.

Independencia del cargo y protección a la familia: dos temas claves

Dentro de las seis propuestas de la sociedad civil, otros dos puntos resultaron importantes en la co-creación de la Agenda en Base Pública:  uno de ellos fue la independencia del cargo, que fue foco de interés para la opinión pública, y frente a esta inquietud colectiva, Muñoz aseguró probidad. “No tengo temor a fiscalizar. Estos cargos no se ejercen desde el miedo. Cuando postulé, lo hice con la convicción de poder ejercerlo libremente. Acá no hay ninguna posibilidad de que haya presión. Yo ejerzo mi rol como ha sido siempre: con la tranquilidad de que detrás está mi trabajo, formación y el compromiso”, sentenció.

El segundo punto surgió in situ el 18 de abril cuando se co-construyó la #AgendaUrgenteNiñez, y cristalizó en una sexta mesa: Protección integral de la familia. Esto, de cara a comprender que la garantía de derechos de la infancia es un complejo engranaje en cuanto a todos los agentes involucrados, siendo la familia el primer círculo de socialización de los NNA y por consiguiente el lugar que debe ser resguardado y apoyado, un foco importante que atender.

Así, Muñoz resaltó su concepto de familia considerando la evolución de la conformación clásica, y desde allí explicó que “el Estado tampoco ha sido capaz de brindar el apoyo a las familias para poder generar parentalidad positiva y crianza amorosa. Si tú, como Estado, no entregas herramientas a las personas que se vinculan con los niños, es muy difícil que tú puedas exigir un comportamiento de resguardo y protección. Tenemos que hacernos cargo de la necesidad de saber qué está pasando con esos niños que no se están vinculando”, manifestó.

Entre otros puntos, la Defensora también abordó la creación de un cuerpo consultivo constituido por NNA “que me permita escuchar sus necesidades y requerimientos”;  el establecimiento de una agenda transparente; la necesidad de trabajar con la sociedad civil “como requisito imprescindible, porque si yo no tengo esa capacidad de integrar esas concepciones es muy difícil que pueda manejar políticas públicas acorde a las necesidades sociales”; la creación de “estándares de formación y exigencia profesional para quienes intervienen en la infancia. O hacemos las cosas bien o no las hagamos. En infancia no es tolerable”

Muñoz concluyó resaltando la importancia de fortalecer la institucionalidad: “Las personas pasamos, pero las instituciones quedan”.

El documento que contempla las propuestas de la sociedad civil entregada a la primera Defensora de la Niñez, puedes descargarlo AQUÍ

La Elección del Defensor

Un acierto en materia de promoción, protección y difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile simboliza la designación del primer Defensor de los Derechos de la Niñez que tendrá nuestra institucionalidad en los próximos meses. La noticia se constituye en un importante paso que podría conducirnos a la ansiada reforma estructural que busca instalar en Chile un sistema integral de garantías de derechos. Una deuda histórica de nuestra Política Nacional de Infancia que, en estricto orden lógico, debiera haber antecedido la creación del defensor propiamente tal.

El carácter autónomo, independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio de este organismo debería garantizar un trabajo acucioso, de seguimiento permanente, mirada técnica, fiscalización y acompañamiento a los temas relevantes en materia de infancia. Desafíos de base que solo tendrán buen resultado en la medida que quién lidere dicha entidad posea un perfil amplio, destacando su capacidad para establecer vínculos de manera transversal con diferentes actores del mundo político y sociedad civil, una amplia experiencia técnica en el desarrollo de políticas públicas y reformas legales, además de un prestigio profesional dentro y fuera de Chile. El o la futuro Defensor/a tendrá también el reto de asegurar el desarrollo pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes que han enfrentado situaciones de vulnerabilidad y que no sólo están insertos en centros del Sename. Estar en todos los ámbitos de acción con celeridad y oportunidad se convierte en una pieza clave de su gestión.

