opinión

Tecnología al servicio del acceso a la justicia

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Como todas las esferas afectadas por la pandemia, el sistema de justicia en Chile ha ido explorando e innovando en sus políticas y procedimientos a modo de continuar con sus operaciones sin poner en riesgo la salud de las personas y evitando lo más posible los efectos de esta crisis sobre sus necesidades y demandas legales, muchas veces trascendentales para su calidad de vida y bienestar mental.  

Así es que en marzo el Congreso aprobó un régimen jurídico de excepción a implementar durante el Estado de Catástrofe, que permite suspender las audiencias, las actuaciones judiciales y los plazos, solo con excepción de aquellas cuestiones que son de intervención urgente como casos de violencia intrafamiliar o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, al mismo tiempo estableció facilidades para la utilización de medios remotos para la realización de audiencias y posteriormente a la par han surgido nuevas iniciativas en este ámbito, como un Juzgado Civil que realizó el primer remate virtual en la historia de tribunales.

De esa forma ha habido una apertura inédita y prometedora dentro de una cultura tradicionalmente rígida y ritualista, que de a poco ha ido flexibilizándose sobre todo desde la reforma procesal penal cuando los expedientes escritos quedaron atrás en esta materia. Con la pandemia, el sistema se ha abierto aún más a  mecanismos que faciliten la labor de tribunales y las condiciones para todos los involucrados en un proceso; abogados, partes y testigos, sin embargo ello no exento de un necesario debate. ¿Cómo se resguardan a distancia los principios rectores del derecho? ¿Se pueden respetar las garantías básicas del debido proceso? ¿Qué ocurre con el principio de inmediación, relacionado a la vinculación que se da entre un juez, las partes y los elementos en un juicio presencial? entre otras grandes interrogantes.

Si bien son respuestas que hoy no tenemos en su totalidad y que son altamente complejas, esta apertura del sistema está asomando oportunidades concretas para fomentar un mayor acceso a la justicia y la modernización del sistema. Esta nueva dimensión virtual en justicia permite acortar distancias físicas, ayudando a las partes a prescindir de tiempos muchas veces desaprovechados y también a ahorrar recursos económicos, lo cual beneficia sobre todo a las personas más vulnerables. Tomar una audiencia virtual exime a una persona de escasos recursos de tener que pedir el día en su trabajo para asistir a tribunales y a quien vive en otra región de trasladarse a Santiago y costear además el traslado de su defensa. Asimismo,  elimina la distancia que tiene un abogado/a de otra región para alegar un caso en la Excelentísima Corte Suprema, el cual puede, por lo demás, ser suspendido ese mismo día. 

En otro punto, la audiencia virtual también podría aportar a dar mayor protección física y psicológica a víctimas, testigos y/o a quienes son parte en un juicio, sobre todo en causas de alta sensibilidad. Cuando  los episodios de violencia intrafamiliar o abuso sexual llegan a tribunales usualmente la víctima deberá, con todo su temor a cuestas, encontrarse y encarar a quien cometió un acto doloroso y perturbador una y otra vez en su contra. En algunos casos, las ofensas y peleas que ocurren dentro de la audiencia se trasladan también a las afueras de los tribunales lo cual también podría evitarse virtualmente. Sabemos que no es llegar y grabar un testimonio, pero creemos que son alternativas de asistencia virtual  que podrían ser revisadas con más detención y perfeccionadas con miras no sólo a una debida entrega de justicia sino en atención a problemas tan importantes como la revictimización en el sistema  de justicia.

La pandemia nos muestra que hay muchos elementos que podemos rescatar y discutir sin desechar a priori, sin perjuicio de que aquellos que sean acogidos a la vuelta de la pandemia requerirán de los cambios legislativos que le permitan perfeccionarse y consolidarse dentro del sistema de  justicia. Este nuevo paradigma deberá ir también de la mano de nuevas políticas de acceso a las tecnologías, permitiendo por ejemplo que si una parte del caso no tiene acceso estable a internet pueda conectarse a una audiencia al interior de entidades públicas designadas por los mismos tribunales. 

La oportunidad que tenemos enfrente es poner la tecnología a nuestro favor cuando sea una alternativa segura, facilitando la “vida judicial” y garantizando que las condiciones generales de juzgamiento sean justas y se haya permitido a las partes presentar de forma razonable e íntegra su defensa. De esa forma, el acceso a la justicia tendrá menores trabas en su camino, sobre todo beneficiando a las personas más vulnerables en este ámbito de su vida. 

Tal como ya sabemos, el país no volverá a ser el mismo después de esta pandemia.

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