opinión

Ya no habrá Acuerdo con la Injusticia

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Hace pocos días nos enteramos de un acuerdo de cooperación que el Ministerio Público, a través de su Fiscal Nacional, firmó con el secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos. Esto deja un manto de dudas concerniente al real interés de la iglesia católica chilena en favor del esclarecimiento de la verdad en las investigaciones por abusos sexuales de los que están acusados decenas de clérigos. Una verdad que hasta aquí ha tenido que ser arrancada por la fuerza jurídica, misma que ellos intentan transar al mejor postor.

Es sorprendente como el ente persecutor ha accedido a firmar un acuerdo de cooperación con quienes están siendo investigados por encubrimiento de abusos sexuales y, sin embargo, no ha sido capaz de realizar un acuerdo de apoyo en el esclarecimiento y búsqueda de justicia para nosotros las víctimas.

Ni uno solo de nosotros fue invitado por el fiscal Abbott o por el mismísimo obispo a ser parte de la redacción de este acuerdo. Esto deja claro que no es más que una forma clara y potente de marcar espacio y superioridad ante quienes fuimos abusados sexualmente en nuestra infancia. Pareciera una señal de amedrentamiento por ambas partes, la encargada de perseguir el delito y el delincuente perseguido.

¿Habrá leído el Fiscal nacional Antes de firmar un acuerdo, las declaraciones de defensa férrea que espetó el Obispo Aós defendiendo el secreto de confesión, amparándose en éste, para continuar con el silencio sepulcral que ha condenado a cientos de víctimas?

Mientras tanto en el Congreso Nacional avanza el único haz de luz para cambiar el sistema que por décadas ha favorecido a abusadores escurridizos como los de la iglesia. La imprescriptibilidad de una vez por todas permitiría enjuiciar al abusador, sin importar el tiempo que se encuentre escondido, y la ley tendrá despejado ese obstáculo para hacer sentir su peso.

Me da la impresión que el accionar de la iglesia, al buscar este malogrado acuerdo, no era más que una señal de amedrentamiento hacia las víctimas. Explicitando la influencia que eran capaces de ejercer con la fiscalía, quisieron decir que estaban por encima de la ley. Y casi logran su objetivo.

El mismísimo Ministro de Justicia Hernán Larraín advirtió que intervendrían el acuerdo, en vez de exigir dejarlo sin efecto. Aquello fue un duro golpe para mí como víctima que un secretario de Estado amparase el abuso, y defendiera de cierto modo a la iglesia. No obstante, al recordar la macabra historia de Colonia Dignidad, no demoré en encontrar que en su momento, el mismo Larraín fue un férreo defensor de Paul Schäeffer, Condenado por abusos sexuales de 26 niños, además de torturas en dictadura.

¿Puede así una víctima confiar en el sistema judicial y en las instituciones de la República?

Resulta incomprensible como, una vez más, la iglesia católica intentó usar artimañas de dilación para lograr blindarse y así no ser asediada ni perseguida, disfrazando su silencio con una dudosa cooperación. Es sabido, jurídicamente hablando, que quien no es interviniente en una causa, no puede tener acceso a información referente a una determinada investigación. Entonces ¿Cómo es posible que el denunciado exija información respecto a las investigaciones si éste no es parte en los procesos? ¿Será que quiere ir un paso a delante del denunciante y buscar estrategias de defensa?

Esto sin duda fractura la confianza que muchos denunciantes tuvieron de nuestro sistema judicial. Haber mantenido este acuerdo, habría significado para las víctimas una evidente falta al debido proceso. Los victimarios, amparados en la fe y el acuerdo, hubiesen recibido salidas alternativas quedando una vez más sin ningún castigo.

Con la revocación del convenio por parte del Fiscal Nacional Jorge Abbott, tras recibir y escuchar a algunas víctimas, la iglesia ha recibido una gran derrota. Si realmente tienen capacidad de reflexión entenderán que la buena fe de toda una sociedad no puede ser atropellada, y que ya es hora de pensar distinto a los militares respecto al esclarecimiento de la verdad. Y también que aquel delictual pacto de silencio, aquel que ha mantenido ocultos a los abusadores, debe terminar.

Este acuerdo intentó mermar nuestro derecho a recibir una reparación, a través de un proceso jurídico limpio y transparente.

¿Cómo la fiscalía negoció con quienes investiga?

Es realmente preocupante el intento de instalar este convenio, el cual solo venía a doblegar a nuestra justicia, aquella de la que muchos de nosotros estamos lejos de conseguir, dada la falta de cooperación en la que la iglesia constantemente cae.

A través del rompimiento de este acuerdo, que firmaron también los schoenstattianos, quienes mantuvieron hasta último minuto escondido a Francisco José Cox, a pesar de tener conocimiento de las aberraciones contra niños que practicó durante décadas, vislumbramos que el tiempo de dominación, de manipulación de conciencia, les está llegando a su fin. Que el tiempo de vanagloriarse de sus influencias, está por terminar. Negaron hasta último minuto las acusaciones contra del ex arzobispo y se resistieron a investigar.

Esta iglesia desesperada ya está en una agonía, incapaz de asumir su responsabilidad, y aun así insiste en lacerar y burlarse públicamente de nosotros, las víctimas.

Nos hicieron tan fuertes que somos capaces de enfrentar nuestros propios miedos para conseguir justicia. Tal pareciera que nosotros, las víctimas, seguimos obligados a exponernos públicamente con tal de conseguir justicia, mientras que nuestro depredador sexual, por el solo hecho de vestir sotana, cuenta con protección absoluta. Y además lo avala la prescripción legal por la que, al cumplir tiempo escondido por parte de la iglesia, consigue la impune libertad.

¿Qué hay del daño sicológico? Fue necesario recordarle al fiscal Jorge Abbott que al momento del abuso nuestra edad no superaba los 10 años.

Agradezco a James Hamilton, Juan Carlos Cruz, José Murillo, Helmut Kramer, Silvana Bórquez y Jaime Concha, porque a pesar de lo paradójico, lograron ejercer la presión suficiente para que la ya alicaída Fiscalía echara pies atrás en mantener este convenio, ¿Por qué paradójico?

Porque es sabido que, por el tiempo transcurrido, la justicia nunca llegará, y aun así estas valientes víctimas se mantienen estoicos para que cada niño, niña y adolecente de nuestro país, ya no estén desamparados.

Nunca dejará de ser inexplicable que se deba firmar un acuerdo con delincuentes sexuales, obstructores de justicia, para lograr conseguir cooperación. Más dudas surgen al enterarnos que el fiscal Arias, días antes de la firma del acuerdo, informó al mismo Jorge Abbott de las formalizaciones que se acercaban en contra de sacerdotes acusados de abusos. Nuestro mundo pareciera ir al revés y nuestro sistema judicial que tantas garantías dice respetar, va de mal en peor.

Desde hoy la tarea más difícil es la que se le avecina al Fiscal Nacional: recuperar la confianza perdida de todo un país, incluyendo las demás instituciones de la República, pues hizo un pacto faltando a la buena fe de todos los ciudadanos que creíamos en ella, intentando llegar a un acuerdo  de justicia con la misma injusticia.

  1. de la R.: En 2018 La Congregación para la Doctina de la Fe anunció la dimisión del estado clerical de Francisco José Cox. El 19 de febrero de 2019 se realizó una audiencia en la que se determinó que el caso será investigado por el sistema penal antiguo. Hoy Cox se mantiene en un domicilio particular en Santiago a la espera de ser citado por el juez del crimen Christian Le Cerf Raby.

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la escribe y no representa necesariamente la postura de la fundación Base Pública.

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