 La relevancia de escoger a la persona más idónea para el cargo es una preocupación para muchas instituciones que trabajan en el ámbito de la infancia, ya que su particular mirada sentará las bases del funcionamiento, características particulares y los énfasis que dicha institución tendrá. En este contexto resulta relevante que esta persona genere cercanía y adhesión, tenga ojalá un perfil neutro desde lo político y liderazgo en el modo de propiciar espacios de conversación, mirada plural, capacidad para enfrentar dificultades y construir nuevas propuestas. Una persona que no se quede solo en la polémica, sino que primordialmente tenga vocación de promover grandes acuerdos y consensos de manera permanente y participativa.

 Como parte de las instituciones de la sociedad civil afines en la materia tenemos también el interesante desafío de sumarnos a este trabajo de manera activa, poniendo al servicio de esta entidad experiencias y buenas prácticas que contribuyan a la construcción de una política que permita dar pasos concretos para resguardar de manera eficaz la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes.Tenemos el deber de trabajar con otros, de compartir miradas e interpelarnos permanentemente en el ejercicio de nuestro trabajo. Estamos convocados a ser generosos y a trabajar de una manera diferente para asegurar un trabajo de calidad y excelencia. En Fundación Pléyades continuaremos trabajando bajo esta mirada, con un especial énfasis en aquellos niños que han sido vulnerados en su derecho a vivir en familia y en un ambiente de buen cuidado o están en riesgo de enfrentar esta situación por diferentes razones. Nuestro foco estará centrado siempre en ellos. 

El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.

Acuerdo por la Infancia

Es valorable que una de las prioridades del Gobierno del Presidente Piñera sea resolver la crisis del Sistema de Protección, no sólo implementando un conjunto de medidas sino invitando a un “Acuerdo por la Infancia”.

En efecto, el llamado a participar en el proceso debe traducirse, tanto en un espacio de diálogo como en ámbitos específicos de acción en que actores de la sociedad civil podamos contribuir adecuadamente a la implementación de las estrategias y acciones  que se definan. De allí que una de las medidas altamente valoradas, como es el sistema de alerta preventiva, dependa fuertemente de la capacidad de convocar y fortalecer las redes locales de infancia y a los actores públicos y privados del territorio que pueden contribuir a mitigar factores de riesgos y fortalecer factores protectores desde la comunidad y la familia. Asimismo, significa poder generar plataformas de información articulada y actualizable a fin de ser información que sirva oportunamente a la toma de decisiones. 

Otra de las medidas anunciadas es la creación de dos nuevos servicios especializados que pasarán a reemplazar a Sename. Es indudable que la especialización es positiva, sin embargo,  no basta con dividir el organismo: se requiere que tanto los niños en protección y reinserción cuenten con los dispositivos adecuados para garantizar derechos y prestaciones necesarias. A veces olvidamos que unos y otros son niños con un mismo origen, que comparten factores de riesgos y vulnerabilidad y viven en entornos donde las herramientas para su desarrollo positivo escasean.

Por esta razón es fundamental establecer, sin lugar a equívocos, la modalidad con que va a operar la articulación intersectorial y la potestad efectiva para dar cumplimiento a los deberes del Estado con todos los niños. Es conveniente que para proceder en forma con la creación de los nuevos servicios se analice en profundidad  los alcances  y limitaciones de la protección administrativa y la jurisdicción cautelar en el sistema de protección.

Finalmente, es conveniente que más allá de pensar en la necesidad de aumentar la subvención se ponga foco en los objetivos que queremos lograr y los incentivos necesarios para mover la gestión de las colaboradoras hacia ello. Parece adecuado abordar el tema del  financiamiento de los colaboradores de manera integral, orientándose a resultados y no solo a coberturas y estándares de infraestructura y procesos. De esta forma es necesario apuntar a definir objetivos de intervención, establecer métricas y pagar según el cumplimiento de dichos objetivos.  

Esperamos que la fase de implementación cuente con el apoyo de una unidad especializada que monitoree y  reporte permanentemente cada etapa con la capacidad de observar alcances, tanto nacionales como locales.

Comprometemos nuestra voluntad, apoyo, equipos y esfuerzos para impulsar este acuerdo que repara y da nuevas esperanzas por un futuro mejor para cada uno de nuestros hijos.

El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.